La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que la compañía Urbagestión no tendrá margen para "especular" con la vivienda de Maricarmen tras su muerte, amparándose en el Real Decreto-ley de medidas en materia de vivienda que entra en vigor este mismo día.
En una entrevista en la emisora catalana Món Rac1, recogida por Europa Press, la responsable de Vivienda ha trasladado sus condolencias a los allegados de Maricarmen, la mujer desahuciada hace un par de semanas de su piso de alquiler en Madrid, propiedad de Urbagestión.
Rodríguez ha recalcado que, en una democracia y en un Estado del Bienestar, la afectada debía haber podido permanecer en su hogar y fallecer en su cama, tras el "dramático" episodio en el que tuvo que abandonar la casa en camilla para ser trasladada a un centro hospitalario.
En este contexto, la ministra ha reflexionado sobre la relevancia del caso, apuntando que Maricarmen puede convertirse, en materia de derecho a la vivienda, en un referente similar al de Ramón Sampedro para el derecho a una muerte digna o al de Ana Orantes en la lucha contra la violencia machista.
Al mismo tiempo, ha pedido rebajar la polarización y frenar la deshumanización que, a su juicio, se está generando en el terreno político, mediático y social en torno a la situación de Maricarmen.
Respecto a la titularidad del piso, Rodríguez ha reprochado a Urbagestión que no aceptara desde el inicio que la inquilina pudiera pasar en esa vivienda los últimos años de su vida, pese a los intentos de mediación del Sindicato de Inquilinas, de la iniciativa estatal Casa 47 e incluso de la intervención de artistas a título individual.
La ministra ha calificado de "gula y carroñismo" la conducta de la empresa y ha incidido en que, aunque Urbagestión se presente como una pyme, "son tan buitres como los grandes fondos" que compran viviendas a bajo precio para desahuciar y destinarlas posteriormente al alquiler turístico, de temporada o a contratos más elevados.
No obstante, ha subrayado que, con la normativa que entra hoy en vigor, ya no podrán especular con ese piso, dado que "ningún fondo buitre podrá desahuciar a personas vulnerables" y, además, se bloquea la compra de inmuebles con fines especulativos hasta el año 2030.
El decreto también obliga a que ayuntamientos y servicios sociales emitan los informes de vulnerabilidad que reclaman los jueces y contempla mecanismos de pago automático de rentas por parte de las administraciones a pequeños propietarios que sufran impagos de alquiler de inquilinos vulnerables.
Medidas del decreto y ayudas a la primera vivienda
En el ámbito regulatorio, Rodríguez ha detallado las principales medidas incluidas en el Real Decreto-ley que entra en vigor y que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
La ministra ha resaltado que los inquilinos dispondrán de "años de tranquilidad" gracias a la prórroga de sus contratos, además de acceder a incentivos fiscales para rentas de entre 40.000 y 45.000 euros, con bases deducibles de hasta 30.000 euros, lo que equivaldrá, según la Agencia Tributaria, al ahorro aproximado de una mensualidad.
En cuanto a la evolución de las rentas, ha recordado que la norma fija en el 0% la subida anual del alquiler con carácter general, permitiendo solo un incremento máximo del 2% si los precios se sitúan por debajo del umbral establecido por el Ministerio.
Sobre los contratos de temporada, ha destacado que se homogeneiza la regulación a nivel estatal para exigir la acreditación de una causa temporal concreta, como estudios o desplazamientos laborales, y perseguir el fraude que se venía produciendo de forma abierta en distintas plataformas.
En lo relativo a la compra de vivienda, la ministra ha reiterado que el Gobierno prevé poner en marcha garantías de hasta 50.000 euros para facilitar la adquisición del primer inmueble a jóvenes y familias.
Esta ayuda se orientará, ha avanzado, a rentas medias de hasta 40.000 ó 45.000 euros, cubriendo hasta un 20% del valor total de la vivienda para completar la parte que no financia la hipoteca. Fuentes del Ministerio de Vivienda han puntualizado a Europa Press que los requisitos de renta para acceder a este apoyo a la primera vivienda aún no están completamente definidos.
Rodríguez ha insistido en que las dificultades de acceso a la vivienda no afectan solo a colectivos en exclusión social, sino también a personas con empleo que carecen del ahorro suficiente para dar el salto a la compra.
Por último, al ser preguntada por la gestión de los activos de la Sareb y la contratación de servicios públicos con filiales de fondos como Blackstone, Rodríguez ha aclarado que la Sareb está en fase de disolución y necesita asistencia técnica que se adjudica mediante procesos de licitación pública.
En esta línea, la ministra ha descrito la Sareb como "la herencia más envenenada" del Partido Popular y ha reivindicado los avances del actual Ejecutivo a través de herramientas públicas como Casa 47 y el aumento del presupuesto estatal destinado a vivienda.