Si hay un ámbito en el que la Unión Europea ha querido marcar el paso a nivel global, ese ha sido el de la regulación de la inteligencia artificial. Bruselas fue la primera gran potencia en aprobar una legislación específica para esta tecnología, un terreno en constante evolución donde las innovaciones llegan a tal velocidad que obligan a los legisladores a revisar continuamente las normas que ellos mismos acaban de aprobar. La actual legislatura ha sido prueba de ello. Apenas unos meses después de sacar adelante la pionera Ley de Inteligencia Artificial, las instituciones europeas ya han tenido que retocar algunos de sus mecanismos para adaptarlos a una realidad tecnológica que cambia casi a diario.
Una de las protagonistas de ese proceso es Laura Ballarín (Barcelona, 1984). La eurodiputada socialista forma parte de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo, desde donde ha impulsado algunas de las batallas más sensibles del debate digital europeo: la protección de los menores en internet, la lucha contra los desnudos falsos generados mediante inteligencia artificial ,los conocidos como deepfakes sexuales, o la tramitación del paquete de simplificación de la Ley de IA, aprobado la última semana por la Eurocámara.
Ballarín atiende a Demócrata desde su despacho en Estrasburgo apenas unos días después de la aprobación definitiva del llamado ómnibus digital y en plena sacudida geopolítica por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de restringir el acceso a uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados desarrollados por Anthropic. Un episodio que, a su juicio, refuerza la necesidad de que Europa acelere su autonomía tecnológica. "Regular está bien, pero tiene que ir de la mano de una mayor inversión, de empresas europeas y de una inteligencia artificial hecha en Europa y para Europa", defiende.
Pregunta. Esta semana se ha ratificado finalmente el Ómnibus Digital. Una de las principales novedades es el cambio para las empresas de mediana capitalización. ¿Cómo valora que pueda afectarles esta reforma?
Respuesta. Uno de los grandes objetivos que tenía este ómnibus era la llamada simplificación, es decir, reducir la burocracia y las cargas administrativas de nuestras empresas para que puedan competir mejor. Desde mi grupo político siempre estuvimos a favor de una simplificación que no supusiera una desregulación y por eso estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado.
En cuanto a las empresas de mediana capitalización, ahora podrán beneficiarse de algunas derogaciones que hasta ahora solo estaban previstas para las pymes en la legislación anterior. Creo que es positivo que también puedan beneficiarse de esta menor carga administrativa.
Además, en cuestiones como la evaluación de impacto en derechos fundamentales podrán hacer referencia a determinados aspectos de la regulación de protección de datos y evitar duplicidades. Eso permitirá reducir parte de las obligaciones de reporte y aliviar la carga administrativa.
P. ¿Qué garantías ofrece este nuevo ómnibus para que estas reformas se traduzcan en empleo, cohesión y desarrollo, más allá de la mera reducción de costes?
R. En primer lugar, creo que es importante dar seguridad jurídica a las empresas y mandar un mensaje claro de que las leyes que aprueba el Parlamento Europeo se implementan.
Desde el Parlamento Europeo hemos luchado contra la propuesta de la Comisión que retrasaba la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial. En nuestra opinión, era un muy mal mensaje de inseguridad jurídica y también una señal de menor protección de los derechos digitales en Europa.
Ahora se han reducido esos retrasos que proponía la Comisión y que también defendían algunos Estados miembros. Hemos detectado presión por parte de algunas grandes tecnológicas, algo que era de esperar, y algunos gobiernos querían aplazar al máximo la aplicación de la norma. Finalmente se ha alcanzado un buen compromiso y la ley empezará a implementarse progresivamente.
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También hemos conseguido evitar que se reduzca el alcance de la legislación, garantizando una cobertura amplia. Era importante mantener la obligación de formación para los empleados de las empresas que comercialicen o utilicen sistemas de inteligencia artificial.
Estamos hablando de una tecnología que cada día se supera a sí misma. Las leyes a veces avanzan más despacio que la tecnología y necesitamos empleos de calidad, trabajadores formados y actualizados en estas herramientas. También necesitamos que los Estados miembros apoyen esa formación.
Además, hemos garantizado una mayor transparencia en los requisitos de registro para los sistemas de alto riesgo. Y uno de los aspectos más destacados, que además ha tenido una gran repercusión mediática, ha sido la introducción de la prohibición de sistemas de inteligencia artificial que generen desnudos ficticios, los llamados deepfakes sexuales.
Ante el enorme reto que supone la inteligencia artificial, que va a ser la revolución industrial de nuestro tiempo, pero que también implica riesgos muy importantes, es fundamental contar con una legislación que evalúe correctamente los riesgos inaceptables, altos, limitados o mínimos.
