La coreografía estaba perfectamente estudiada. "Va preparado", advertían fuentes diplomáticas. El último punto de un orden del día diseñado para agilizar las conversaciones. Justo después de recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Después del café. Viernes por la tarde. Cuando, en circunstancias normales, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete se dispondrían a encender la telenovela típica de después de comer, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, les había reservado una última sorpresa: el debate migratorio.
El gran protagonista en la sala era el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Prácticamente, un "todos contra uno". Hasta 18 países, liderados por Italia y Dinamarca, habían organizado un desayuno previo al inicio de la reunión para debatir "soluciones innovadoras para aplicar en la gestión del fenómeno migratorio". La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, había llegado a la reunión en son de paz: pidiendo a la Comisión Europea que investigase los procesos nacionales de regularización que pudieran estar generando un efecto llamada. "Va en contra de los demás", afirmaba la dirigente danesa.
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Copenhague fue quien dirigió, a lo largo de la cumbre, una propuesta para modificar los borradores de conclusiones en los puntos relativos a estas cuestiones. Pedía, en concreto, que Bruselas desarrollase una batería de medidas para recortar el margen de las capitales a la hora de aprobar procesos de regularización como el español, frenar los posibles "efectos llamada" y reconocer que esta era una cuestión "que preocupa a la ciudadanía", según fuentes presentes en las conversaciones.
Pese a que el presidente español apenas cuenta con aliados a la hora de defender su postura en este ámbito, como ya se constató durante la votación del Reglamento de Retornos, en la que España fue la única delegación que se mostró contraria, los líderes no lograron alcanzar un acuerdo sobre estas peticiones.
"Requiere unanimidad. Buscábamos abrir un debate político más que legislativo", explicaban fuentes diplomáticas danesas. Por su parte, el primer ministro húngaro, Péter Magyar, expresó a través de las redes sociales, mientras se desarrollaban las discusiones, su apoyo "a la propuesta más dura presentada por Polonia, Italia y Dinamarca". "Juntos, estamos tratando de convencer a los pocos Estados miembros restantes que aún se oponen a ella", señalaba.
Primer paso: aprobar una regularización extraordinaria
El asunto migratorio es habitual en las cumbres del Consejo Europeo. Sin embargo, en junio, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aprovechó la ocasión para recriminar a Sánchez el proceso de regularización impulsado por su Ejecutivo. Una vez lanzada la piedra, Frederiksen y otros homólogos, como el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, se sumaron a las críticas al Gobierno español.
"Una persona que entra ilegalmente puede, de repente, obtener permisos para permanecer allí", cuestionaba la dirigente danesa este viernes.
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España abrió este año un proceso de regularización extraordinaria al que se acogieron algo más de un millón de personas. Los requisitos establecidos para participar en este procedimiento contemplaban haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Además, los solicitantes no debían contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público.
Fuentes de Moncloa siempre han criticado la postura italiana en este debate, alegando que Roma ha ampliado los canales de migración laboral en otras ocasiones mediante los denominados decreti flussi. En la práctica, estos instrumentos permiten que algunas personas que ya se encuentran en Italia sin documentación regularicen su situación, aunque no constituyen una amnistía general.
El Gobierno de Meloni presenta estas medidas como un ejercicio de planificación de la migración legal para responder a la escasez de mano de obra, y no como una regularización extraordinaria.
En la capital comunitaria, algunos Estados miembros afean al Ejecutivo español que el proceso se realizase sin consultar previamente al resto de socios europeos. Por ello, plantean ahora una suerte de mecanismo similar al Eurogrupo que permita poner en común este tipo de políticas nacionales.
El Gobierno español se habría comprometido este jueves, durante las conversaciones, a seguir estudiando estas herramientas. "Abiertos a ver sus propuestas", ha asegurado Pedro Sánchez durante la rueda de prensa posterior a la cumbre. Sin embargo, el presidente español sí ha encontrado un apoyo en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La alemana defiende que "las decisiones para regularizar a los migrantes irregulares son una competencia nacional", aunque reconoce que estas pueden tener un impacto transfronterizo.
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"La coordinación es importante. El Consejo ya dispone de un mecanismo para intercambiar información sobre decisiones nacionales en materia de migración con repercusiones transfronterizas", ha señalado en rueda de prensa. Bruselas abre así la puerta a apoyar una mayor coordinación entre capitales, pero a través de herramientas ya existentes y sin cuestionar, por el momento, la competencia nacional sobre las regularizaciones.
