Los grupos parlamentarios de PP y Vox han reclamado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura que el Gobierno manifieste su “apoyo institucional” a la magistrada Beatriz Biedma, responsable de la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y que denunció haber sido objeto de maniobras dirigidas a desacreditarla y obtener datos sobre ella y su entorno.
La iniciativa, una propuesta de pronunciamiento impulsada por el PP, ha salido adelante solo con el respaldo de Vox y el rechazo de PSOE y Unidas por Extremadura. El portavoz ‘popular’, José Ángel Sánchez Juliá, ha iniciado su intervención trasladando un respaldo “rotundo” y “sin fisuras” a Biedma.
Según ha explicado, su grupo lleva este texto al Parlamento porque, a su juicio, el Gobierno y las “cloacas” del PSOE han sobrepasado “todas las líneas rojas” y han pasado “de la esfera política al terreno de lo criminal”. Ha recordado que hace unas semanas algunos medios difundieron informaciones que apuntaban a que las “cloacas del Partido Socialista hacían encargos a clanes del narcotráfico en Badajoz” para dar un “sustillo” a la jueza y frenar la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez.
“Informaciones que han pasado a ser confirmaciones”, ha remarcado, insistiendo en que estos hechos no se pueden “normalizar” y deben “reaccionar a todos” y hacer “saltar todos los resortes institucionales”. Ha censurado el “silencio cómplice” del PSOE, que considera “delatante” y “preocupante”, y ha interpelado a los socialistas sobre “¿cómo es posible, señorías, que en Extremadura hubiese una organización criminal, que se pusiesen determinados medios a su disposición, que se pusiesen determinadas infraestructuras y ni el partido del Gobierno ni el Gobierno de España hayan dado una sola explicación? ¿Cómo es posible tanto silencio, señorías?”.
El dirigente del PP ha señalado que su formación no espera del PSOE “apoyo” o “condenas”, sino explicaciones “urgentes” y respuestas a cuestiones como “¿quién dio la orden de deshacerse de la jueza Biedma?, ¿quién del Partido Socialista de Extremadura conocía a Leire --Díez-- y sabía lo que estaba pasando en Badajoz? o ¿quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?”. Ha añadido que este jueves la política extremeña se pronuncia con su voto y que los ciudadanos lo harán el 29 de noviembre, “eligiendo entre decencia o delincuencia, entre mafia o democracia”. “Lo que les digo es que la democracia va a sacar por la ventana a la mafia”, ha advertido.
Contenido de la propuesta
La propuesta de pronunciamiento plantea, entre otros puntos, que el Gobierno condene cualquier actuación orientada a investigar “de forma clandestina, desacreditar, intimidar, coaccionar o apartar a jueces, fiscales o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” por razón de las investigaciones que lleven a cabo.
El texto también insta a ordenar, dentro del ámbito competencial del Ejecutivo, la trazabilidad y conservación íntegra de documentos, correos, agendas, registros de visitas, expedientes, contratos, comunicaciones oficiales y demás información relacionada con los hechos, evitando su destrucción, alteración u ocultación y poniéndola a disposición de la autoridad judicial.
Asimismo, reclama reforzar los protocolos de integridad y denuncia en la Administración General del Estado y su sector público, de modo que cualquier “ofrecimiento de favores, presión, petición de información reservada o intento de interferencia en una investigación judicial, fiscal o policial sea documentado y comunicado de inmediato a la autoridad competente, con protección efectiva frente a represalias”.
Otra de las medidas previstas es la adopción de actuaciones de protección y seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de la magistrada instructora del caso del hermano del presidente, así como de otros jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad u otros servidores públicos que pudieran verse “amenazados o intimidados” por su participación en las investigaciones.
Por último, el texto exige una posición “activa y firme” en defensa de la independencia judicial y del libre ejercicio de la función jurisdiccional, promoviendo, a través de los órganos y servicios jurídicos competentes, el ejercicio de cuantas acciones judiciales procedan legalmente. “Incluida, en su caso y cuando concurran los requisitos de legitimación exigibles, la personación de la Administración General del Estado en los procedimientos que pudieran derivarse de estos hechos, en defensa de los intereses generales y de las instituciones del Estado frente a cualquier actuación que, de resultar acreditada, pudiera estar dirigida a intimidar, condicionar o interferir ilegítimamente en el ejercicio independiente de la función judicial”, ha subrayado.
Postura de los grupos
Durante el debate, la portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha calificado la discusión de “debate impropio” y ha sostenido que se trata de una iniciativa que “ni siquiera debía haber sido calificada por la cámara”. A su entender, es un “esperpento” y ha recordado las “vergonzantes declaraciones” lanzadas en la Asamblea y en los medios por miembros del Gobierno regional y del PP sobre este asunto, preguntando “qué día han ido a la Fiscalía de Extremadura a denunciar lo que han dicho que saben”.
Ha incidido en que, si se asegura que existen “pruebas” y las “conocen”, deberían haber acudido a la Fiscalía. Ha tildado de “indecente la actitud política con la que han decidido transitar en la vida pública este nuevo PP de Extremadura” y ha reiterado que la posición del PSOE es “inequívoca” de apoyo a la jueza Biedma y a su familia.
La diputada de Vox Eva García Alegre ha defendido que lo que se está conociendo sobre el “caso Leire Díez” no es “ruido”, sino el “uso nauseabundo de métodos mafiosos” para “perseguir, espiar en la vida privada de los jueces y fiscales y desprestigiarlos por cumplir con su deber de investigar”. “Grábenselo en la cabeza, señores del PSOE, nadie está por encima de la ley, no hay ningún partido político por encima de la Constitución”, ha afirmado, recalcando que gobernar no otorga a los socialistas “ni patente de corso ni impunidad”.
García Alegre ha condenado “rotundamente” cualquier coacción a la magistrada Beatriz Biedma y ha recordado al PSOE que el poder es “temporal, no es eterno” y que la legitimidad de las urnas “no es una bula para delinquir”.
Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, Juan Alessandro Schirinzi Pareés, ha asegurado que la tribuna desprende “vergüenza ajena”, al considerar que el PP extremeño ha optado por ser un “meme con patas”, algo que, según ha dicho, se refleja en su “actividad parlamentaria” y en la “calidad” de propuestas como la debatida.
Ha sostenido que la iniciativa parece extraída de las “páginas centrales de cualquier revista del corazón” y ha pedido otorgarle “presunción de veracidad”, al tiempo que ha instado a los ‘populares’ a mirar primero lo que “tienen en casa”. En este punto, ha aludido a las “cloacas del PP”, mencionando la “maniobra montada” para ocultar la muerte y el asesinato “por incompetencia de 42 militares españoles”, la supuesta existencia de armas de destrucción masiva o la actuación de la llamada policía patriota.