Venezuela ha manifestado este martes su rechazo a la ampliación por dos años de la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, activa desde 2019 e impulsada para investigar las vulneraciones de derechos y libertades en el país desde el inicio del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez hasta hoy. El Gobierno venezolano sostiene que los instrumentos internacionales deben “acompañar y complementar las capacidades nacionales, no sustituirlas”.
Tras la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de extender el mandato de esta misión, la delegación venezolana ha subrayado que “no acompaña la renovación” porque el nuevo texto “incorpora modificaciones importantes respecto de resoluciones anteriores”, al tiempo que reduce “algunos de sus elementos más conflictivos”, de acuerdo con lo difundido por la cadena venezolana Globovisión.
Caracas ha defendido que es momento de “superar mecanismos de escrutinio establecidos sin consentimiento del Estado concernido” y ha insistido en que el país “no evade el diálogo” sino que “participa responsablemente en los mecanismos universales del sistema de Derechos Humanos”. La representación oficial ha añadido que su objetivo es avanzar hacia “modalidades de cooperación capaces de producir resultados concretos, sostenibles y construidos en conjunto”.
En esta línea, la delegación venezolana ha confirmado la “reanudación de la cooperación” entre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), incorporando una “cláusula” que abra la puerta a una “transición hacia un esquema basado en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica”.
En contraste con la postura del Gobierno, el coordinador general de la ONG venezolana Provea, Óscar Murillo, ha aplaudido en redes sociales la continuidad de la misión y ha resaltado la relevancia del “escrutinio internacional” para “impulsar un proceso de transición hacia la democracia que esté centrado en la dignidad humana, la justicia y la reconstrucción institucional”.
Por su parte, la ONG Cofavic, también venezolana y que ha documentado con “rigurosidad y persistencia” las violaciones de derechos humanos registradas en el país, ha celebrado igualmente en sus redes la “lucha conjunta contra la impunidad” y la “búsqueda de garantías para la plena rendición de cuentas”.