El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco Ramírez, ha defendido en el pleno de la Asamblea el Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, al que ha calificado como una hoja de ruta “seria, ambiciosa y realista”, frente a la postura del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo diputado Juan Ramón Ferreira ha avanzado que registrará una petición de debate monográfico para que la oposición pueda plantear propuestas.
Ramírez ha intervenido a petición propia para exponer las líneas maestras de este plan, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de octubre y dotado con 951,7 millones de euros. Ha remarcado que se trata de un instrumento con metas “concretas y medibles”, dirigido especialmente a los jóvenes, a los hogares con menos recursos y al ámbito rural, y que ha sido elaborado tras un proceso de diálogo con los agentes económicos y sociales, las entidades locales y los distintos actores del sector.
El consejero ha insistido en que “este plan no nace ni de un despacho ni nace de una ocurrencia, nace del trabajo técnico, de un trabajo riguroso, de la realidad extremeña y sobre todo del diálogo. Un plan pensado por y para los extremeños”, subrayando además que “nunca un gobierno de Extremadura ha destinado una cifra siquiera parecida a la política de vivienda”, en contraste con el anterior plan, que contaba con 188 millones de euros.
Tres grandes metas y cuatro ejes estratégicos
Según ha detallado Ramírez, el plan se articula en torno a tres grandes metas para los próximos años: asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible; reforzar y blindar el parque público de vivienda; y contribuir a fijar población en los municipios, generando al mismo tiempo oportunidades en el medio rural.
Para alcanzar estos fines, se ha diseñado una estrategia “muy ambiciosa”, “realista” y “ejecutable”, estructurada en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación “más concretas” y 49 medidas específicas. Entre los grandes ejes figuran facilitar el acceso a la vivienda, al que se destinan 498 millones de euros; impulsar la rehabilitación y regeneración urbana, con 127 millones; proteger y fortalecer el parque público de vivienda, con 126 millones; y un bloque de innovación, formación y cooperación dotado con unos 200 millones de euros.
Colectivos prioritarios y reforma normativa
El Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura fija como colectivos prioritarios a los jóvenes, a las familias y personas con menores recursos económicos y al mundo rural. Ramírez ha añadido que el despliegue del plan irá acompañado de una “profunda reforma normativa” a lo largo de la legislatura. Ha defendido que “no hay que demonizar a nadie, hay que colaborar entre la Administración y el sector privado. También creemos en la seguridad jurídica pero no solamente de una parte del contrato, la seguridad jurídica para las dos partes del contrato, para los arrendatarios pero también para los propietarios”.
El PSOE exige un debate monográfico
En el turno de los grupos, el portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Ferreira, ha anunciado que registrará este jueves una solicitud para celebrar un debate monográfico sobre vivienda, con la finalidad de que la Junta se pronuncie sobre las iniciativas que plantee la oposición en esta materia.
Ferreira ha acusado al consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de “torcer” el reglamento al optar por una comparecencia, lo que, a su juicio, impide que los grupos puedan presentar propuestas de resolución y formular aportaciones concretas al documento. También ha puesto en duda los objetivos expuestos por el Ejecutivo regional y ha pedido a Ramírez que aclare si el gobierno extremeño construirá las 3.500 viviendas comprometidas hasta 2030 o si, como ha precisado recientemente la secretaria general de la consejería, se limitará a facilitar el acceso a esas viviendas.
PP y Vox respaldan el plan frente a las críticas de la izquierda
El diputado del PP Miguel Ángel Nieto ha defendido que, para comprender el alcance del Plan de Vivienda, hay que partir de que la vivienda ha pasado de ser el problema número 16 para los españoles a situarse como el principal, algo que ha atribuido a los “ocho años de gobierno del Partido Socialista en el que las medidas que han tomado no han funcionado”.
En su intervención, ha asegurado que “el problema, señor Ferreira, es la demagogia del Partido Socialista en materia de vivienda, que se envuelve en la bandera de los vulnerables por la mañana y por la tarde se iba a la calle Ferraz a contar propiedades como quien juega al Monopoly”. Ha recalcado que la Junta ha puesto sobre la mesa un Plan de Vivienda con más de 950 millones de euros y 3.500 viviendas, frente a quienes “solo utilizan la vivienda como una herramienta electoral”.
La diputada de Vox Beatriz Muñoz ha manifestado su apoyo al Plan de Vivienda, que ha descrito como un marco de referencia sobre el que ahora corresponde trabajar. Ha advertido de que el éxito no se medirá por el volumen de inversión previsto, sino por el número de viviendas que finalmente se construyan, rehabiliten o adjudiquen, ámbito en el que su formación quiere plantear propuestas para que el plan “se traduzca en resultados”.
Entre esas propuestas, ha resaltado el papel de Urvipexa y la necesidad de reforzar la colaboración público-privada, reducir la carga fiscal para facilitar el acceso a la vivienda, avanzar en la desregulación y simplificación administrativa y revisar los criterios de adjudicación de las viviendas públicas autonómicas. “Defendemos que las administraciones deben atender primero a sus nacionales, reconocer la vinculación real de las personas con el territorio, el arraigo. Y lo decimos sin complejos”, ha afirmado.
Unidas por Extremadura cuestiona la financiación
Por último, la diputada de Unidas por Extremadura Alba Soto ha mostrado su sorpresa por la “poca defensa” que, a su juicio, ha realizado el consejero del plan, y ha criticado que la aportación directa de la Junta se limite a 182 millones de euros, “apenas el 19 por ciento” del total.
Ha detallado que “casi 498 millones dependen de financiación externa y privada y otros 273,5 millones proceden de fondos estatales y europeos. Por tanto, más del 80 por ciento por ciento de la financiación anunciada no procede de recursos propios de la Junta”. En este sentido, ha indicado que no discute la necesidad de las ayudas, de las medidas o de la construcción de nueva vivienda en Extremadura, sino que el Plan de Vivienda incorpore actuaciones ya anunciadas “sin explicar suficientemente” qué financiación adicional conllevan, cómo se corregirán los problemas detectados y qué resultados concretos se comprometen a lograr.