La vuelta al cole nunca es fácil, pero la del Gobierno este año va camino de vía crucis. La de Ceuta es una crisis de la que aún no sabe cómo saldrá. España ha recibido la peor nota de su historia en el examen a su sistema educativo del Informe PISA. Del decreto-ley de vivienda no hay rastro ni fecha. Y esta semana se aproxima a una nueva derrota parlamentaria. La más que probable derogación de la Ley de Lobbies en el Congreso puede ser la guinda a un agosto para olvidar.
El Ejecutivo aprobó esta esperada normativa por decreto-ley. Fue en el primer Consejo de Ministros tras el parón vacacional, el 25 de agosto, y por sorpresa. Era una reunión focalizada en la crisis de Ceuta: el Gobierno declaró la situación de interés nacional para centralizar la gestión en un mando único y el resto de asuntos normativos estaban ligados a este tema: avances en las reformas de extranjería y asilo.
Pero, sobre todo, porque el Congreso ya tramitaba la reforma y contaba con enmiendas registradas sobre las que trabajar. ¿Qué sentido tenía aprobar una norma, objeto de tanto debate a la vuelta del verano? Tampoco el ministro competente, Óscar López, titular de Transformación Digital y Función Pública, salió a dar explicaciones en rueda de prensa.
En la propia exposición de motivos del decreto-ley, el Gobierno justificaba las prisas en la liberación de fondos del Plan de Recuperación, ya que la regulación era un compromiso con la Comisión Europea. De no aprobarse, los fondos corrían el riesgo de perderse.
Pero, ¿y los apoyos? Con una mayoría tan frágil (si es que sigue existiendo) y un historial de derrotas tan abultado en la legislatura, ¿se había asegurado el Gobierno de que la norma tendría respaldo suficiente para salvar la derogación en el Congreso? Varias fuentes parlamentarias consultadas por DEMÓCRATA aseguran que la norma les pilló por sorpresa.
Prisas por los fondos europeos
En el Ministerio de Transformación Digital no había dudas. En un encuentro informal con periodistas días después de la aprobación, el ministro López se mostraba confiado en superar la votación. Aseguraba haber tenido en cuenta las aportaciones de los grupos y que el texto ya en vigor suscitaba un gran consenso en el sector, habiendo recogido las principales demandas.
A favor del Gobierno juega el consenso social en torno a acometer una regulación de los grupos de interés, amén de las recomendaciones de los distintos organismos internacionales al respecto.
El marco, en todo caso, tampoco era el más favorable para el Gobierno, meses después de estallar el ‘caso Zapatero’, en plena investigación judicial por las dudas legales que suscita su labor de intermediación y su papel no esclarecido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) salió a celebrar el decreto-ley y pidió apoyo a los grupos. En el sector identificaban el entusiasmo como una forma de legitimación de la actividad de influencia. La reacción más generalizada era la de prudencia, a la espera de si la norma saldría adelante o quedaría en nada.
También había dudas de si la generalización de exigencias podría suponer una barrera para las entidades más pequeñas y acabar beneficiando a los ‘peces’ más gordos del negocio.
Pero el registro no estaba listo
Mientras tanto, la norma ya estaba en vigor y tenía efectos inmediatos. El registro estaba ya creado por ley, y toda persona física o jurídica, o entidad social que pudiera ejercer una labor de influencia debía estar inscrito para tener interlocución con la Administración General del Estado.
¿El problema? Que el registro no estaba listo. Y, sin embargo, la obligación de estar dado de alta existía y tenía consecuencias. Fuentes en el sector de los asuntos públicas confirmaron a DEMÓCRATA que varios ministerios habían denegado reuniones a organizaciones empresariales por no estar registrados.
El deber de comprobación de los altos cargos estaba plenamente vigente desde el 27 de agosto y los incumplimientos acarreaban sanciones. Una semana más tarde, el 4 de septiembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de la gestión del registro, activó el formulario para su inscripción.
Las consultoras corrieron a darse de alta, pero no todos los grupos de interés hicieron lo propio.
Y la patronal habló
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguró no entender cómo el Gobierno había decidido incluir a la patronal y a los sindicatos en el perímetro de la norma, pese al papel que le reconoce la propia Constitución como entes de representación social y de interlocución con los poderes públicos. Fuentes de la CEOE indican que, derivado de ello, están sometidos a unos mayores niveles de transparencia.
Garamendi aseguró que, hasta la votación en el Congreso, no mantendría ningún encuentro con el Gobierno al entender que la patronal no debería darse de alta en el registro y, por tanto, cualquier espacio de diálogo no sería un “espacio seguro”.
Las palabras de Garamendi, que daba por hecho la probable derogación de la norma, fueron el primer desafío público. Sin embargo, otras fuentes del sector aseguran que Foment ya había iniciado movimientos para truncar la convalidación de la norma.
Fuentes sindicales indicaban entonces que, sin llegar al extremo de la patronal, tampoco entendían que estuvieran afectados por la ley. Horas después, CCOO y UGT emitieron un comunicado pidiendo la derogación de un decreto-ley que tachaban de “despropósito, tanto por el contenido como por el procedimiento seguido por el Gobierno”.
Al Ejecutivo no le quedaba ya ni el sostén de los sindicatos que, eso sí, proponen acometer la regulación pero desde el proyecto de ley que espera en fase de ponencia.
¿Y en el Congreso?
El optimismo del Gobierno hace unas semanas se torna ahora en una más que probable derrota. Junts confirmó el viernes pasado a DEMÓCRATA que no daría apoyo a la norma, criticando que el Gobierno no hubiera tenido en cuenta las enmiendas que registraron al proyecto de ley original.
Particularmente, la distinción entre la actividad profesional por parte del sector de asuntos públicos y las grandes empresas del resto de organizaciones del tejido asociativo y las pymes.
La norma, a la espera de confirmar el apoyo de otros socios del Gobierno, queda en manos del PP. La gestión por parte del Consejo de Transparencia del registro, como prevé la regulación vigente, era una de sus propuestas durante la discusión de la norma el año pasado.
Sería la primera vez esta legislatura que los de Alberto Núñez Feijóo salvan la papeleta al Ejecutivo en una votación comprometida. Con la patronal y los sindicatos en contra, el ‘caso Zapatero’ en curso y la posibilidad de derivar cualquier presión por legislar al proyecto ya en tramitación. Además, con la presión de Vox para aprovechar cualquier resquicio con el que dar una bofetada al Gobierno. Todo apunta a que el miércoles vendrá otra.