Las amistades peligrosas: el respaldo de las "fuentes del Gobierno" tampoco salva al presidente de Adif

Las "fuentes del Gobierno" vuelven a acertar, pero al revés. El martes descartaron la dimisión de Puente y el cese del presidente de Adif. El ministro se marchó aquella noche y ahora cae Pedro Marco de la Peña. Leídas después, aquellas garantías de continuidad parecen un anticipo de las salidas: bastaba con invertir el pronóstico, como adelantó DEMÓCRATA

El Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña. Jesús Hellín - Europa Press

El Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Adif-Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña. Jesús Hellín - Europa Press

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El cese del presidente de Adif completa la rectificación de las garantías de continuidad que fuentes del Gobierno trasladaron antes de la dimisión de Óscar Puente. Carlos Cuerpo releva a Pedro Marco de la Peña y abre otra etapa en la gestión de la crisis ferroviaria. La incógnita que deja la secuencia es cuánto sabían quienes descartaban las salidas y por qué las presentaron como imposibles.

Al presidente de Adif tampoco lo iban a cesar. Esa era una de las garantías que fuentes del Gobierno trasladaron el martes, junto a la continuidad de Óscar Puente en Transportes y al frente de la candidatura socialista por Valladolid. El ministro anunció su dimisión aquella noche.

La información que pretendía cerrar la discusión sobre las responsabilidades políticas acaba convertida en el registro de dos decisiones que el Ejecutivo descartaba. Primero salió el ministro. Después, el responsable de la empresa pública que administra la infraestructura ferroviaria.

DEMÓCRATA reparó en esa segunda garantía antes de que se conociera el desenlace: si la continuidad de Puente había durado tan poco, el presidente de Adif tenía motivos para tentarse la ropa. Era una lectura de la fragilidad de aquel respaldo, no información sobre un cese decidido.

La llegada de Carlos Cuerpo ha cambiado quién toma las decisiones en Transportes. También obliga al Gobierno a explicar qué ha cambiado para que un relevo que no estaba sobre la mesa termine siendo una de las respuestas a la crisis.

Una garantía con dos nombres

El mensaje del martes era concreto, a "fuentes del Gobierno" y filtrado a distintos medios: Puente no dimitiría, Pedro Sánchez no lo cesaría y el PSOE mantendría su candidatura por Valladolid. En la misma información se añadía que tampoco estaba sobre la mesa destituir al presidente de Adif.

No se comunicaba únicamente confianza en la gestión del ministro. Se anticipaba su conducta y se descartaba una decisión sobre otro alto cargo. El argumento que acompañaba aquellas certezas era que asumir responsabilidades exigía permanecer al frente, atender a los afectados y recuperar la confianza en el ferrocarril. Cuando Puente anunció su renuncia, la salida pasó a presentarse como un ejercicio de dignidad y responsabilidad política.

Ambas decisiones pueden encontrar una explicación. Pero el Gobierno -o, al menos "sus fuentes- deben dar cuenta del cambio, especialmente después de haber defendido con tanta rotundidad que la primera era la adecuada.

Solivianto en los corrillos

El asunto de dirimir las responsabilidades políticas tras la segunda tragedia en la alta velocidad de un año no revestía de mucha dificultad política al lado del enorme drama humano: cesar de inmediato al ministro y a quien estuvera al frente del operador de las infraestructuras, es deicr, Adif. Sin embargo, de nuevo la 'reflexión'. Durante varios días mientras se daban explicaciones y se atendia a las víctimas no había asunción de responsabilidades. ¿La explicación? Según diversos periodistas y, finalmente, "fuentes del gobierno", que no las iba a haber.

El presidente quería que continuara: se entiende que tanto él como el presidente de Adif -extraño el doblete- y le habria pedido quedarse. Esto se 'vendió' a diversos medios a muchos se les atragantó la cena cuando vieron la dimisión de Puente en directo. Y es que al parecer, en paralelo a que el Gobierno "garantizara" su continuidad y la del líder de Adif, el propio ministro habría evitado compartir sus planes para impedir que lo convencieran de ello. Al menos dos medios afirman que Puente no quiso trasladar su decisión con antelación para evitar interferencias ni siquiera a su propio 'jefe' y líder de su partido.

A partir de aquí, hay que pensar bien o mal. Siendo benevolentes, las fuentes del gobierno, que garantizaban la permanencia de Puente, podían conocer la voluntad de Sánchez y desconocer la del ahora ex ministro. No siéndolos hay un criterio de 'operador' solitario e indepenidente de Puente, en el que decide los tiempos.

