El Gobierno de Milei refuerza las denuncias por explotación petrolera ilegal cerca de las Malvinas

Argentina amplía denuncias y sanciones por actividades petrolíferas ilegales cerca de las Malvinas, reavivando la disputa con Reino Unido.

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El portavoz del Gobierno argentino, Adrian Ravier Delfina Corbera Pi / Zuma Press / Europa Press

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El Ejecutivo argentino encabezado por Javier Milei ha comunicado que presentará “nuevas denuncias” contra compañías y particulares que impulsen actividades petrolíferas consideradas ilícitas en las proximidades de las islas Malvinas sin la autorización de Buenos Aires.

“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la ley 26.659 que prohíbe la actividad petrolera en la plataforma continental argentina sin autorización. Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías”, ha señalado el portavoz del Gobierno, Adrian Ravier, durante una comparecencia ante los medios.

Ravier ha añadido que las autoridades argentinas continuarán “utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de Argentina sobre las islas”.

El diario argentino ‘Clarín’ ha informado de que el fiscal Carlos Stornelli ha imputado este martes a directivos y accionistas de las firmas Navitas Petroleum, con sede en Israel, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido, por su presunta participación en la extracción de crudo en aguas cercanas a las Malvinas.

Este paso se produce después de que la oficina del presidente Javier Milei comunicara la pasada semana, mediante una nota oficial, que el ministro de Exteriores, Pablo Quirno, presentaría una querella penal contra las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

“La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”, recogía el comunicado difundido por la Presidencia.

Posteriormente, el Gobierno argentino dio a conocer “el inicio de procedimientos sancionatorios” contra “15 sujetos adicionales” que habrían incumplido las restricciones fijadas por la legislación argentina, que se añaden a “los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos”, sin ofrecer detalles sobre sus identidades.

Por su parte, Reino Unido ha manifestado en una nota difundida este martes que “respalda plenamente el derecho de los habitantes de las islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio de su propia economía”, utilizando el término con el que Londres denomina al archipiélago.

“Las islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno de Reino Unido no alberga dudas sobre la soberanía británica respecto a las islas y las zonas marítimas circundantes. No debatiremos sobre la soberanía a menos que los habitantes de las islas así lo deseen”, ha reiterado el Ejecutivo británico.

Posible mediación de Estados Unidos

El ministro de Exteriores, Pablo Quirno, ha respaldado este mismo martes la posibilidad de una mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el exmandatario afirmara que las partes enfrentadas se pondrán en contacto con él y que “probablemente podrá resolver” la crisis.

“Siempre es bueno tener amigos que generen un diálogo. Nosotros estamos buscando el diálogo históricamente con Reino Unido, que se ha negado a tener esto en contra de lo que han sido las disposiciones históricas de Naciones Unidas. Nosotros queremos sentarnos en la mesa”, ha declarado Quirno ante los periodistas.

Milei, estrecho aliado de Trump, ha inaugurado una nueva etapa en la disputa con Reino Unido por las Malvinas mediante el anuncio de sanciones dirigidas a empresas y personas que impulsen proyectos petrolíferos en el entorno de las islas sin el visto bueno de Buenos Aires.

Este pulso diplomático ha reavivado el recuerdo de la guerra de diez semanas que enfrentó en 1982 a ambos países por el control del archipiélago, un conflicto que aceleró la caída de las juntas militares en Argentina y consolidó el liderazgo de Margaret Thatcher al frente del Gobierno británico.

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