El PPdeG ha defendido este martes en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley con la que pretende poner en valor las políticas de la Xunta para "ampliar" el número de potenciales beneficiarios de las viviendas públicas y protegidas mediante la modificación del tope de la renta máxima exigida.
La iniciativa ha sido presentada por el diputado popular Moisés Rodríguez, quien ha afirmado que se trata de una "buena medida" que avanza en la "buena dirección" para que un número creciente de hogares pueda acceder a una vivienda digna a precios asumibles.
Rodríguez ha explicado que el Ejecutivo del PP quiere llegar a más familias elevando el umbral hasta cuatro veces el Iprem, y hasta 4,5 veces en el caso de las familias numerosas para el acceso a vivienda pública. Además, ha destacado que se mantiene la reserva del 25% de las viviendas de protección en compra para menores de 36 años, que el 40% del parque en alquiler seguirá destinado a jóvenes y que se tendrá en cuenta la antigüedad como demandante en los registros.
"En Galicia el compromiso de la Xunta se mide en programación, en hechos, en inversión y no en simples proclamas y propaganda electoralista", ha remarcado el parlamentario del PP, que ha rechazado las enmiendas planteadas por BNG y PSdeG.
La proposición no de ley se someterá a votación el miércoles y, previsiblemente, saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del Grupo Popular en la Cámara autonómica.
Críticas y dudas de la oposición
Por parte de la oposición, el primero en tomar la palabra ha sido el diputado del PSdeG Aitor Bouza, que ha acusado al PP de hacer el "ridículo" con el texto de la iniciativa, en la que literalmente se acordaba poner en valor "las políticas dirigidas a ampliar el número de potenciales beneficiarios de viviendas públicas y protegidas, en particular, la reducción de los umbrales de renta máxima para acceder a un inmueble y la ampliación de la reserva al 30% de las viviendas públicas en venta para las personas de entre 36 y 45 años".
"Es un ridículo total, no saben ni lo que proponen. Aumentar el umbral o reducir el umbral. Porque lo que ustedes van a votar es reducir el número de personas beneficiarias, porque si recuden el umbral, menos personas", ha señalado, reprochando al PP que "Vaya a votar la iniciativa diciendo lo contrario de lo que acaba de aprobar la Xunta y que no pase nada". "Son un meme con patas, se hacen oposición a sí mismos", ha añadido.
La diputada del BNG Alexandra Fernández ha afirmado, por su parte, que el interés del Gobierno gallego en promover más vivienda protegida viene acompañado de "cambios importantes" para convertirla en "un negocio más rentables para promotores y constructoras".
Ha recordado que, tras las modificaciones legales de 2021 "por la puerta de atrás", el precio de la vivienda protegida acumula desde entonces un incremento del 56%. Después de preguntarse si existe alguien que cobre hoy un 56% más que en 2021, ha asegurado que "la vivienda protegida es inaccesible porque subió por encima de la capacidad adquisitiva de las familias". En su opinión, el PP no impulsa esta PNL para que más familias accedan a este tipo de inmuebles, sino para que haya "alguna" que pueda hacerlo después de "meterle una subida desproporcionada e injustificada".
El BNG reclama a la Xunta ejercer el derecho de retracto
En la sesión de la tarde, el pleno ha debatido otra proposición no de ley sobre vivienda, esta vez impulsada por el BNG y defendida también por Alexandra Fernández, que ha instado a la Xunta a ejercer el derecho de compra preferente por parte del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) cuando se enajene una vivienda protegida.
"Es un tres por uno, salva parte de la vivienda protegida y le da protección permanente, amplía el parque de vivienda pública y acaba con los fraudes en las ventas de vivienda protegida", ha argumentado la diputada nacionalista.
Fernández ha detallado que, para avanzar en esta línea, la iniciativa exige que la Xunta facilite datos sobre el número exacto de viviendas protegidas que se van a descalificar en los próximos años, con el fin de disponer de una radiografía precisa del parque existente.
Además, el texto emplaza al Gobierno gallego a ejercer ese derecho de retracto ya regulado y a planificar para los próximos años la compra de viviendas protegidas que salgan al mercado. También plantea reforzar los instrumentos legales de la Administración autonómica para evitar más descalificaciones, ampliando la capacidad de compra del IGVS sobre las viviendas protegidas situadas en zonas de mercado residencial tensionado y que vayan a perder su calificación en los próximos 15 años.
La proposición ha recibido el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista. Su diputado Aitor Bouza ha remarcado el apoyo del PSdeG a "esta y todas las iniciativas que vayan en beneficio de los derechos" de la ciudadanía gallega. "Hoy debatimos profundamente sobre las viviendas protegidas y el PP ya nos ha demostrado que no quiere realmente que la especulación quede al margen de la ley", ha indicado, aludiendo al rechazo de los populares a la reforma de la Ley de Vivienda de Galicia que él mismo defendió por la mañana para reclamar la protección permanente de las viviendas públicas.
En el lado contrario, el parlamentario del PP Moisés Rodríguez ha anunciado el voto en contra de su grupo y ha acusado a BNG y PSdeG de pretender que se "expropie". Ha censurado que el Bloque acuda a la Cámara a hablar del derecho de tanteo y retracto de la vivienda protegida como si fuese "la poción mágica que va a solucionar los problemas de la emergencia habitacional".
"Su brillante idea es que todos los pisos que salgan a la venta, venga la Xunta y que los compre. Hay que intervenir, tutelar, asfixiar...", ha señalado.
El diputado popular ha afirmado que el "BNG siempre tira al monte" y que finalmente se ve su "careta". También ha asegurado que cada integrante de la formación "lleva un comunista pequeño dentro". "Y cada vez que puede sale ese comunista", ha manifestado.
"Ustedes son los de la hiperregulación, del intervencionismo. Que se expropie!", ha exclamado, para defender después que "esos es lo que quieren hacer los nacionalistas y lo socialistas".
Rodríguez ha concluido que ya existen mecanismos de control suficientes para garantizar la función social de la vivienda protegida y ha advertido de que "una intervención masiva de la administración sobre estas viviendas podría limitar las oportunidades de acceso a la vivienda".