F1 de Madrid: cuánto cuesta Madring y quién paga la factura

A fecha de hoy, la parte esencial de la tramitación del contrato que permite celebrar el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid ya está cerrada: existe un acuerdo firmado entre Fórmula 1 y Ifema Madrid para albergar el Gran Premio de España entre 2026 y 2035, y se han aprobado los instrumentos urbanísticos y de movilidad necesarios para que la primera edición (11‑13 de septiembre de 2026) se celebre con normalidad. A partir de ahora, el foco administrativo se desplaza hacia la gestión anual del evento y el seguimiento ambiental y urbano del proyecto.

1. Situación actual del contrato y del proyecto

Según la información publicada por el periódico Demócrata, la Fórmula 1 anunció en enero de 2024 un acuerdo con Ifema Madrid que garantiza la celebración del Gran Premio de España en Madrid durante diez temporadas, de 2026 a 2035. El circuito Madring, alrededor de Ifema y los suelos de ampliación en Valdebebas, es la base física de ese contrato plurianual.

Ese marco contractual deportivo‑comercial se ha ido acompañando de decisiones administrativas:

• El Ayuntamiento de Madrid aprobó primero un plan especial para regular la posibilidad de celebrar eventos deportivos singulares y temporales como el Gran Premio de Fórmula 1 en el recinto de Ifema y su ampliación en Valdebebas, ajustando la zonificación y los usos del ámbito para hacer posible el circuito y las actividades asociadas (nota municipal).
• Posteriormente, el Pleno municipal aprobó el plan especial que permite la celebración del Gran Premio, con la definición del trazado de unos 5,4 km y 22 curvas y la ordenación del entorno para compatibilizarlo con la actividad ferial y los espacios ajardinados (nota del Pleno).
• Para la edición inaugural se ha aprobado también un plan específico de movilidad, con refuerzo de transporte público y ajustes de tráfico en el entorno de Ifema‑Valdebebas (plan de movilidad), complementado por el refuerzo de Metro aprobado por la Comunidad de Madrid.

En paralelo, Ifema —consorcio participado por Comunidad, Ayuntamiento, Cámara de Comercio y Fundación Montemadrid— ha licitado y adjudicado las obras principales del circuito a una UTE liderada por Acciona y Eiffage y ha cerrado acuerdos de patrocinio y hospitalidad. Según Demócrata, la suma de inversiones, derechos y promoción asociados a la década de contrato se sitúa en torno a 481,5 millones de euros, de los que 277 millones corresponden a los derechos del campeonato durante diez años.

2. Próximos pasos administrativos para futuras ediciones

Dado que el acuerdo deportivo‑comercial Madrid–Fórmula 1/Ifema ya está en vigor hasta 2035, los próximos hitos administrativos no pasan tanto por “retramitar” el contrato principal como por gestionar cada edición y revisar el impacto del proyecto. A partir de la documentación disponible pueden identificarse varios bloques de actuación:

• Renovación anual de dispositivos urbanos: para cada Gran Premio será necesario aprobar o actualizar:
  • el plan municipal de movilidad y cortes de tráfico en el entorno de Ifema‑Valdebebas;
  • los dispositivos de EMT y Metro (refuerzos de servicio, planos específicos, información al público);
  • los operativos de seguridad y emergencias coordinados por Ayuntamiento y Comunidad.
• Seguimiento ambiental y urbanístico: la documentación ambiental del proyecto —según recoge la prensa— prevé un seguimiento tras cada carrera, con controles de ruido, vegetación y uso de suelos. De ese seguimiento pueden derivarse:
  • medidas correctoras adicionales (pantallas acústicas, ajustes de horarios de montaje y desmontaje, refuerzos de reforestación);
  • eventuales modificaciones del plan especial o de las licencias si se detectan impactos superiores a los previstos.
• Contratación de obras y servicios auxiliares: aun existiendo un marco decenal, cada edición exige nuevos contratos y subcontratos:
  • montaje de gradas, hospitalidad y estructuras temporales;
  • servicios de limpieza, seguridad privada, telecomunicaciones, catering, etc.
  En el caso de administraciones y entes públicos (Ayuntamiento, Comunidad, Ifema como consorcio público), estas adjudicaciones deben ajustarse a la normativa de contratación del sector público.
• Revisión económica y de retorno: Ifema y la Comunidad de Madrid han anunciado evaluaciones ex post para contrastar el impacto económico estimado (en torno a 450 millones anuales y miles de empleos) con los resultados reales. Es previsible que esas evaluaciones condicionen:
  • la intensidad de las campañas de promoción institucional asociadas al evento;
  • la eventual redefinición de aportaciones públicas en paquetes promocionales o de “destination signage”.
• Control parlamentario y político: en la Asamblea de Madrid ya se han debatido proposiciones no de ley y preguntas sobre el coste y las implicaciones del proyecto. Es razonable anticipar nuevas iniciativas de control sobre:
  • la ejecución del contrato y los riesgos para el patrimonio público;
  • las condiciones laborales y de movilidad durante las semanas del Gran Premio.

