La ley de protección de menores en entornos digitales incorporará atención sanitaria para las adicciones tecnológicas y contenidos en lenguas cooficiales

El Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales (expediente 121/000052) se encuentra hoy, 1 de octubre de 2026, en fase de ponencia dentro de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Es decir, el texto está siendo negociado artículo por artículo a partir de las numerosas enmiendas presentadas por los grupos y de las transaccionales del Gobierno y sus socios, pero no ha sido aún votado en Pleno del Congreso ni remitido al Senado, por lo que no está aprobado definitivamente.

En cuanto al recorrido ya realizado, el proyecto llega al Congreso como iniciativa del Gobierno tras un anteproyecto sometido a audiencia pública y aprobado por el Consejo de Ministros. En marzo de 2025 el Ejecutivo remite el proyecto de ley orgánica al Congreso, donde es admitido a trámite y se abre un amplio plazo de enmiendas, prorrogado en varias ocasiones por el volumen de propuestas de los grupos y de los actores del sector digital.

El 10 de septiembre de 2025 el Pleno del Congreso celebra el debate de totalidad. En esa sesión se rechaza la enmienda de devolución presentada por Vox —que pedía enviar el texto de vuelta al Gobierno— y, al superar este primer filtro, el proyecto queda ratificado en su toma en consideración y “continúa su tramitación en ponencia, comisión y Pleno”. Desde entonces se despliegan comparecencias de expertos en la Comisión de Justicia y se acumulan enmiendas parciales sobre aspectos clave como el control parental, la verificación de edad, la responsabilidad de plataformas y fabricantes, o la tipificación penal de conductas como los deepfakes pornográficos o la manipulación algorítmica.

Durante 2025 y 2026 el eje del trabajo se desplaza a la ponencia, un órgano reducido designado en el seno de la Comisión de Justicia. Esa ponencia se reúne en varias ocasiones para estudiar las enmiendas, pactar transaccionales y redactar un informe de ponencia. Las crónicas parlamentarias y de prensa describen un proceso intenso de negociación: el Gobierno y sus socios intentan cerrar un texto que, entre otras cosas, prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales con contenidos dañinos, refuerza el control parental y endurece la persecución penal de determinados delitos cometidos en entornos digitales, mientras que la oposición y el sector plantean reservas sobre el alcance de las obligaciones y el impacto tecnológico y económico.

La información más reciente disponible indica que, tras reuniones de la ponencia en primavera y verano de 2026, la ponencia sigue “en marcha” y sin fecha cerrada de conclusión de sus trabajos. Los grupos señalan que se han incorporado ya enmiendas de la mayoría progresista y de otras formaciones (por ejemplo en materia de derechos lingüísticos en el entorno digital), pero reconocen que “todavía queda mucho trabajo parlamentario” para perfilar el articulado definitivo.

Desde el punto de vista procedimental, el encaje es el siguiente:

• Fase actual (Congreso – ponencia en Comisión de Justicia): la ponencia examina el texto y las enmiendas, acuerda cuáles se incorporan y redacta un informe.
• Próximo hito en el Congreso: una vez cerrado, el informe de la ponencia se eleva a la Comisión de Justicia, que debatirá y votará el articulado para aprobar un dictamen de comisión. Si la comisión no tiene competencia legislativa plena sobre este proyecto, ese dictamen debe ir necesariamente al Pleno.
• Pleno del Congreso: el Pleno debatirá el dictamen y las enmiendas que sigan vivas y, tratándose de una ley orgánica, deberá celebrar una votación final de conjunto que exige mayoría absoluta. Solo si supera esa votación el texto quedará formalmente aprobado por el Congreso.
• Trámite en el Senado: el proyecto se remite después al Senado, donde los senadores pueden presentar enmiendas o incluso un veto. El Senado puede aprobar el texto sin cambios, introducir modificaciones o vetarlo.
• Vuelta al Congreso: si el Senado aprueba enmiendas o formula un veto, el Congreso deberá pronunciarse: puede aceptar o rechazar las enmiendas, y puede levantar el veto con las mayorías que marca la Constitución, manteniendo la última palabra.
• Sanción, promulgación y BOE: solo cuando el texto definitivo resultante de la relación Congreso–Senado esté cerrado, se remite al Rey para su sanción y promulgación y se publica en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí la ley entra en vigor en la fecha que disponga su disposición final.

En conclusión, la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales se encuentra en una fase avanzada pero intermedia de la tramitación en el Congreso: ha superado el debate de totalidad, está en pleno trabajo de ponencia en la Comisión de Justicia y aún debe pasar por dictamen de comisión, Pleno del Congreso, revisión del Senado y aprobación definitiva antes de convertirse en ley vigente.

Según la legislación vigente, las comunidades autónomas (CCAA) son las principales responsables de la sanidad interior, dentro del marco básico que fija el Estado. La Constitución y las leyes sanitarias estatales (en especial la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud) articulan un modelo en el que el Estado fija bases y coordina, mientras que las CCAA planifican, organizan y gestionan la asistencia y la salud pública en su territorio.

