La pugna geopolítica también se libra más allá del campo de batalla. No se trata únicamente de una confrontación militar, sino de una creciente competición por el control de las tecnologías que determinarán el poder económico, industrial y estratégico de los Estados durante las próximas décadas. En Bruselas consideran que la dependencia tecnológica europea se ha convertido en una vulnerabilidad crítica y repiten constantemente que ha llegado el momento de revertir una situación que ha consolidado el liderazgo de potencias como Estados Unidos y China.
La respuesta comunitaria pasa ahora por una segunda Ley Europea de Semiconductores, concebida para reforzar la autonomía estratégica del continente, proteger las cadenas de suministro y garantizar que Europa pueda competir en la nueva economía impulsada por la Inteligencia Artificial. La Comisión Europea considera necesaria una profunda revisión de la legislación vigente debido a las crecientes tensiones comerciales internacionales, la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín y el auge de los sistemas de Inteligencia Artificial, que han transformado a los semiconductores en activos estratégicos de primer orden.
Actualmente, los europeos apenas producen alrededor de una décima parte de los semiconductores mundiales y dependen casi por completo de proveedores extranjeros para los chips más avanzados, especialmente aquellos fabricados por debajo de los cinco nanómetros. Con la futura reforma, Bruselas pretende "garantizar la soberanía tecnológica europea" y reducir los riesgos derivados de una excesiva dependencia exterior.
La vicepresidenta ejecutiva responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha reivindicado los logros de la primera Ley de Chips, destacando que permitió movilizar:
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52.000 millones de euros en inversiones concretas;
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Cinco líneas piloto destinadas a reducir la distancia entre la investigación y la producción industrial;
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Una red de centros de competencia desplegada en todos los Estados miembros y en Noruega.
Sin embargo, en el entorno de la vicepresidenta descartan cualquier atisbo de autocomplacencia. La propia Comisión reconoce que el escenario tecnológico ha cambiado radicalmente desde la aprobación del primer reglamento.
"Debemos estar preparados para obtener nuestra parte del mercado de chips relacionados con la IA. Se prevé que los componentes vinculados a la Inteligencia Artificial representen más del 70 % del mercado total de semiconductores", ha señalado Virkkunen. Según la dirigente finlandesa, la nueva legislación "estimulará la demanda, consolidará las cadenas de suministro y limitará las cargas administrativas". El objetivo es claro: agilizar los procedimientos de autorización, fomentar el ecosistema industrial europeo y reforzar las capacidades productivas del continente.
"La Chips Act 1 fue un paso importante, pero creemos que ahora tenemos que pasar al siguiente nivel. Tenemos que llevar esto más lejos porque la situación geopolítica y económica ha cambiado", reconocen fuentes de la Comisión Europea, que justifican esta nueva iniciativa en el profundo impacto que está teniendo la revolución de la Inteligencia Artificial sobre toda la cadena de valor tecnológica.
De la investigación a la producción industrial
La principal medida de la futura reforma será la ampliación de la iniciativa "Chips for Europe", que incorporará nuevas herramientas para acelerar el desarrollo industrial de tecnologías estratégicas. Entre las novedades previstas figuran plataformas de diseño virtual, nuevas líneas piloto para pruebas avanzadas, capacidades específicas para chips cuánticos, una red reforzada de centros de competencia y un fondo destinado a facilitar el acceso al capital para empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas innovadoras.
La Comisión también quiere otorgar una importancia creciente a las tecnologías fotónicas, es decir, a los circuitos integrados que utilizan la luz para transmitir y procesar información.
Con el fin de superar cuellos de botella tecnológicos como la miniaturización extrema de los chips o la mejora de la eficiencia energética de los centros de datos destinados a la Inteligencia Artificial, Bruselas plantea impulsar grandes misiones industriales a escala europea. Desde el gabinete de Virkkunen explican que "la fotónica se añadirá como uno de los objetivos estratégicos" de la futura legislación. "Queremos poner todavía más énfasis en la industrialización y acercar la investigación a aplicaciones que puedan utilizarse directamente en la industria", señalan.
A diferencia del primer reglamento, esta segunda generación de la Ley de Chips pone un especial énfasis en las medidas orientadas a estimular la demanda. Para ello, se crearán Aceleradores de Demanda y un Foro Europeo de Demanda, cuyo objetivo será garantizar que los semiconductores desarrollados y producidos en Europa encuentren mercado en sectores estratégicos como la automoción, la salud, la defensa o la energía. En Bruselas defienden un cambio de paradigma respecto al modelo tradicional de subvenciones. La idea es pasar de un sistema centrado exclusivamente en la financiación pública a otro basado en hitos de mercado que acrediten la viabilidad comercial de las innovaciones desarrolladas.
