La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado este viernes que la Mesa de la Asamblea de Extremadura ha vuelto a bloquear la tramitación de un proyecto de ley destinado a la creación de una Oficina contra el Fraude en la comunidad. Ante esta situación, ha avanzado que su grupo presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que se está lesionando la facultad de los diputados para registrar iniciativas legislativas.
En su comparecencia ante los medios, De Miguel ha explicado que la Mesa ha rechazado de nuevo la propuesta alegando “que no cumple porque afecta al presupuesto”, pese a que la disposición final del texto establece que la norma entraría en vigor con las cuentas del ejercicio siguiente.
“Nos parece muy grave esto básicamente porque vetar de esta manera esta ley, exponiendo este argumento, hace que sea imposible presentar ningún tipo de ley ya en la Asamblea”, ha manifestado De Miguel, que considera que este criterio impide de facto la actividad legislativa de la oposición.
La diputada ha advertido de que “la Asamblea ahora mismo ya está cerrada para que la oposición pueda presentar ningún tipo de ley porque, si la excusa o argumento que van a poner es que afecta al presupuesto, es obvio que todos los proyectos de ley afectan al presupuesto”, insistiendo en que no se puede impedir la tramitación de una norma cuando la propuesta prevé su entrada en vigor con el siguiente presupuesto.
Por ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha reiterado que acudirá al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, al considerar que se está vulnerando el derecho de los diputados a impulsar proyectos de ley en la Cámara autonómica.
Asimismo, ha calificado de “bastante grave” para el funcionamiento del Parlamento el “autoritarismo” de PP y Vox y la forma “tan patrimonial” de concebir las instituciones, en las que, según ha criticado, “solo puede salir adelante lo que ellos presentan”, sin admitir que la oposición registre iniciativas que “tienen que ser debatidas y que pueden ser legítimamente tumbadas con los votos”.
Respecto a la Oficina contra el Fraude que plantea su formación, De Miguel ha detallado que se configuraría como un órgano independiente de la Administración, encargado de examinar procedimientos administrativos y licitaciones que pudieran incurrir en fraude de ley.
Ha recordado que estructuras similares ya funcionan en otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Navarra o Comunidad Valenciana. De Miguel ha atribuido a la “oposición” de PP y Vox el bloqueo a la puesta en marcha de este organismo, y ha subrayado que “quien tiene algo que esconder, obviamente, no quiere que nadie le vigile”.
“Yo creo que blanco y en botella, leche. Esta gente lo que no quiere es que nadie investigue la corrupción que pueden estar llevando a cabo dentro de la Administración Pública”, ha concluido.