1. Marco constitucional de reparto de competencias

La Constitución establece un doble plano:

• Competencias asumibles por las CCAA: el artículo 148.1.21 permite que los estatutos atribuyan a las comunidades la competencia sobre sanidad e higiene. La mayoría de estatutos han asumido esta materia con un alcance muy amplio.
• Competencias exclusivas del Estado: el artículo 149.1.16 reserva al Estado la sanidad exterior, las bases y la coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. Es decir, el Estado fija el marco básico y coordina; las CCAA desarrollan y ejecutan ese marco.

Sobre esta base, las comunidades ejercen las competencias sanitarias que sus estatutos les atribuyen y las que el Estado les transfiere o delega, mientras que las decisiones no reservadas expresamente al Estado se entienden atribuidas a las CCAA, de acuerdo con la Ley General de Sanidad.

2. Competencias específicas de las CCAA en sanidad

En la práctica, las competencias autonómicas se agrupan en tres grandes bloques: organización del sistema, planificación/ordenación y salud pública/asistencia.

a) Organización y gestión del servicio de salud

• Creación y organización del Servicio de Salud autonómico: cada comunidad constituye su propio servicio de salud, que integra todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos en su territorio (hospitales, centros de salud, dispositivos de salud mental, etc.).
• Gestión de centros y dispositivos: planificación de la red de centros, apertura y cierre de recursos, definición de niveles asistenciales, áreas y zonas básicas de salud, y organización de los servicios de atención primaria, especializada y sociosanitaria.
• Gestión de recursos humanos: selección, provisión de plazas, organización del trabajo, carrera y régimen del personal estatutario de los servicios de salud, dentro del marco básico estatal (Estatuto Marco) y de la normativa laboral y de función pública.
• Gestión económica y contractual: elaboración y ejecución de los presupuestos sanitarios autonómicos, contratación de servicios y conciertos con entidades privadas, dentro de los límites de la legislación básica de contratación pública y de las formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

b) Planificación y ordenación sanitaria

• Planificación sanitaria autonómica: elaboración de planes de salud, estrategias y programas de intervención sobre los principales problemas de salud de la población de la comunidad.
• Ordenación general de recursos: definición del mapa sanitario (áreas, zonas básicas), criterios de accesibilidad, tiempos máximos de respuesta, y distribución territorial de los dispositivos asistenciales.
• Cartera complementaria de servicios: sobre la cartera común básica y suplementaria definida por el Estado, las CCAA pueden aprobar prestaciones adicionales con cargo a sus propios presupuestos (por ejemplo, ampliar colectivos beneficiarios o incorporar técnicas no incluidas aún en la cartera común).

c) Salud pública y vigilancia epidemiológica

• Vigilancia epidemiológica y control de brotes: recogida y análisis de datos, detección precoz de riesgos, investigación y control de brotes epidémicos en coordinación con el Estado cuando la situación supera el ámbito autonómico.
• Programas de prevención y promoción de la salud: vacunación, cribados poblacionales (cáncer, enfermedades metabólicas, etc.), programas de salud escolar, salud laboral en coordinación con la normativa de prevención de riesgos, campañas antitabaco, de alimentación saludable, etc.
• Control sanitario del medio y de productos: inspección y control sanitario de aguas de consumo y recreativas, residuos, establecimientos alimentarios minoristas y de restauración, industrias sometidas a control ambiental, y otros factores ambientales que inciden en la salud, de acuerdo con las bases estatales.

3. Funciones de gestión ordinaria dentro de la legislación básica

A la luz de la Ley General de Sanidad y de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, las CCAA ejercen, además, funciones de:

• Prestación directa de la asistencia sanitaria en atención primaria, especializada, urgencias y transporte sanitario.
• Gestión de sistemas de información sanitaria y elaboración de estadísticas de salud de su ámbito, coordinadas con los sistemas estatales.
• Inspección y sanción en materia sanitaria respecto de centros, servicios, establecimientos y profesionales ubicados en su territorio.
• Participación en los órganos de coordinación del Sistema Nacional de Salud (Consejo Interterritorial), donde se acuerdan criterios comunes, estrategias de salud y actuaciones coordinadas entre todas las administraciones sanitarias.

En resumen, el Estado fija el marco básico, la sanidad exterior, la política farmacéutica y la coordinación general, mientras que las comunidades autónomas disponen de competencias amplias y específicas para organizar, planificar y gestionar la sanidad y la salud pública en su territorio, configurando de hecho el funcionamiento cotidiano del Sistema Nacional de Salud.

Sumar nace como una coalición amplia a la izquierda del PSOE, impulsada inicialmente por Yolanda Díaz para unir a fuerzas estatales y territoriales que venían de la experiencia de Unidas Podemos y de distintas confluencias. Con el tiempo, ha ido mutando: de “paraguas” de muchos partidos a un espacio más acotado, donde el peso principal recae hoy en Movimiento Sumar, Izquierda Unida, los Comuns y Más Madrid, en proceso de reconfiguración hacia un “frente amplio” de nueva marca.

