El Parlament exige más medios judiciales y forenses para atender a menores víctimas de violencia sexual

El Parlament aprueba reforzar los recursos judiciales y forenses para menores víctimas de violencia sexual y aborda la precariedad de los cuidados en Menorca.

El Parlament exige más medios judiciales y forenses para atender a menores víctimas de violencia sexual

El Parlament exige más medios judiciales y forenses para atender a menores víctimas de violencia sexual

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

3 minutos

Más leídas

Elecciones 29N · Encuestas

La media de las encuestas

Media a 4 de noviembre de 2026 · 15 institutos

  • PP31,0 %
  • PSOE26,3 %
  • Vox19,5 %
  • Frente Amplio6,5 %
  • ERC2,5 %
  • Podemos2,2 %
  • SALF2,2 %
01020304050ene 2024jul 2024ene 2025jul 2025ene 2026jul 2026

Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

Todas las encuestas

Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha dado luz verde por unanimidad a una proposición no de ley del PP que reclama reforzar los recursos judiciales y forenses destinados a la atención de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Los siete puntos de la PNL defendida por la diputada 'popular' han recibido el respaldo de todos los grupos y plantean, entre otras medidas, que el Govern y las instituciones competentes impulsen la implantación progresiva del modelo Barnahus, garantizando una atención integral, especializada, coordinada y centrada en las necesidades de los menores víctimas de violencia sexual.

La iniciativa también solicita al Gobierno central que asegure una dotación suficiente, estable y equilibrada territorialmente de profesionales de la psicología, del trabajo social y de otros equipos técnicos y forenses adscritos a la Administración de Justicia, con especial énfasis en los especialistas que realizan la exploración y valoración de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Además, la PNL insta al Ejecutivo estatal a poner a disposición de la Administración de Justicia los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios para aplicar de forma efectiva las medidas dirigidas a evitar la victimización secundaria de los menores víctimas de violencia sexual, a facilitar la participación plena de los equipos técnicos y forenses en el despliegue del modelo Barnahus en las Islas y a garantizar que Menorca, Eivissa y Formentera tengan un acceso real y en condiciones de equidad a los profesionales necesarios para la atención de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Por otro lado, la propuesta reclama al Govern autonómico que habilite el espacio físico adecuado para el desarrollo del modelo Barnahus y que acelere la contratación de personal propio para la Unidad de Tratamiento del Abuso Sexual Infantil (Utasi).

Precarización de los cuidados en Menorca

En la misma sesión, la Comisión ha aprobado, con el rechazo de Vox en la mayoría de los puntos, una iniciativa de Més per Menorca, defendida por la diputada Joana Gomila, que insta al Govern a elaborar un plan estratégico de cuidados y dependencia con horizonte 2030, que contemple objetivos claros, recursos suficientes, un calendario de ejecución y sistemas de evaluación eficaces para corregir posibles déficits.

La propuesta subraya que la precarización del trabajo de cuidados perpetúa situaciones de discriminación de género y actúa como obstáculo para la igualdad real entre mujeres y hombres, así como para el bienestar y la cohesión social.

En virtud de esta iniciativa, el Parlament insta al Ejecutivo autonómico a impulsar medidas que fomenten la corresponsabilidad efectiva en los cuidados, permisos laborales equitativos, así como campañas de sensibilización social sobre la relevancia de los cuidados y su valor social y económico, orientadas a la igualdad efectiva y a la dignificación del sector.

En esta línea, la Comisión pide al Govern que ponga en marcha programas de apoyo emocional y acompañamiento para las familias cuidadoras y para las personas cuidadoras no profesionales, con espacios de formación e información, programas de descanso y respiro, además de mecanismos de reconocimiento público de su función social esencial.

Asimismo, se reclama la creación de mecanismos estables de seguimiento y evaluación de las condiciones laborales en el sector de los cuidados, con datos desagregados por sexo, perfil profesional y territorio, que permitan detectar desigualdades y corregirlas. También se solicita la realización de un estudio, diferenciado por islas, sobre las necesidades actuales y futuras de personal de cuidados, incluyendo las derivadas del envejecimiento de la población, el aumento de la dependencia y la mayor complejidad de las necesidades asistenciales.

Por último, la iniciativa insta al Gobierno central a promover una ley integral de cuidados y dependencia que garantice derechos laborales dignos, salarios adecuados, estabilidad en la contratación y formación continuada para todas las personas profesionales del sector.