Huawei y ZTE vuelven al centro del debate europeo sobre la seguridad de las infraestructuras. Una propuesta en el Parlamento Europeo plantea que las empresas dispongan de 24 meses para retirar equipos de proveedores declarados de alto riesgo, según una información publicada por El Español-Invertia.
La iniciativa endurece el calendario de sustitución que se está negociando y afecta a sectores que van más allá de la telefonía. El alcance descrito incluye telecomunicaciones, centros de datos, cables submarinos y electricidad.
El plazo todavía forma parte de una propuesta. No debe interpretarse como una cuenta atrás que ya haya comenzado para todas las compañías europeas.
Dos años frente a los cuatro que defiende España
Según la información de Invertia, España propone un periodo mínimo de 48 meses para sustituir componentes en activos críticos. La diferencia con los 24 meses defendidos en el ámbito parlamentario concentra una parte del conflicto entre seguridad y capacidad de adaptación.
Para una empresa, reducir a la mitad el tiempo disponible supone tener que organizar antes la compra de equipos, las intervenciones técnicas y la retirada de los sistemas afectados. El impacto concreto dependería de qué proveedores y componentes quedasen incluidos en la versión definitiva.
La identificación de un suministrador como de alto riesgo resulta, por tanto, tan relevante como el número de meses concedidos para reemplazarlo, según Invertia.
Qué significa la cifra de 40.000 millones
Las operadoras estiman un coste de entre 30.000 y 40.000 millones de euros para una sustitución acelerada, según recoge el mismo medio. La estimación citada se refiere a un escenario de retirada en tres años.
No es una factura aprobada ni una cantidad imputable a una sola empresa. Tampoco permite calcular automáticamente cuánto pagaría cada cliente o cuánto perdería cada compañía.
Si el plazo final fuese de dos años, habría que conocer una evaluación específica de ese escenario. No basta con trasladar una cifra calculada para otro calendario.
Por qué afecta al seguimiento de Telefónica
Para el seguimiento empresarial y bursátil de Telefónica, la cuestión relevante es si la futura regulación obliga a adelantar inversiones o a reemplazar activos antes de lo previsto.
Esa posibilidad constituye un riesgo regulatorio que debe analizarse junto con el alcance territorial, los equipos afectados y las transiciones que finalmente se aprueben. La noticia no acredita un impacto cuantificado en las cuentas de Telefónica ni una reacción concreta de su cotización.
El debate tampoco implica que los usuarios deban sustituir por iniciativa propia sus dispositivos. Una eventual obligación para los operadores tendría que definir qué infraestructura queda afectada y quién debe ejecutar el cambio.
Qué falta por concretar
Las negociaciones deben cerrar el plazo, las condiciones de designación de los proveedores y el tratamiento de los equipos ya instalados.