"Nota de inteligencia. Transición electoral, agenda laboral y contexto general". Con ese encabezado circula estos días entre organizaciones empresariales un documento que analiza qué capacidad mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez después de la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. El texto, fechado el 6 de octubre y difundido inicialmente por El Mundo, pone el foco en una última "ventana normativa" para sacar adelante medidas económicas y laborales antes de las urnas y advierte a las compañías de que la disolución del Congreso y el Senado no significa que la actividad regulatoria del Ejecutivo haya terminado.
Sánchez anunció el pasado 5 de octubre la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones el domingo 29 de noviembre de 2026, una convocatoria formalizada en el BOE al día siguiente. Hasta la celebración de los comicios, el Ejecutivo no es todavía un Gobierno en funciones: el cese se produce después de las elecciones. Esto le permite seguir aprobando reales decretos y, siempre que concurra la "extraordinaria y urgente necesidad" exigida por la Constitución, recurrir también a reales decretos-leyes.
SMI y registro horario, las primeras medidas en movimiento
La principal preocupación que recoge la nota está en la agenda laboral, donde identifica varias reformas susceptibles de acelerarse antes de la cita electoral. Entre ellas aparecen la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 y la reforma del registro horario, dos asuntos en los que el Ministerio de Trabajo ya ha empezado a moverse después de conocerse el adelanto electoral.
Yolanda Díaz reunió el 8 de octubre a la comisión de expertos del SMI y le ha pedido que presente su propuesta de incremento antes de finales de mes o comienzos de noviembre. El salario mínimo se encuentra actualmente en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, después de la subida del 3,1% aprobada en febrero, y Trabajo aspira a dejar encaminada la actualización para 2027 antes de los comicios.
El nuevo registro horario también podría llegar al Consejo de Ministros antes del 29-N. En este caso, Trabajo pretende aprobarlo mediante real decreto, por lo que no necesitaría una votación de convalidación en el Congreso ni en su Diputación Permanente. El objetivo del departamento de Díaz es reforzar el control de las horas trabajadas, digitalizar los registros y facilitar el acceso de la Inspección de Trabajo.
La nota empresarial define este tipo de iniciativas como medidas de "alta visibilidad social y efecto directo sobre organización y costes", una advertencia dirigida fundamentalmente a las grandes compañías y patronales que intentan anticipar qué cambios regulatorios pueden encontrarse antes de que termine la legislatura.
Del Estatuto del Becario a la transparencia salarial
El documento amplía la lista a otras reformas pendientes. Incluye la transposición de las directivas europeas sobre transparencia retributiva y trabajo en plataformas digitales, la reforma de la prevención de riesgos laborales y el denominado Estatuto del Becario, un proyecto que lleva años encallado pese a los sucesivos intentos de Trabajo por impulsarlo.
La transposición de normativa europea presenta además una particularidad: los plazos comunitarios pueden justificar que algunos desarrollos reglamentarios continúen adelante incluso con las Cortes disueltas. De hecho, el Ministerio de Trabajo ya había reactivado a comienzos de octubre la mesa de diálogo social para adaptar la directiva sobre transparencia salarial.
Más complicada sería una reforma que necesitara modificar directamente el Estatuto de los Trabajadores. Ahí aparece nuevamente uno de los proyectos más reconocibles de Yolanda Díaz: reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin rebaja salarial.
¿Puede volver el Gobierno a intentar las 37,5 horas?
La reducción de jornada fue devuelta al Gobierno después de que el Congreso aprobara en 2025 las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts. Aquella iniciativa legislativa terminó así su tramitación parlamentaria.
La "nota de inteligencia" contempla, sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo intentara recuperar la medida mediante un real decreto-ley, lo que obligaría a justificar la extraordinaria y urgente necesidad y a someter posteriormente la norma a la Diputación Permanente. No significa que el Gobierno haya anunciado que vaya a hacerlo ni que exista actualmente un nuevo texto aprobado: es uno de los escenarios que el documento empresarial considera jurídicamente posibles antes de las elecciones.
La Diputación Permanente sustituye al Pleno para determinadas funciones cuando las Cámaras están disueltas y, entre ellas, se encuentra precisamente la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. La composición acordada para esta legislatura reparte 27 puestos al PP, 24 al PSOE, seis a Vox, seis a Sumar y uno a ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Grupo Mixto, además de la presidenta del Congreso.