Descoordinación política frente a la catástrofe

Si el presidente quería que Puente continuara hasta las elecciones, pero el ministro decidió marcharse y le avisó mediante un mensaje instantes antes de anunciarlo explica por qué Moncloa pudo desconocer la decisión; también describe a un presidente sin margen para intervenir en la salida de uno de sus principales ministros.

El problema no es que Puente pudiera dimitir contra el criterio de Sánchez. Un ministro puede decidir que no sigue. El problema de coordinación aparece cuando el Gobierno garantiza su permanencia mientras él prepara su marcha, y cuando el presidente termina el día elogiando una decisión que, según esas mismas reconstrucciones, había intentado evitar.

Una salida coordinada habría permitido comunicar la renuncia, explicar sus motivos y presentar la transición sin que el Ejecutivo desmintiera por la noche lo que había asegurado por la mañana. Lo publicado describe otra secuencia: Puente controla el momento del anuncio y Moncloa adapta después su explicación. Permanecer era responsabilidad; marcharse pasa a ser dignidad.

Algunas de las fuentes consultadas por los medios tras la dimisión hablan de "sorpresa", pero dejan al presidente ante una disyuntiva incómoda. Si conocían la decisión y garantizaron lo contrario, habrían difundido una falsedad a sabiendas. Si la desconocían, hablaron con una seguridad que su información no permitía.

Cuerpo recibe la cartera y revisa las decisiones

Sánchez anunció el miércoles que Carlos Cuerpo asumiría las competencias de Transportes tras la renuncia de Puente. La elección permite mantener la gestión dentro del gabinete y coloca al vicepresidente económico al frente de la respuesta a la crisis ferroviaria.

Cuerpo citó esta tarde a Pedro Marco de la Peña. La reunión situaba la continuidad del presidente de Adif entre las primeras cuestiones que debía abordar el nuevo responsable de Transportes y como bien ayer declinaba DEMÓCRATA, la decisión de su salida es poco sorpresiva.

La dimisión de Puente y el eventual cese del presidente de Adif no deben contarse como si fueran una misma decisión. El ministro anunció una renuncia que, según las reconstrucciones publicadas, Sánchez no deseaba. Una destitución en Adif sería una decisión del Ejecutivo.

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¿Qué competencias tiene el presidente de Adif según la legislación española?

El presidente de Adif tiene competencias de representación, dirección ejecutiva, personal, contratación y defensa jurídica de la entidad. Su regulación principal está en el artículo 23 del Estatuto aprobado por el Real Decreto 2395/2004. No concentra todas las decisiones: el Consejo de Administración conserva la superior dirección y determinadas atribuciones que no puede delegar.

Marco jurídico

El Estatuto debe interpretarse junto con la Ley 38/2015 del sector ferroviario y la legislación general aplicable al sector público. Aunque conserva referencias a la Ley 39/2003 y al antiguo Ministerio de Fomento, no deben leerse aisladamente del marco legal posterior. Además, es importante distinguir las funciones de Adif como entidad de las facultades atribuidas personalmente a su presidente.

Competencias propias del presidente

  • Representación institucional y jurídica. Representa a Adif en juicio y fuera de él, en cualquier acto o contrato y frente a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. También acuerda el ejercicio de acciones y recursos ante las administraciones y los tribunales para defender los intereses de la entidad.
  • Presidencia del Consejo. Acuerda su convocatoria, fija el orden del día, preside las reuniones y dirige las deliberaciones. En caso de empate, dispone de voto de calidad. Asimismo, vela por el cumplimiento del Estatuto y de los acuerdos del Consejo y se encarga de ejecutarlos.
  • Dirección y supervisión. Ostenta la jefatura superior de todo el personal, ejerce la alta inspección de los servicios y vigila el desarrollo de la actividad de Adif. Estas facultades operan dentro de las directrices y competencias del Consejo.
  • Organización y plantilla. Propone al Consejo la estructura organizativa y determina la plantilla conforme a los criterios y directrices que este haya aprobado.
  • Nombramientos y contratación de personal. Acuerda el nombramiento y cese del personal directivo, informando al Consejo. Contrata al personal no directivo y fija sus retribuciones conforme a los criterios del Consejo y, cuando corresponda, al convenio colectivo.
  • Planificación económica. Propone al Consejo el programa de actuación plurianual y los presupuestos de explotación y capital. También presenta las propuestas de contratos-programa para su aprobación: su función es impulsar y formular estas decisiones, no sustituir la aprobación colegiada.
  • Tarifas y cánones. Somete al Consejo las tarifas que este deba aprobar o modificar, las que deban elevarse a la Administración y las propuestas de modificación y actualización de los cánones ferroviarios, conforme al marco sectorial aplicable.
  • Contratación pública. Actúa como órgano de contratación dentro del ámbito económico que establece el Estatuto, sin perjuicio de las facultades reservadas al Consejo. El artículo 23 remite a una legislación contractual anterior, por lo que esa referencia debe aplicarse conjuntamente con la normativa contractual vigente.