En síntesis, el “contrato de la Fórmula 1 en Madrid” se encuentra ya formalizado y desplegado en sus principales vertientes urbanísticas y organizativas. El trabajo administrativo de los próximos años girará alrededor de la gestión recurrente de cada edición, la supervisión ambiental y urbana del circuito Madring y la fiscalización política y económica de un proyecto dimensionado para al menos una década de grandes premios en la capital.

En la investigación realizada en las fuentes accesibles (principalmente notas de prensa institucionales del Ayuntamiento de Madrid y diversas noticias de prensa sobre IFEMA Madrid) no se ha localizado el texto de los estatutos vigentes de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA Madrid / Consorcio Ferial de Madrid) ni un documento oficial que detalle de forma expresa y literal las competencias y funciones del presidente de su Comité Ejecutivo.

Esto significa que, con la información disponible en las fuentes consultadas, no es posible reproducir ni citar con seguridad el elenco de funciones “según la normativa vigente” (es decir, con valor de cita estatutaria o reglamentaria). Los textos recuperados se limitan a:

• Noticias de prensa económica y general en las que se menciona a José Vicente de los Mozos como presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid y se describen sus anuncios y declaraciones sobre estrategias de ingresos, proyectos como la Fórmula 1 o el liderazgo ferial de IFEMA.
• Notas del Ayuntamiento de Madrid donde se recuerda que IFEMA Madrid es un consorcio participado por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid, y se alude a su impacto económico y al papel de “institución ferial madrileña”, pero sin desglosar la regulación interna de sus órganos.

A falta de ese texto normativo, sí se puede ofrecer una aproximación funcional basada en cómo suelen configurarse los órganos equivalentes en otros consorcios y entidades feriales públicas españolas. Es importante subrayar que lo siguiente es un marco orientativo, no la transcripción de los estatutos de IFEMA:

1. Representación y dirección del órgano

• El presidente del Comité Ejecutivo suele ser la máxima autoridad de ese órgano de gobierno, encargada de presidir, convocar y ordenar las reuniones del Comité, fijar el orden del día y moderar los debates.
• Habitualmente ejerce la representación institucional del Comité Ejecutivo, y con frecuencia también una parte relevante de la representación externa de la propia institución ferial ante administraciones, patronos, empresas expositoras y otros agentes.

2. Impulso y ejecución de la estrategia aprobada

• En este tipo de consorcios, el Comité Ejecutivo suele encargarse de la gestión ordinaria y la ejecución de la estrategia definida por un órgano superior (por ejemplo, una Junta Rectora o Pleno del Consorcio).
• El presidente, por tanto, acostumbra a tener un papel central en impulsar esa estrategia: supervisar el plan ferial y de congresos, orientar las grandes decisiones de inversión o expansión de recintos, y velar porque la dirección ejecutiva lleve a cabo las líneas aprobadas.

3. Supervisión económica y de resultados

• Es habitual que el Comité Ejecutivo tenga entre sus cometidos la propuesta o supervisión del presupuesto anual, de las cuentas y de los principales indicadores económicos de la entidad.
• El presidente, en consecuencia, asume de facto una función de seguimiento económico: presentar resultados ante el órgano superior del consorcio, explicar las cifras y defender las grandes decisiones de gasto e inversión.

4. Relación con los socios públicos y privados

• En un consorcio participado por varias administraciones y entidades, el presidente del Comité Ejecutivo suele ser una de las piezas clave en la articulación de intereses de los socios (Comunidad, Ayuntamiento, Cámara de Comercio, fundación u otros patronos).
• Esto se traduce en tareas de coordinación institucional, negociación de grandes proyectos (como nuevas ferias, grandes eventos o infraestructuras) y canalización de las decisiones del Comité hacia el resto de órganos del consorcio.

5. Límites: colegialidad y sujeción a los estatutos

• Incluso cuando el presidente tiene un perfil muy visible, las decisiones relevantes suelen corresponder al órgano colegiado (el propio Comité Ejecutivo) y, en última instancia, a la Junta Rectora o Pleno del Consorcio, de acuerdo con los estatutos.
• Por tanto, y en términos jurídicos, su posición se define siempre por lo que digan los estatutos y reglamentos internos, que fijan qué puede decidir por sí mismo, qué debe someter al Comité y qué requiere la aprobación de otros órganos.

En resumen, con las fuentes consultadas no es posible detallar con valor de cita jurídica las competencias y funciones del presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA “según la normativa vigente”. Solo cabe ofrecer esta descripción orientativa, basada en la práctica habitual de órganos similares. Para una respuesta estrictamente normativa sería necesario acceder directamente a los estatutos actualizados del Consorcio Ferial de Madrid / IFEMA Madrid y, en su caso, a su reglamento interno de gobierno.

Para que un consorcio de derecho público como IFEMA pueda organizar en España un gran evento internacional como un Gran Premio de Fórmula 1, no basta con firmar un contrato con el promotor deportivo: debe cumplir un conjunto de requisitos jurídicos relativos a su propia capacidad, a las competencias de las distintas Administraciones, a licencias sectoriales y a la contratación con terceros. No existe una “ley de la Fórmula 1”, sino un entramado de normas generales estatales, autonómicas y locales que se superponen.

1. Capacidad jurídica y objeto del consorcio

Un consorcio como IFEMA se rige, en lo esencial, por:

• Leyes 39/2015 y 40/2015 (procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público), además de su ley de creación y estatutos.
• Debe tener personalidad jurídica propia y la condición de medio adecuado para gestionar ferias, congresos y eventos.
• Su objeto social/funciones debe cubrir la organización de grandes eventos y la explotación de recintos o espacios urbanos para ese fin. Si no lo prevé, habría que modificar estatutos.
• Órganos de gobierno (Junta Rectora, Comité Ejecutivo, etc.) deben aprobar expresamente el proyecto, al implicar compromisos económicos y de riesgo relevantes.

2. Reparto competencial y autorizaciones clave

Un Gran Premio de F1 afecta a varias Administraciones:

• Estado: a través del Consejo Superior de Deportes y la normativa básica del deporte y de seguridad ciudadana. Puede intervenir en cuestiones de seguridad estatal, tráfico interurbano o habilitaciones deportivas internacionales.
• Comunidad autónoma: tiene competencias en deportes, espectáculos públicos, protección civil, sanidad, medio ambiente y, a menudo, transporte interior. Suele ser quien dicta la normativa de espectáculos y la autorización de eventos masivos.
• Ayuntamiento: otorga licencias urbanísticas y de actividad, regula ocupación de vía pública, movilidad urbana, horarios, ruidos y emergencias en el término municipal.
• Federaciones deportivas: la Real Federación Española de Automovilismo actúa como interlocutor nacional de FIA/FOM y emite licencias y homologaciones deportivas, coordinada con el CSD.

Habitualmente se formaliza un convenio marco entre consorcio, comunidad autónoma y ayuntamiento que reparte responsabilidades, financiación e imagen institucional.

3. Principales licencias y autorizaciones administrativas

Aunque el detalle varía por territorio, suelen ser necesarias al menos:

• Licencias urbanísticas y de actividad: obras temporales o permanentes en el circuito, gradas, paddock, estructuras auxiliares; y licencia de actividad para el recinto o para el evento concreto.
• Autorización de espectáculo público y recreativo: al amparo de la ley autonómica de espectáculos, con requisitos de aforo, salidas de emergencia, planes de autoprotección, seguros, horarios y condiciones de admisión.
• Autorizaciones de seguridad y protección civil: planes de emergencia interior y exterior, aprobación por los servicios de protección civil, bomberos y fuerzas de seguridad, coordinación sanitaria y de evacuación.
• Permisos de tráfico y movilidad: cortes de calles o carreteras, desvíos, restricciones de estacionamiento, dispositivos especiales de transporte público, coordinados con policía local y, en su caso, Guardia Civil.
• Autorizaciones ambientales: evaluación ambiental simplificada o específica para ruido, emisiones, gestión de residuos, consumo de recursos, iluminación, así como planes de mitigación.
• Autorización sanitaria: dispositivos médicos, ambulancias, puestos de socorro, abastecimiento y manipulación de alimentos y bebidas para grandes concentraciones humanas.
• Seguros obligatorios: responsabilidad civil frente a espectadores, terceros y participantes, y, en su caso, garantías financieras exigidas por la normativa autonómica.

4. Contratos y convenios con entidades privadas y públicas

El consorcio debe articular jurídicamente sus relaciones con:

• FOM/FIA y promotores: contrato de promoción del Gran Premio, canon, derechos de explotación (entradas, hospitality, publicidad), cesión de imagen, obligaciones técnicas del circuito, cláusulas de confidencialidad y de resolución.
• Empresas proveedoras: contratos de obras, suministros, patrocinio, servicios de seguridad privada, catering, telecomunicaciones, montaje de gradas, etc., sometidos a la normativa de contratación del sector público si el consorcio es poder adjudicador.
• Administraciones implicadas: convenios de colaboración para financiación, adecuación de infraestructuras, transporte público adicional o campañas de promoción turística.

5. Normativa básica de referencia

Sin ánimo exhaustivo, el marco suele incluir:

• Ley del Deporte y normativa del CSD, junto con reglamentos de la FIA y de la federación española.
• Leyes 39/2015 y 40/2015 sobre procedimiento y sector público, aplicables al consorcio y a las autorizaciones administrativas.
• Normas autonómicas de espectáculos públicos y actividades recreativas, de seguridad ciudadana, protección civil, sanidad y medio ambiente.
• Normativa local de licencias urbanísticas y de actividad, ruidos, movilidad y ocupación de vía pública.
• Reglas de contratación pública (cuando proceda) y régimen de subvenciones si hay ayuda pública.

En la práctica, el éxito jurídico del proyecto exige una planificación temprana, un mapa de permisos y un esquema claro de quién asume cada obligación y riesgo entre el consorcio, las Administraciones y los promotores deportivos.