La organización Amnistía Internacional ha alertado de que la inminente ejecución de Nidal Hasan, el psiquiatra del Ejército que asesinó a 13 personas en un tiroteo en la base militar estadounidense de Fort Hood en 2009, supone un acto de extrema crueldad, agravado por la decisión del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, de ordenar que el ajusticiamiento se emita en directo para el público.
El subdirector de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, Justin Mazzola, rechaza de manera tajante tanto la ejecución prevista para el próximo 3 de diciembre como el hecho de que se trate del primer fusilamiento desde 1961 y, además, su difusión en tiempo real.
Según Mazzola, la ejecución no solo es “condenable” por sí misma, sino que “pone de manifiesto la arbitrariedad inherente a la pena de muerte, retransmitir en directo la privación de la vida mediante un fusilamiento no haría sino multiplicar la crueldad de la pena capital y perpetuar el ciclo de violencia que, supuestamente, las autoridades pretenden erradicar”.
El responsable de Amnistía subraya que “la pena de muerte constituye una violación de los Derechos Humanos, bajo cualquier circunstancia”, y recuerda que los mecanismos internacionales de Derechos Humanos sostienen que las ejecuciones públicas “son incompatibles con la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Mazzola también rebate el argumento de su supuesto efecto preventivo al destacar que “la afirmación de que la pena de muerte tiene un mayor efecto disuasorio carece de fundamento: no existen pruebas de que posea un efecto disuasorio único. La pena de muerte no nos hace más seguros”.