El futuro equilibrio entre progresistas y conservadores del Tribunal Constitucional podría pasar por las urnas del próximo 29 de noviembre. La derecha tiene en las elecciones al Senado la posibilidad de alcanzar los tres quintos que necesita para renovar sin el concurso de la izquierda los cuatro magistrados cuya propuesta corresponde a la Cámara Alta, un relevo pendiente desde finales de 2025 que podría modificar la actual mayoría progresista del órgano.
La disputa convierte en decisiva una elección que tradicionalmente ha quedado relegada a un segundo plano frente al Congreso, donde se juega la formación del Gobierno. Esta vez, sin embargo, la diferencia entre una mayoría absoluta y una de tres quintos en el Senado puede determinar quién tiene capacidad para acordar los cuatro próximos nombramientos del Constitucional y si será necesario un pacto entre los dos grandes bloques para sacarlos adelante.
La izquierda ha comenzado también a moverse ante ese escenario. Este martes se presenta en Madrid Senadoras y Senadores por la Democracia, una iniciativa surgida de la sociedad civil que reclama candidaturas progresistas conjuntas para aprovechar las particularidades del sistema electoral de la Cámara Alta, primero con el objetivo de impedir que la derecha alcance los tres quintos y, en un planteamiento más ambicioso, para intentar disputarle la propia mayoría absoluta.
Cuatro magistrados y una mayoría en juego
El Senado tiene pendiente la renovación de Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, cuyos mandatos expiraron el 17 de diciembre de 2025 y que continúan en sus puestos hasta que sean sustituidos. Para elegir a sus sucesores, la Constitución exige el respaldo de tres quintas partes de la Cámara.
El relevo importa especialmente por el equilibrio actual del tribunal, compuesto por siete magistrados considerados progresistas y cinco conservadores. La mayoría cambió a comienzos de 2023, después de que tomaran posesión los cuatro miembros designados a finales del año anterior por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, dos por cada institución, poniendo fin al predominio que hasta entonces mantenía el sector conservador.
Los magistrados son nombrados, con carácter general, por nueve años, de manera que aquel tercio no volverá a renovarse hasta 2031. Los cuatro puestos que dependen ahora del Senado ofrecen, por tanto, la posibilidad más inmediata de modificar el actual equilibrio sin esperar a la siguiente renovación.
Ahí reside la importancia de los tres quintos. Si PP, Vox y las fuerzas que eventualmente respalden sus candidatos alcanzan esa mayoría, podrán acordar los cuatro nombramientos sin necesitar los votos de la izquierda. Si quedan por debajo, la renovación obligará a buscar apoyos fuera de ese bloque.
Un cambio en la composición no permite anticipar cómo resolverán los magistrados los asuntos que lleguen al tribunal, puesto que ejercen sus funciones con independencia, pero sí modificaría el equilibrio de un órgano llamado a pronunciarse sobre los recursos de inconstitucionalidad que se presenten contra las leyes aprobadas durante la próxima legislatura.
La izquierda busca frenar los tres quintos en las urnas
La renovación del Constitucional ha dado así una importancia poco habitual a las elecciones de una Cámara que tradicionalmente ha quedado eclipsada por el Congreso. La respuesta ha empezado a tomar forma también fuera de los partidos con Senadoras y Senadores por la Democracia, que se presenta este martes en el Ateneo de Madrid.
La iniciativa reclama a PSOE, Sumar, IU, Podemos, Más Madrid, Compromís y otras fuerzas progresistas que exploren candidaturas conjuntas en las distintas circunscripciones para evitar que la división del voto facilite a la derecha acumular senadores. Entre las personas vinculadas al grupo promotor figuran Cristina Almeida, Javier Pérez Royo, Gloria Elizo, Bruno Estrada, Cristina Monge y Juan Torres.
Su objetivo declarado no termina en impedir los tres quintos. La plataforma aspira a que la izquierda pueda disputar a la derecha la mayoría del Senado y acusa al PP de haber utilizado su mayoría absoluta durante esta legislatura para obstaculizar la acción del Gobierno.
La fórmula cuenta además con precedentes. En las elecciones de 2000, PSOE e IU acordaron candidaturas conjuntas al Senado en 27 provincias, aunque la alianza no logró contrarrestar la fortaleza electoral del PP, que consiguió 125 de los 208 senadores elegidos directamente en las urnas.
Una alianza en la izquierda, por tanto, podría obligar a PP y VOX a coordinarse de alguna manera en la elaboración de las listas a la Cámara Alta si quieren mantener su mayoría en la próxima legislatura y conservar sus aspiraciones a alcanzar los tres quintos. Por ejemplo, podría repetirse la fórmula que se empleó en noviembre de 2019, cuando VOX solo presentó un candidato por circunscripción. La fórmula dejaba a sus electores otros dos votos disponibles que podían destinar a candidatos de otras formaciones y facilitó, en la práctica, la concentración de apoyos en aspirantes del PP.
Cómo se eligen los senadores y por qué las alianzas pueden ser decisivas
A diferencia de lo que ocurre en el Congreso, en las elecciones al Senado no se votan listas cerradas de partido, sino candidatos individuales. El elector puede escoger nombres de una misma formación o repartir sus votos entre aspirantes de partidos diferentes, una peculiaridad que convierte la coordinación electoral en un factor mucho más importante.
La regla general establece que cada provincia peninsular elige cuatro senadores, aunque cada ciudadano puede votar como máximo a tres candidatos. Los cuatro nombres que reciben más apoyos consiguen los escaños, sin que exista un reparto proporcional entre partidos como el que se aplica para elegir a los diputados del Congreso.
Este sistema de voto limitado explica que habitualmente la candidatura más votada consiga tres senadores y la segunda se quede con el cuarto, siempre que sus respectivos electorados concentren los votos en los nombres presentados por cada formación. Cuando varios partidos del mismo espacio concurren por separado, en cambio, sus candidatos pueden acabar compitiendo entre sí por entrar entre los cuatro más votados.
Ahí reside el interés de las candidaturas conjuntas. Si varias fuerzas presentan los mismos candidatos y consiguen que sus votantes concentren en ellos sus apoyos, aumentan sus posibilidades de situarlos entre los primeros puestos, aunque el acuerdo no garantiza ningún resultado porque cada elector conserva la libertad de combinar nombres de diferentes partidos o de utilizar solo una parte de sus votos.
El reparto es diferente en los territorios insulares y en las ciudades autónomas. Gran Canaria, Mallorca y Tenerife eligen tres senadores cada una, mientras que Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma eligen uno. Ceuta y Melilla cuentan con dos cada una.
A los senadores elegidos directamente en las urnas se suman los designados por las comunidades autónomas, que cuentan con uno inicial y otro por cada millón de habitantes. Su elección corresponde a los respectivos parlamentos autonómicos, por lo que la composición definitiva de la Cámara Alta no depende exclusivamente de los votos depositados el 29 de noviembre.