La estrecha aritmética de la Diputación Permanente
Sobre esa distribución, el documento empresarial calcula una mayoría extremadamente ajustada. Según su escenario, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos podrían alcanzar 35 votos frente a los 34 de PP, Vox y Junts, lo que permitiría al Ejecutivo prescindir de la formación de Carles Puigdemont para determinadas convalidaciones, siempre que mantuviera unido al resto del bloque y conservara el apoyo del PNV.
La cuenta debe entenderse como una simulación política, no como una mayoría garantizada. Los partidos pueden cambiar el sentido de su voto según cada decreto, y la posición de los grupos que han sostenido al Ejecutivo ha variado considerablemente durante la legislatura. Lo que sí está regulado es que la Diputación Permanente conserva las competencias del Congreso sobre los decretos-leyes una vez disuelta la Cámara.
La idea central de la nota se resume en una frase: "La disolución no paraliza la agenda laboral". El margen del Ejecutivo es menor que con unas Cortes plenamente operativas, porque ya no puede tramitar proyectos de ley ordinarios en el Congreso, pero todavía mantiene capacidad reglamentaria y puede utilizar el decreto-ley dentro de los límites constitucionales.
El Gobierno no estará en funciones hasta después de las elecciones
Existe además una diferencia relevante entre el periodo actual y el que comenzará después del 29-N. La Ley del Gobierno establece que el Ejecutivo cesa tras la celebración de las elecciones generales y permanece posteriormente en funciones hasta que tome posesión el siguiente. A partir de entonces deberá limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos, salvo situaciones de urgencia o interés general debidamente justificadas, y no podrá presentar proyectos de ley ni unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Eso convierte las siete semanas entre la disolución de las Cortes y las elecciones en un periodo especialmente observado por las empresas. La convocatoria electoral ha terminado la actividad legislativa ordinaria de Congreso y Senado, pero no ha cerrado automáticamente el Consejo de Ministros ni las posibilidades regulatorias del Ejecutivo.
Las empresas ya estudian qué puede ocurrir después del 29-N
El análisis no se limita a lo que suceda antes de las elecciones. También plantea diferentes escenarios para la formación del próximo Gobierno. El más rápido permitiría cerrar una investidura entre finales de diciembre y enero; otro contempla negociaciones prolongadas durante febrero y marzo y un tercero sitúa al país ante un nuevo bloqueo parlamentario.
Es en ese último escenario donde aparece la hipótesis de una repetición electoral en la primavera de 2027. La Constitución establece que, una vez celebrada la primera votación de investidura, comienza un plazo de dos meses. Si al terminar ese periodo ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso, las Cámaras se disuelven automáticamente y deben convocarse nuevas elecciones.
La legislación electoral acorta además el procedimiento en estos casos: los nuevos comicios se celebran 47 días después de la convocatoria. Por eso una primera investidura fallida a comienzos de 2027 podría desembocar, dependiendo del calendario exacto, en unas nuevas elecciones durante la primavera. No existe en este momento una fecha posible cerrada porque el plazo de dos meses solo empieza a contar desde la primera votación de investidura.
La repetición electoral es un escenario, no una previsión
La nota empresarial incorpora igualmente variables internacionales y judiciales para analizar la futura gobernabilidad. Entre sus hipótesis figura la posibilidad de que resultados políticos en otros países o cambios en Francia, Brasil y Estados Unidos influyan en el clima de campaña y en la movilización de los diferentes electorados españoles. También contempla cómo podría afectar la evolución de las causas judiciales vinculadas al entorno político del Gobierno.
Son, en cualquier caso, escenarios elaborados por el documento y no predicciones sobre el resultado electoral. Ni el contexto internacional permite anticipar por sí solo una mayoría parlamentaria ni puede darse por hecha una repetición de las elecciones antes de conocer la composición del Congreso que salga del 29-N.
Lo que sí ha empezado ya es la cuenta atrás regulatoria. El Congreso y el Senado están disueltos, pero el Gobierno conserva margen para aprobar determinadas medidas antes de las urnas, y Trabajo ha comenzado a activar asuntos como el SMI y el registro horario. De ahí que las empresas estén mirando al calendario con tanta atención como a las encuestas: hasta el 29 de noviembre todavía pueden producirse decisiones con impacto directo sobre salarios, jornadas y costes laborales.