¿Qué partidos han formado parte de Sumar?

En su arranque electoral, especialmente en las generales del 23 de julio de 2023, la coalición Sumar agrupó a una quincena larga de fuerzas de izquierda, verdes y territorialistas. Entre las más destacadas se encuentran:

• Movimiento Sumar: el partido impulsado por Yolanda Díaz para articular el espacio y servir de “argamasa” organizativa.
• Podemos: integrado en la coalición del 23J tras una negociación muy tensa; abandonó después el Grupo Plurinacional Sumar y pasó al Grupo Mixto.
• Izquierda Unida (IU): heredera de la tradición comunista y ecosocialista, pieza clave tanto en la campaña del 23J como en los debates posteriores sobre refundación.
• Catalunya en Comú / Comuns: referente del espacio en Cataluña, con fuerte presencia municipal y en el Congreso.
• Más Madrid / Más País: el espacio liderado por Íñigo Errejón, con implantación en la Comunidad de Madrid y proyección estatal limitada, pero relevante en la estrategia de alianzas.
• Compromís: coalición valencianista que concurrió bajo el paraguas de Sumar en 2023 y en las europeas de 2024, aunque posteriormente ha marcado distancias y ha tenido tensiones notables.
• Chunta Aragonesista (CHA): fuerza aragonesista que se integró en el acuerdo general y obtuvo visibilidad a través de su diputado Jorge Pueyo.
• Més per Mallorca y Més per Menorca: partidos ecosoberanistas de Baleares, que dieron expresión territorial a la coalición.
• Verdes Equo / Partido Verde y Alianza Verde: organizaciones ecologistas que aportaron el componente verde a la plataforma.
• Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana, Iniciativa del Pueblo Andaluz y otras fuerzas menores de ámbito autonómico o local, que completaron la dimensión plurinacional del proyecto.

En el Congreso, el Grupo Plurinacional Sumar ha llegado a integrar a diputados de Sumar, IU, En Comú, Compromís, Más País–Más Madrid, CHA y Més per Mallorca, además de contar con la presencia política de otras organizaciones que, aunque sin escaño propio, participan en los órganos de coordinación (Equo, Alianza Verde, etc.).

Trayectoria política reciente

La trayectoria de Sumar desde su lanzamiento hasta hoy puede resumirse en varias fases:

• Construcción del frente común (2022–mediados de 2023): Yolanda Díaz recorre el país en un “proceso de escucha” y va tejiendo acuerdos con fuerzas estatales y territoriales. El objetivo: presentar una candidatura unitaria a la izquierda del PSOE.
• Acuerdo del 23J y entrada en el Gobierno (2023): Sumar logra un pacto con más de quince partidos y obtiene 31 escaños, convirtiéndose en cuarta fuerza y socio minoritario del nuevo Gobierno de coalición con el PSOE. Se reparten carteras ministeriales y se conforma un grupo parlamentario plurinacional con portavocías repartidas entre Sumar, IU, Comuns, Compromís, CHA y Més.
• Ruptura con Podemos y primeras fugas (finales de 2023–2024): el desacuerdo sobre el acceso de Podemos al Consejo de Ministros y otras tensiones llevan a los cinco diputados morados a abandonar el Grupo Plurinacional Sumar y pasar al Grupo Mixto. Empieza una dinámica de erosión interna y pérdida de cohesión.
• Reveses electorales y dimisión de Yolanda Díaz (2024): los malos resultados en elecciones autonómicas (como las gallegas) y, sobre todo, en las europeas de 2024 —donde Sumar logra tres eurodiputados y deja fuera a IU mientras Podemos obtiene dos por separado— precipitan la dimisión de Díaz como líder orgánica de Sumar, aunque mantiene la Vicepresidencia del Gobierno y la presidencia del grupo parlamentario.
• Reordenación interna y tensiones (2025): se suceden cambios en la portavocía parlamentaria, dimisiones en la dirección y salidas de diputados. Sumar pasa de 31 a alrededor de 26 escaños, con disputas sobre estrategia electoral y reparto de visibilidad entre socios.
• Hacia un “nuevo Sumar” o frente amplio (2026): Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid impulsan una nueva alianza de carácter más estable y reglado, abierta a otras fuerzas, pero ya no identificada exactamente con la coalición de 2023. Se habla de una nueva marca electoral —a menudo citada como “Frente Amplio”— y de normas comunes de funcionamiento, primarias y mecanismos de participación ciudadana. Podemos, por ahora, se mantiene fuera de este rediseño.

En síntesis, Sumar ha pasado de ser un amplio paraguas de confluencias a un espacio más reducido y en refundación, que intenta conservar influencia gubernamental y parlamentaria mientras redefine su sujeto político y sus alianzas de cara a las próximas generales.