El Gobierno de Javier Milei ha llamado este martes al embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, como gesto de protesta por la decisión de las autoridades de las islas Malvinas, bajo administración británica, de ampliar las licencias para realizar actividades de exploración y producción de petróleo en el archipiélago.
El Ejecutivo argentino trasladó así a Londres su “enérgico rechazo ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de ‘licencias’ de producción de hidrocarburos offshore”.
Según detalla un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales, el Gobierno también expresó su oposición a “la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la ‘licencia PL001’”.
En la nota oficial, el Ministerio subraya que “la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al Derecho Internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina”.
Buenos Aires insiste de forma particular en su rechazo a cualquier decisión unilateral que no cuente con “la expresa autorización de las autoridades competentes de la República Argentina”, al considerar que se trata de “un acto ilícito” tanto a la luz de la legislación argentina como del Derecho Internacional.
En esa línea, el comunicado remarca que “la República Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea la propia para establecer las condiciones que hagan posible las actividades referidas a hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, tanto para el otorgamiento de concesiones, participaciones, compromisos de inversión, como para la extensión de pretendidas licencias”.
El Ministerio que encabeza Pablo Quirno afirma igualmente que empleará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos” y para llevar ante los tribunales a quienes busquen “explotar de manera ilegal (sus) recursos naturales”.
Esta posición se hace pública después de que las autoridades de las Malvinas anunciaran una prórroga de cinco años de todas las licencias en vigor para actividades petroleras offshore, con la posibilidad de ampliarlas por otros dos años adicionales.