P. ¿Cómo se asegurará que la privacidad sigue estando protegida aunque se rebajen algunas exigencias para las empresas de menor tamaño?
R. Porque ambas cosas no son incompatibles. En Europa tenemos la mayor protección de la privacidad y de los datos personales del mundo. Cuando hacemos leyes, estas deben ser compatibles entre sí. Es un principio básico. Por eso, cualquier nueva normativa se revisa para garantizar que sea compatible con el Reglamento General de Protección de Datos y con el resto de la legislación europea.
La Ley de Inteligencia Artificial se centra sobre todo en los riesgos que genera esta tecnología más que en la tecnología en sí. Ese enfoque es importante porque la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. La Unión Europea ha optado por regular los riesgos y no tecnologías concretas. Eso permite adaptar las normas a medida que evolucionan los usos y los impactos.
Laura Ballarín:“No podemos estar dependiendo de la tecnología de terceros países porque cualquier día nos desenchufan y nos quedamos sin correo electrónico o sin servicios esenciales”
Un ejemplo son los deepfakes. Hace dos años no conocíamos completamente su alcance. Ahora hemos visto su impacto, especialmente en menores y mujeres víctimas de violencia, y por eso han pasado a considerarse un riesgo inaceptable. Todo ello debe ser compatible con los derechos de privacidad. Para mí no es un dilema. Ambas cosas tienen que ir de la mano.
P. A lo largo de la negociación, la cuestión de los deepfakes sexuales ha generado mucha expectación. ¿Era una de las líneas rojas del Parlamento?
R. Sí. Una de las grandes batallas fue evitar el enorme retraso en la aplicación de la ley. Otra fue incluir la prohibición de estos sistemas de nudificación mediante inteligencia artificial y mantener la obligación de alfabetización digital.
La posición del Parlamento era que este ómnibus no podía servir para dar marcha atrás. Es cierto que dentro del Parlamento existen diferentes puntos de vista, pero hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y la votación se aprobó con una amplia mayoría.
Creo que eso envía un mensaje positivo a la ciudadanía: Europa ya está trabajando para regular una tecnología que nos está cambiando la vida a todos, para bien y para mal. Además, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar esta tecnología. Cada día tenemos ejemplos nuevos que demuestran que no puede quedar únicamente en manos de las grandes empresas.
La inteligencia artificial es la gran revolución de nuestro tiempo. Cuanto antes seamos capaces de identificar sus riesgos y oportunidades y establecer reglas claras, mejor será para los ciudadanos.
También es importante para quienes temen perder su empleo o para los jóvenes que se preguntan qué estudiar y qué futuro tendrán determinadas profesiones. Necesitan seguridad. Y no podemos olvidar los riesgos para nuestras democracias, nuestras sociedades y nuestra seguridad. La transparencia es fundamental.
Al mismo tiempo, las administraciones públicas pueden beneficiarse enormemente de esta tecnología para simplificar procedimientos, reducir colas o mejorar la atención a los ciudadanos. Las ventajas son enormes, pero deben desarrollarse de forma segura.
P. Ha hablado de la necesidad de una inteligencia artificial europea.
R. Exactamente. Regular está bien, pero debe ir acompañado de una mayor inversión, de más desarrollo de empresas europeas y de una inteligencia artificial hecha en Europa y para Europa. Por eso hablamos de soberanía digital. Está sobre la mesa el paquete de soberanía tecnológica y digital, y eso debe ir acompañado de financiación para tener centros de datos europeos, semiconductores, una industria propia y una política que favorezca a nuestras empresas.
También debemos acabar con el falso dilema entre regulación e innovación. Se dice muchas veces que Europa no tiene gigantes tecnológicos por culpa de la regulación, pero muchos expertos consideran que eso no es cierto.
Por supuesto, reconocemos que vamos con retraso respecto a Estados Unidos y China. La competencia es feroz y quizá hemos sido demasiado ingenuos respecto a los beneficios de la globalización y a la estabilidad de las relaciones transatlánticas.
Hoy el contexto geopolítico pesa mucho. El pulso entre Estados Unidos y China y la actitud de la administración Trump nos obligan a reaccionar. No podemos estar dependiendo de la tecnología de terceros países porque cualquier día nos desenchufan y nos quedamos sin correo electrónico o sin servicios esenciales. Tenemos que invertir mucho más en ciberseguridad y reforzar nuestra autonomía tecnológica.
P. Hemos visto en los últimos días como Estados Unidos ha limitado el acceso a determinadas tecnologías avanzadas. ¿Puede ser el empujón definitivo para una revolución digital europea?
