El Gobierno busca en el plano internacional normalizar la situación en Ceuta y pasar página cuanto antes ante sus socios comunitarios. Después de la reunión de los responsables de Interior del bloque, celebrada días después del inicio de la crisis migratoria, los contactos en Bruselas los ha canalizado el equipo del Ministerio de Exteriores. Sin emabrgo, este jueves, el ministro Fernando Grande-Marlaska se sentará de nuevo en la mesa de los Veintisiete y pedirá nuevas herramientas para reforzar la gestión fronteriza.
En el equipo del ministro temen que la reforma del papel de Frontex en la que trabaja la Comisión Europea sirva para reabrir de nuevo el Pacto de Migración y Asilo, en un momento en el que las capitales están comenzando todavía a aplicar sus disposiciones. Por ello, a petición propia, Grande-Marlaska informará a sus homólogos durante la mañana sobre el estado actual en la ciudad autónoma, para solicitar después un refuerzo de la cooperación con terceros Estados que permita mejorar las palancas de retorno.
Bruselas prepara una reforma de Frontex
Una de las lecciones aprendidas en el contexto europeo es la constatación de la necesidad de redoblar la apuesta por las alertas tempranas. Ahí es donde entrará en juego la reforma de Frontex, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU). La propuesta busca que el organismo obtenga un mejor conocimiento de la situación en las fronteras exteriores, acompañado de "un mayor apoyo operativo en el contexto de la gestión de las fronteras exteriores", según indicó el comisario del ramo, Magnus Brunner.
La cuestión resulta especialmente relevante para España por la posición de Ceuta y Melilla como fronteras exteriores de la Unión Europea. Para el Gobierno, el refuerzo de las capacidades europeas debe permitir anticipar escenarios de presión migratoria y mejorar la coordinación entre los Estados miembros, sin que ello implique necesariamente una revisión del marco normativo que las capitales acaban de comenzar a aplicar.
En este contexto, el Ejecutivo español quiere que la respuesta europea se concentre en reforzar las herramientas disponibles, antes que en abrir un nuevo proceso legislativo que pueda alterar el equilibrio alcanzado durante la negociación del Pacto de Migración y Asilo.
De forma paralela, Bruselas también quiere desarrollar un "marco ágil" para sacar partido de las herramientas disponibles en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La idea es crear nuevos protocolos que garanticen una cooperación estructurada e inmediata, así como el intercambio de información con las grandes plataformas en línea.
El objetivo pasa por mejorar la capacidad de anticipación ante situaciones de presión migratoria y permitir que las instituciones comunitarias y los Estados miembros puedan reaccionar con mayor rapidez ante escenarios que se desarrollen a través del entorno digital. La Comisión quiere así integrar las capacidades de seguimiento y coordinación existentes dentro de una respuesta europea más estructurada.
Bruselas quiere acelerar los retornos
La Comisión Europea tiene entre sus objetivos también acelerar los retornos de los migrantes en situación irregular en la región. De hecho, fuentes de la coalición del Gobierno español confirmaban que en los últimos días se habían intensificado los contactos entre las instituciones comunitarias y los titulares de Exteriores e Interior para sacar adelante el Real Decreto-ley que contenía la medida.
En Sumar celebran que finalmente el texto no se aprobase en el último Consejo de Ministros porque aseguran que, pese a tener encaje en "el Pacto de Migración y Asilo", no lo tiene "en un Ejecutivo progresista". "España no puede ser el campo de ensayo de este endurecimiento en las políticas", comentaba la eurodiputada Estrella Galán en una conversación informal con periodistas este miércoles.
La posición del socio del gobierno dibuja la segunda dimensión en el debate que mantiene abierto el Gobierno: la adaptación de las herramientas nacionales al nuevo marco europeo de migración y asilo, pero también los límites políticos dentro de la propia coalición. La discusión se produce, además, cuando los Estados miembros están comenzando a trasladar a sus ordenamientos y procedimientos nacionales las nuevas obligaciones derivadas del Pacto de Migración y Asilo. En este contexto, cualquier modificación adicional de los instrumentos de retorno puede tener implicaciones sobre la aplicación homogénea del marco europeo.
Alemania pide nuevas herramientas
Por su parte, el Gobierno alemán, encabezado por Friedrich Merz, quiere nuevas medidas legislativas que permitan denegar la entrada o efectuar devoluciones sin procedimientos individuales de asilo en el caso de migrantes "utilizados en un ataque híbrido".
Así lo reflejaban las enmiendas introducidas por su partido, la CDU, en una resolución durante la convención política de los populares europeos. Es decir, buscan poder suspender el asilo en crisis como la vivida el pasado mes de julio. La cuestión elevaba la presión sobre el debate europeo. Mientras España reclama herramientas que permitan mejorar la gestión de las fronteras exteriores y los retornos sin modificar el equilibrio del Pacto, Alemania plantea ampliar el margen de actuación de los Estados ante situaciones consideradas como ataques híbridos. Fuentes diplomáticas insisten en que esta petición ya viene regulada en la legislación nacional y prevé cuál es la suspensión automática de los recursos con terceros países. "El Pacto de Migración y Asilo logra un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad", defienden en el Ejecutivo.
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El equipo del ministro Marlaska defiende que quiere seguir "utilizando nuestro procedimiento de asilo", con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la vez que pide "dotar de herramientas al Pacto sin necesidad de la suspensión del derecho de asilo".
La posición española pasa, por tanto, por reforzar las capacidades operativas y de cooperación con terceros países sin alterar el principio de acceso al procedimiento de protección internacional. Es en este punto donde el Gobierno quiere situar su interlocución con el resto de socios europeos.
Marlaska busca rebajar la tensión entre los Veintisiete
Marlaska buscará en la reunión rebajar la tensión inicialmente vivida entre sus homólogos ante "la falta de solidaridad". Fuentes del Ministerio creen que una de las conclusiones de la gestión de esta crisis ha sido precisamente la falta de apoyo por parte de muchos socios europeos. "Lo que consiguió es mostrar la tremenda debilidad del bloque. Se puede fragmentar la UE con un chasquido", expresa un diplomático que recuerda que esto no había ocurrido en crisis como la de Lampedusa.
La referencia a la coordinación europea resulta especialmente relevante para España, que pretende evitar que una situación de presión migratoria en una frontera exterior termine generando respuestas nacionales descoordinadas. El Gobierno quiere que la gestión de Ceuta se integre dentro de una respuesta europea común, con herramientas compartidas y mecanismos de anticipación que permitan actuar antes de que la presión alcance niveles críticos. "Pediremos mirar Schengen con amplitud en el mapa", repiten en el equipo del ministro.
La reunión de los responsables de Interior de los Veintisiete servirá así para medir hasta dónde existe margen para reforzar las herramientas de gestión fronteriza, cooperación con terceros países y retorno, sin abrir una nueva negociación sobre el Pacto de Migración y Asilo.
Para el Gobierno español, la prioridad empieza por consolidar el marco que las capitales están comenzando a aplicar y aprovechar las nuevas capacidades que prepara Bruselas, especialmente en materia de Frontex, alertas tempranas y cooperación operativa. Al mismo tiempo, la crisis de Ceuta ha vuelto a colocar sobre la mesa una cuestión que atraviesa todo el sistema europeo de fronteras: hasta qué punto los Estados miembros están preparados para responder de manera coordinada cuando la presión se concentra sobre una frontera exterior de la Unión.