Límites, delegaciones y decisiones urgentes

Los artículos 16 y 17 delimitan las competencias del Consejo y sus posibilidades de delegación. Entre las materias que no puede delegar figuran la estructura de la entidad, la aprobación inicial de presupuestos, las cuentas anuales, las operaciones de endeudamiento, el inventario patrimonial y la declaración sobre la red.

En materia patrimonial, la representación del presidente no equivale a una facultad ilimitada de disposición: el Estatuto atribuye al Consejo decisiones como aprobar adquisiciones y enajenaciones inmobiliarias y acordar la desafectación de bienes de dominio público. Las delegaciones pueden completar el reparto; existe un acuerdo publicado mediante la Resolución de 26 de mayo de 2025, cuyo alcance debe comprobarse para cada actuación concreta.

Finalmente, el artículo 24 permite que, excepcionalmente y por urgente necesidad, el presidente adopte decisiones reservadas al Consejo. Debe comunicarlas en la primera reunión ordinaria posterior para su ratificación. Esta potestad excepcional no elimina el control del órgano colegiado.

¿Cuál es la trayectoria profesional y política de Carlos Cuerpo antes de asumir la cartera de Transportes?

Carlos Cuerpo llegó a asumir las responsabilidades de Transportes con una trayectoria centrada en la economía pública, las instituciones europeas y la gestión financiera del Estado, no en una carrera partidista ni en la administración del transporte. Antes había sido analista económico, directivo de la AIReF, secretario general del Tesoro, ministro de Economía y vicepresidente primero. Conviene precisar que el 4 de noviembre de 2026 asumió temporalmente el despacho ordinario de Transportes, sin ser nombrado ministro del departamento como tal, según la información de Demócrata.

Formación y primeros pasos en la Administración

Nacido en Badajoz en 1980, se licenció en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003. Completó un máster en Economía en la London School of Economics en 2004 y obtuvo el doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid en 2017. En 2008 ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Estos datos figuran en la reseña de su trayectoria publicada con motivo de su acceso a la Vicepresidencia.

Entre mayo de 2008 y abril de 2011 trabajó como analista en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional. Su actividad se vinculaba al estudio de la economía española, las previsiones y el contexto internacional. Fue el comienzo de una carrera administrativa especializada en analizar la evolución económica y apoyar el diseño de políticas públicas.

Comisión Europea y AIReF

Entre mayo de 2011 y abril de 2014 desempeñó funciones de analista y experto nacional en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea. Allí trabajó en supervisión económica y en el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos, el mecanismo europeo para detectar problemas como el endeudamiento excesivo o la pérdida de competitividad.

En mayo de 2014 se incorporó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entonces presidida por José Luis Escrivá. Primero fue subdirector de Endeudamiento Público, hasta octubre de 2016; después, director de la División de Análisis Económico, entre noviembre de 2016 y enero de 2020. Esta etapa reforzó su experiencia en previsiones, deuda y sostenibilidad de las finanzas públicas. La cronología está detallada en este perfil de Demócrata.

Del análisis macroeconómico al Tesoro

En febrero de 2020 regresó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como director general de Análisis Macroeconómico, bajo la dirección de Nadia Calviño. Ocupó esa responsabilidad hasta agosto de 2021, durante el impacto económico de la pandemia.

Entonces pasó a ser secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, puesto que mantuvo hasta diciembre de 2023. Sus responsabilidades comprendían la financiación del Estado, la deuda pública y las relaciones financieras internacionales. Participó también, junto a Calviño, en las negociaciones sobre la reforma de las reglas fiscales europeas.

Entrada en el Gobierno y perfil político

El 29 de diciembre de 2023 fue nombrado ministro de Economía, Comercio y Empresa, sustituyendo a Calviño tras su designación para presidir el Banco Europeo de Inversiones. El siguiente ascenso llegó en marzo de 2026: fue nombrado vicepresidente primero mediante el Real Decreto 258/2026, manteniendo Economía.

