El recién designado procurador general de Paraguay, Samuel Rojas, ha indicado que su principal meta al asumir el cargo será lograr la recuperación de los recursos que el Estado perdió a raíz del colapso de Ueno Bank, un escándalo financiero que ha arrastrado políticamente al expresidente Santiago Peña.
Nombrado por su sustituto en la Presidencia, Pedro Alliana, el nuevo titular de la Procuraduría General del Estado —órgano encargado de representar y salvaguardar los intereses jurídicos del Estado paraguayo— ha dejado claro este propósito. “La instrucción que hemos recibido del Presidente de la República es procurar con contundencia que todos los fondos perdidos por el Estado sean recuperados, y vamos a trabajar en esa línea”, ha manifestado en declaraciones recogidas por el diario paraguayo ABC.
El derrumbe de la entidad financiera ha afectado a varias instituciones públicas que mantenían allí parte de sus recursos, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que han visto comprometidos sus depósitos.
Rojas ha reiterado que coordinará de manera estrecha con el Ministerio Público y ha remarcado que el ordenamiento jurídico paraguayo contempla normas que otorgan “determinadas herramientas” para “verificar, detectar y localizar todos aquellos bienes y derechos de aquellas personas cuya responsabilidad esté comprometida”.
“Es a fin de precautelar las acciones civiles que eventualmente vamos a ir planteando para recuperar los fondos a través de la demanda de daños y perjuicios”, ha añadido el procurador, quien hasta su nombramiento se desempeñaba como director de Decretos del Gabinete Civil de la Presidencia.
Por su parte, Alliana, que tomó posesión de la jefatura del Estado el pasado viernes tras la destitución de Peña —actualmente en prisión—, ha señalado que las autoridades ya han abonado a “casi” el 95% de los ahorradores damnificados por la quiebra de Ueno Bank. Según ha detallado, se ha compensado a 1,74 millones de depositantes, por un total equivalente a 330 millones de dólares procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos.