Alemania, Francia, Reino Unido e Italia han arremetido este viernes contra las nuevas sanciones de Estados Unidos dirigidas al Tribunal Penal Internacional (TPI). Tras reiterar su respaldo absoluto a la labor de la corte, han advertido de que estas medidas punitivas tendrán un “impacto significativo” en su operativa diaria.
Al pronunciamiento se han adherido también Países Bajos, donde se encuentra la sede del tribunal, así como Japón, Canadá y Dinamarca. Todos ellos, Estados parte del Estatuto de Roma, fundamento jurídico del TPI, han difundido un comunicado conjunto en el que reafirman su “apoyo continuo e inquebrantable a la independencia, imparcialidad e integridad del TPI”.
“Como partidarios comprometidos del TPI, lamentamos y estamos totalmente en desacuerdo con el anuncio de sanciones que Estados Unidos impondrá a la corte”, señalan en el texto, en el que expresan además que toman “nota con reconocimiento” del trabajo del tribunal, que ya había previsto la posibilidad de estas represalias y ha puesto en marcha los preparativos necesarios para seguir desarrollando su mandato.
Pese a las medidas preventivas adoptadas por el TPI, los ocho Estados alertan de que, si Washington termina ejecutando las sanciones anunciadas, “tendrán un impacto significativo en el trabajo de la Corte, su dedicado personal y sus familias, que trabajan todos los días para llevar ante la justicia a los acusados de los crímenes internacionales más graves y apoyar a sus víctimas”.
Los países firmantes subrayan que se mantienen “comprometidos a entablar un diálogo constructivo e inclusivo con los Estados no parte”, en clara referencia a Estados Unidos. “Continuaremos trabajando juntos para apoyar el trabajo vital del tribunal para defender el sistema internacional basado en reglas y promover la rendición de cuentas”, concluye la declaración conjunta.
Suiza, también Estado parte del Estatuto de Roma, ha expresado por separado su rechazo a las sanciones. En un comunicado propio “reafirma su apoyo al TPI como una institución judicial independiente e imparcial” y deja clara su oposición a “sanciones, amenazas u otras medidas destinadas a socavar la independencia del tribunal y su capacidad para cumplir con su mandato”.