Segundo paso: una crisis migratoria en Ceuta
Junto con la regularización, lo que ha recrudecido el debate en la capital comunitaria no ha sido otra cosa que la crisis ocurrida en Ceuta este verano.
"No ha sido una crisis de asilo, ni exclusivamente migratoria", matizaba una fuente diplomática. Sin embargo, algunos gobiernos europeos, como el de República Checa, han vinculado lo sucedido al supuesto "efecto llamada" de los procesos de regularización. "El debate que hemos tenido sobre Ceuta no ha sido el mismo que el migratorio", ha asegurado Pedro Sánchez.
El documento de conclusiones que sale de la cumbre reconoce la singularidad de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, como fronteras terrestres de Europa en África. El equipo negociador español se muestra satisfecho por el reconocimiento y por la solidaridad expresada hacia el país. Sin ir más lejos, el jefe del Ejecutivo considera que "Europa está ahora más presente que nunca".
Moncloa también descarta que, a lo largo de las conversaciones, se hayan producido menciones a las informaciones sobre la presencia de buques marroquíes en aguas españolas durante la jornada en la que se registró la llegada masiva.
Tercer paso: viajar a Bruselas y defender la posición española
El último paso del baile consistía en aterrizar todos los argumentos con los que el Gobierno justificaba su posición en la sala del Consejo Europeo. Fuentes conocedoras del contenido de las conversaciones reconocen un tono tenso durante los debates, en los que habrían participado, entre otros, la dirigente italiana, la primera ministra danesa y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.
El propio Sánchez ha definido como "discrepancias" sus encontronazos con Frederiksen. En cambio, a la hora de referirse a su homólogo checo, ha optado por compararlo directamente con Vox: "Es el mismo discurso que la extrema derecha española. Por ello, es muy necesario un Gobierno progresista en Europa".
Un debate difícil, pero con buenos resultados. Así lo definía Macron, quien ha asegurado que durante la conversación quedó demostrado que las normas en vigor tienen efecto. Una fuente diplomática sostenía que las conclusiones resultaban beneficiosas para todas las partes, en línea con lo expresado por Sánchez.
"No tengo que decirles quién atacó a España. Una carta fue firmada por 22 países. Francia no la firmó. 140 personas murieron en Ceuta. Estigmatizar este debate… no para mí", afirmó el presidente francés. La delegación española habría animado al resto de socios a "contribuir y seguir trabajando" de la mano del Pacto de Migración y Asilo, ya en vigor. "Una cosa es el blablablá y otra la realidad", defendía Sánchez, que esgrimía el descenso del 70% de las entradas irregulares en las fronteras españolas desde la activación de este mecanismo para respaldar su posición.
"Ella piensa que no deberíamos reconocerles derechos. Yo pienso lo contrario. Otros países de la UE están emitiendo permisos de trabajo en grandes cantidades, sin llamarlo regularización", ha concluido el líder socialista, que decía sentirse representado por el acuerdo alcanzado este viernes.
Un acuerdo para seguir hablando del desacuerdo
Sobre el papel, el "acuerdo alcanzado" se limita a reconocer que se ha abordado la situación migratoria y que esta volverá a tratarse "en próximas reuniones". Una fórmula que permite a los Veintisiete salvar las conclusiones sin incorporar las exigencias defendidas por Dinamarca y sus aliados.
En borradores previos a la reunión, las conclusiones sí reconocían el descenso de las entradas irregulares en el conjunto del continente europeo. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que el Ejecutivo comunitario elaborará un marco de respuesta de emergencia para las crisis migratorias. A través de este instrumento, los Estados miembros podrán seguir un protocolo de actuación ante episodios de entradas masivas como el registrado este verano en Ceuta. "Estas situaciones constituyen una emergencia y requieren una herramienta de emergencia", defiende Bruselas.
La cumbre termina sin que los países partidarios de endurecer la posición europea frente a las regularizaciones nacionales hayan logrado introducir sus principales demandas en las conclusiones. España evita una censura explícita a su política migratoria, aunque tampoco consigue cerrar un debate que sus socios ya han anunciado que volverán a poner sobre la mesa. Dieciocho países, una regularización y una tarde de reproches después, Sánchez abandona Bruselas reivindicando los buenos resultados de una discusión que los Veintisiete han acordado seguir manteniendo.