R. Creo que Europa ya había despertado antes, pero esto ha sido una confirmación.
El paquete de soberanía tecnológica se presentó hace unas semanas y este episodio ha reforzado todavía más el consenso sobre la importancia de avanzar en esta dirección. Tenemos que tomarnos mucho más en serio la construcción de un verdadero mercado único. Los expertos llevan tiempo señalando que uno de nuestros principales problemas son las barreras internas.
Laura Ballarín:“Europa no tiene un problema de exceso de leyes; tiene un problema de barreras internas”
No es una cuestión de exceso de leyes. Podemos simplificar procedimientos, por supuesto, pero no debemos caer en el falso dilema entre regulación e innovación.
Lo que necesitamos es eliminar barreras nacionales para que las startups europeas puedan crecer y escalar con mayor facilidad. Una empresa de Barcelona que quiera asociarse con otra de Países Bajos todavía encuentra demasiados obstáculos. También debemos aumentar la inversión y seguir avanzando en semiconductores, centros de datos y gigafactorías. El despertar ya estaba ahí, pero ahora el consenso es mayor y necesitamos más recursos.
P. España aspira a albergar una de las futuras gigafactorías europeas. ¿Qué puede aportar nuestro país?
R. Mucho. España es uno de los países que más está apostando por una inteligencia artificial pionera, pero también con una visión humanista.
Se ha creado un ecosistema de expertos, talento y apoyo a las empresas emergentes para favorecer su crecimiento. Además, contamos con una posición geográfica estratégica y una fuerte apuesta por las energías renovables. Eso es fundamental porque los centros de datos consumen enormes cantidades de energía.
España dispone de capacidad en energía solar y eólica, además de espacio físico para desarrollar estas infraestructuras. Todo ello nos sitúa en una posición muy favorable para albergar una de las gigafactorías europeas. He hablado con técnicos de la Comisión y me han trasladado que la candidatura española es seria y sólida. Esperamos llegar hasta el final.
P. ¿Qué papel jugarán los datos sensibles en la detección de sesgos algorítmicos?
R. Europa sigue siendo un referente mundial en protección de datos y eso ayuda a reducir determinados sesgos, aunque no los elimina completamente.
Al final, la inteligencia artificial aprende a partir de los datos con los que se entrena. Si esos datos contienen sesgos históricos, esos sesgos pueden reproducirse.
Un ejemplo muy claro es el de la brecha salarial. Si una mujer pregunta a una inteligencia artificial cómo negociar un aumento de sueldo, el sistema puede reproducir patrones históricos y recomendar una actitud diferente a la que sugeriría a un hombre.
Por eso debemos seguir trabajando para identificar estos sesgos y encontrar el equilibrio entre la protección de los datos personales y la corrección de desigualdades que afectan al interés general.
Es un debate complejo, pero necesario.
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P. En los próximos meses llegarán nuevas iniciativas como la Ley de Chips, el paquete de soberanía tecnológica o propuestas relacionadas con la IA generativa y los derechos de autor.
R. Tenemos sobre la mesa la Industry Accelerator Act, que será muy importante para reforzar la industria europea. También están el paquete de chips y las futuras iniciativas relacionadas con la nube y la inteligencia artificial.
Vamos a seguir muy de cerca todos estos expedientes porque serán fundamentales para el futuro tecnológico de Europa.
Y creo que es importante transmitir a los ciudadanos que existe un consenso entre las fuerzas proeuropeas para afrontar estos desafíos sin ceder a presiones o chantajes de las grandes compañías tecnológicas.
Tenemos un calendario muy intenso por delante y muchos deberes acumulados. La Comisión ha dedicado el inicio de la legislatura a preparar estas propuestas y ahora comenzarán a llegar al Parlamento. Desde las comisiones de Industria y Mercado Interior estaremos muy activos en su tramitación.
OFF the record
La regulación de la inteligencia artificial fue uno de los grandes hitos de la pasada legislatura europea. Ahora, el reto ya no pasa únicamente por vigilar sus riesgos, sino por garantizar que Europa tenga capacidad para competir en una carrera tecnológica dominada por Estados Unidos y China.
Para Laura Ballarín, ambas dimensiones son inseparables: proteger los derechos de los ciudadanos y reforzar la soberanía digital europea deben avanzar al mismo tiempo. Mientras Bruselas ultima nuevas iniciativas sobre semiconductores, centros de datos o inteligencia artificial generativa, la eurodiputada defiende que la Unión Europea no puede conformarse con ser la potencia reguladora del mundo.
El objetivo, sostiene, es convertirse también en una potencia tecnológica capaz de desarrollar sus propias herramientas, atraer inversión y evitar dependencias estratégicas en un contexto geopolítico cada vez más incierto.