Chips soberanos para la próxima década
La Comisión también quiere acelerar la creación de instalaciones industriales capaces de combinar la fabricación de nodos avanzados con tecnologías de integración de chiplets y empaquetado tridimensional. El objetivo es especialmente ambicioso: producir chips europeos de Inteligencia Artificial plenamente soberanos entre 2030 y 2033.
Los proyectos reconocidos como "Iniciativas Tecnológicas de Semiconductores" o "Proyectos Estratégicos" se beneficiarán de procedimientos administrativos simplificados. Entre otras ventajas, dispondrán de una ventanilla única y de procesos de concesión de permisos que, según la propuesta, no deberán superar los doce meses. Además, aquellas regiones que desarrollen planes sólidos de inversión en semiconductores podrán obtener un sello europeo de excelencia. Esta distinción busca facilitar la identificación de territorios preparados para albergar futuras instalaciones industriales.
Según explican fuentes comunitarias, estas fábricas requieren enormes cantidades de energía, agua y capacidad logística, por lo que resulta imprescindible una planificación territorial adecuada. Otra de las novedades más relevantes consiste en la posibilidad de que las administraciones públicas incorporen criterios de seguridad de suministro y soberanía tecnológica en las licitaciones vinculadas a infraestructuras críticas.
Esto permitirá exigir declaraciones de origen del suministro y valorar factores estratégicos más allá del mero criterio económico.
Nuevos poderes para Bruselas en caso de crisis
La Comisión también quiere reforzar significativamente las herramientas disponibles para gestionar posibles interrupciones en la cadena de suministro. Los servicios comunitarios han diseñado un nuevo marco jurídico que permitirá a los Veintisiete anticipar y mitigar situaciones de escasez grave. Para ello se creará una plataforma europea mediante la cual las empresas podrán compartir información de forma agregada y confidencial. Gracias a estos datos será posible desarrollar una representación digital de toda la cadena de suministro europea y detectar riesgos con mayor antelación.
Si se identifican pruebas concretas de una escasez susceptible de afectar a sectores críticos como la salud, la defensa, la energía o las telecomunicaciones, la Comisión podrá proponer al Consejo la activación formal de una fase de crisis con una duración inicial de un año. Durante ese periodo, Bruselas dispondrá de poderes extraordinarios. Por ejemplo, podrá exigir a determinados fabricantes —especialmente aquellos beneficiarios de ayudas públicas— que prioricen pedidos considerados esenciales para la sociedad por encima de compromisos comerciales ordinarios.
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Asimismo, la Comisión podrá actuar como central de compras conjunta para varios Estados miembros, aumentando así la capacidad de negociación europea frente a proveedores internacionales. Las empresas afectadas también estarán obligadas a facilitar información sobre sus capacidades productivas, niveles de inventario y posibles cuellos de botella industriales.
Gobernanza y sanciones
La propuesta contempla la creación de una Junta Europea de Semiconductores, integrada por representantes de los Estados miembros y encargada de asesorar a la Comisión tanto en la gestión de crisis como en la selección de proyectos estratégicos.
Paralelamente, la futura Alianza Industrial para los Semiconductores reunirá a fabricantes, centros de investigación, universidades y usuarios finales para definir la hoja de ruta tecnológica de la Unión Europea durante las próximas décadas. El texto también incorpora un régimen sancionador. Las empresas que proporcionen información incorrecta o engañosa podrán enfrentarse a multas de hasta 300.000 euros. Asimismo, se prevén sanciones coercitivas para aquellas compañías que incumplan pedidos prioritarios durante una situación de crisis oficialmente declarada.
Con todo, desde el Ejecutivo comunitario rechazan que la futura legislación persiga implantar una política de "Compre Europeo". El objetivo, insisten, no es cerrar el mercado ni discriminar a actores internacionales, sino garantizar que las inversiones realizadas contribuyan al fortalecimiento del ecosistema tecnológico europeo."Una dimensión fundamental debe ser determinar si un proyecto está aportando valor a la Unión Europea, si está generando inversión y si está contribuyendo al desarrollo de investigación e innovación", aseguran fuentes comunitarias.
La batalla por los semiconductores se ha convertido en una cuestión de soberanía económica, industrial y estratégica. Y Bruselas quiere asegurarse de que Europa no vuelva a quedar relegada en una carrera tecnológica que determinará buena parte del equilibrio de poder global durante el siglo XXI.