El Gobierno de Argentina ha comunicado este jueves que estudiará la posibilidad de llevar ante la Justicia internacional la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), con el objetivo de lograr una condena fuera del país contra Irán, señalado como responsable del ataque terrorista perpetrado en 1994 en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas.
El ministro de Justicia argentino, Juan Bautista Mahiques, ha explicado en sus redes sociales que se ha reunido con las autoridades de la AMIA para “analizar posibles acciones de demanda ante instancias internacionales”.
Mahiques ha subrayado que desde su Ministerio mantienen “un compromiso permanente con la búsqueda de la verdad y justicia para las 85 víctimas fatales, sus familias y los cientos de sobrevivientes”.
La causa por el atentado continúa su curso a través de un juicio en ausencia. En septiembre, el juez federal argentino Daniel Rafecas ordenó el procesamiento de ocho altos cargos iraníes y de miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá, señalados por su presunta participación en la planificación y ejecución del ataque.
En el documento judicial se detalla que la decisión de llevar a cabo el atentado se adoptó en agosto de 1993 por orden de las máximas autoridades del régimen iraní y que su ejecución fue encargada a Hezbolá, que articuló la operación mediante una red de apoyo desplegada en América Latina.
Rafecas definió el atentado como un crimen de lesa humanidad y lo encuadró en la figura de genocidio conforme al Derecho Internacional.
En particular, el magistrado apunta a Alí Falahiyan, entonces ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, que ocupaba la cartera de Asuntos Exteriores; Mohsen Rezai, por aquel entonces comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, y Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds, unidad de élite de la Guardia Revolucionaria.
Como partícipes necesarios figuran Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabani, agregado cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asqari, agente de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
Este procesamiento representó un avance en una causa que, más de tres décadas después del atentado, sigue sin haber llegado a la instancia de juicio oral.