Al menos tres personas han perdido la vida y otras 15 han resultado heridas en una serie de ataques registrados en las provincias de Taiz, Ibb, Sada y en la capital, Saná, según han informado las autoridades hutíes, que responsabilizan a Arabia Saudí, principal valedor del Gobierno reconocido internacionalmente con sede en Adén.
El incidente más mortífero se ha producido en el área de Duban, en el distrito de Al Turba, en Taiz, considerada la provincia más castigada por el conflicto. En este punto, el Ministerio de Salud hutí ha indicado que un hombre y una mujer han muerto y otras seis personas han sufrido heridas, entre ellas dos niñas, tras una serie de bombardeos aéreos atribuidos a la coalición encabezada por Arabia Saudí.
Las autoridades insurgentes también han acusado de nuevo a la coalición de otro ataque con víctimas mortales en una carretera de Yarim, en la provincia de Ibb, donde un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido.
Posteriormente, el portavoz de Salud hutí, Anís Alasbahi, ha denunciado un herido adicional en un “bombardeo de la aviación enemiga saudí” en el distrito de Razi, en la provincia de Sada, antes de advertir de una doble incursión aérea sobre la capital, Saná.
En la capital, el primer bombardeo ha dejado gravemente heridos a un hombre y una mujer que se encontraban en el distrito de Bani al Harit, en el norte de la ciudad, mientras que el segundo ataque, que ha alcanzado una fábrica de esponjas en el sur de Saná, ha causado cuatro heridos, entre ellos un menor.
En este contexto, Alasbahi ha afirmado que “atacar barrios residenciales e instalaciones de producción constituye una violación flagrante del Derecho Internacional humanitario y se suma a la serie de crímenes cometidos por el agresor saudí”. A su juicio, estos ataques “requieren investigación y la exigencia de responsabilidades a nivel internacional”.
Los enfrentamientos entre el movimiento hutí y el bloque integrado por el Gobierno con base en Adén y la coalición liderada por Riad se han sucedido de forma constante en las últimas semanas, con un agravamiento de las consecuencias humanitarias sobre la población civil.
Entre estos efectos destaca el aumento de las personas desaparecidas, que desde julio supera las 1.800, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Yemen. El organismo ha detallado en redes sociales que esta cifra responde a las peticiones recibidas para localizar a personas cuyo rastro se ha perdido, presentadas por familias desesperadas por saber qué ha ocurrido con sus allegados.
“Las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos”, ha señalado la jefa de la delegación del CICR en Yemen, Christine Cipolla, quien ha recalcado que “detrás de cada persona desaparecida hay una familia que soporta el sufrimiento insoportable de la pérdida; su espera no debe prolongarse”.