El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha condenado con firmeza los ataques con drones perpetrados el pasado 19 de octubre en la región de Abyei, territorio en disputa con Sudán del Sur, en los que murieron más de 150 personas y resultaron heridas decenas más. El órgano ha reclamado que se lleve a cabo una investigación rápida y en profundidad para que los responsables comparezcan ante la Justicia.
En una declaración oficial, los integrantes del Consejo de Seguridad han trasladado su “más sentido pésame” a los familiares de las víctimas mortales y a las comunidades afectadas, y han expresado sus deseos de una “pronta y completa recuperación” para todos los heridos.
El Consejo ha mostrado además una gran inquietud ante la posibilidad de que el número de fallecidos siga aumentando. La Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA) continúa con las tareas de verificación sobre el terreno, de modo que el balance definitivo de víctimas aún no se ha podido confirmar.
En el texto difundido, el órgano de la ONU ha subrayado que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) prohíbe de manera expresa los ataques dirigidos contra la población civil y sus bienes, y ha advertido de que este tipo de acciones “podrían constituir crímenes de guerra”.
En la misma línea, ha recalcado que todas las partes inmersas en conflictos armados están obligadas a respetar las normas del DIH para garantizar la protección de los civiles y ha exigido una investigación “completa, transparente y rápida” que esclarezca lo ocurrido y permita depurar responsabilidades.
Asimismo, el Consejo de Seguridad ha reiterado que Abyei debe seguir siendo una zona desmilitarizada y libre de fuerzas armadas, con la única excepción de la presencia de la UNISFA. Por este motivo, ha urgido a todos los actores sobre el terreno a cesar las operaciones militares y poner fin a la ocupación del área.
Por último, los miembros del Consejo han reafirmado su apoyo a la misión de Naciones Unidas desplegada en Abyei y han remarcado la importancia de que “todas las partes” colaboren con ella. El fin último, han indicado, es salvaguardar la seguridad de la población civil, del personal humanitario y de los efectivos encargados de las tareas de mantenimiento de la paz.
La guerra civil en Sudán comenzó en abril de 2023 tras las profundas discrepancias sobre la integración del grupo paramilitar en las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar el proceso de transición abierto después del derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya debilitado tras la asonada que acabó con el mandato del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
Este conflicto, en el que intervienen varios países respaldando a los distintos bandos, ha sumido a Sudán en una de las peores emergencias humanitarias del planeta. Millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares como desplazados internos o refugiados, mientras crece la preocupación internacional por la expansión de enfermedades y por los daños sufridos por infraestructuras esenciales, que impiden prestar asistencia a cientos de miles de afectados.