Su trayectoria política se ha desarrollado, por tanto, principalmente dentro del Ejecutivo. No había ocupado cargos electos ni desarrollado una carrera orgánica en el PSOE antes de entrar en el Consejo de Ministros, según los perfiles publicados. Al recibir temporalmente Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, aportaba experiencia económica y europea, pero no una trayectoria previa de dirección en ese sector.

¿Cuáles son los pasos parlamentarios necesarios para la destitución de altos cargos en empresas públicas como Adif?

No existe un procedimiento parlamentario general para destituir directamente a los responsables de entidades públicas como Adif. Las Cortes pueden fiscalizar su gestión, investigar actuaciones y pedir su cese, pero una resolución parlamentaria no sustituye la decisión del órgano competente para acordarlo. Conviene distinguir entre exigir responsabilidades políticas y adoptar el acto jurídico que pone fin al cargo.

1. Identificar el cargo y quién puede cesarlo

Antes de promover una iniciativa, debe distinguirse entre presidencia, consejeros, personal directivo y empleados: no tienen necesariamente el mismo régimen. Para determinar quién acuerda el cese en Adif hay que atender a su normativa organizativa y al puesto concreto. El Reglamento del Congreso regula los instrumentos de control parlamentario, pero no establece una potestad general de destitución de responsables de empresas o entidades públicas.

2. Solicitar información y comparecencias

El primer paso político puede ser esclarecer los hechos, aunque no constituye un requisito previo obligatorio para pedir un cese:

  • Documentación: los diputados pueden solicitar datos e informes por conducto de la Presidencia del Congreso. El artículo 7 prevé que la Administración los facilite o comunique las razones jurídicas que lo impidan.
  • Comparecencias: conforme al artículo 44, las comisiones pueden recabar la presencia del ministro responsable, autoridades u otras personas competentes. Se solicita la comparecencia, se acuerda su celebración y se desarrolla la sesión informativa.
  • Preguntas e interpelaciones: permiten exigir explicaciones al Gobierno. La interpelación aborda los motivos o propósitos de su política y puede desembocar en una moción.

Estos instrumentos permiten fiscalizar la gestión, pero no producen por sí mismos la destitución.

3. Aprobar una petición de cese o reprobación

La vía más directa para expresar esa exigencia en el Congreso es una proposición no de ley: una propuesta de resolución que solicita una actuación al Gobierno, sin ejecutar el cese. Según los artículos 193 a 195, sigue estos pasos:

  1. Un grupo parlamentario presenta el escrito ante la Mesa.
  2. La Mesa decide su admisión, ordena su publicación y determina su tramitación en Pleno o comisión.
  3. Los grupos pueden presentar enmiendas hasta seis horas antes de la sesión.
  4. Se celebra el debate y se vota el texto con las enmiendas aceptadas por el proponente.

También cabe una moción consecuencia de interpelación. El artículo 184 exige presentarla al día siguiente de sustanciarse aquella; admitida por la Mesa, se incluye en la siguiente sesión plenaria. Una petición de cese o reprobación expresa una posición política: su aprobación no convierte automáticamente el puesto en vacante.

4. Crear una comisión de investigación

Si existen hechos de interés público que esclarecer, el artículo 52 permite que el Pleno cree una comisión a propuesta del Gobierno, la Mesa, dos grupos o una quinta parte de los diputados. Después se aprueba el plan de trabajo, se recaba documentación y se requieren comparecencias.

Las conclusiones se plasman en un dictamen debatido por el Pleno. Las aprobadas se publican y se comunican al Gobierno; pueden trasladarse al Ministerio Fiscal cuando proceda. Pueden fundamentar una petición de cese, pero no sustituirlo ni determinar responsabilidades penales.

5. Distinguirlo de una moción de censura

La moción de censura se dirige contra el Gobierno, no contra un directivo de Adif. Requiere la firma de una décima parte del Congreso y una candidatura alternativa a la Presidencia. El Senado también controla al Gobierno, pero no mantiene con él esa relación de confianza, como explica la STC 124/2018.

En síntesis: no hay una secuencia parlamentaria obligatoria para destituir: puede haber control, investigación y petición política; el cese exige una decisión separada del órgano competente.

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¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Quién ha asumido la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente?

Pregunta 1 de 3

¿Qué decisión tomó el presidente de Adif tras la crisis ferroviaria?

Pregunta 2 de 3

¿Qué problema político evidenció la secuencia de dimisiones y ceses en el Gobierno?

Pregunta 3 de 3