El Senado de Brasil ha dado este martes su visto bueno, sin ningún voto en contra, a una propuesta de enmienda constitucional (PEC) de Seguridad Pública que reordena el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, otorgando mayor protagonismo al Gobierno federal en este ámbito y dejando fuera del debate la opción de rebajar la edad de responsabilidad penal, que continúa fijada en los 18 años.
La iniciativa, cuya aprobación ha sido comunicada por la propia cámara a través de sus redes sociales, establece la creación de un Sistema Unificado de Seguridad Pública (SUSP) y de un régimen penitenciario más estricto para los cabecillas y miembros de las denominadas “facciones” --organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (Comando Rojo)--, así como para grupos paramilitares y milicias.
Con 73 votos favorables en la primera vuelta y 75 en la segunda, y sin que ningún senador se pronunciara en contra, el pleno ha sacado adelante, según la agencia Brasil de noticias, una PEC que solo requería 49 apoyos para ser aprobada. Ahora únicamente falta su promulgación formal por parte del Congreso, después de haber superado ya el trámite de la Cámara de Diputados.
Entre los cambios más relevantes figura la puesta en marcha del SUSP, un nuevo modelo organizativo que fija en la Constitución que la seguridad pública debe desarrollarse “en un marco de cooperación federativa” y “a través de la acción integrada y descentralizada” de las distintas instituciones con competencias en la materia.
“Los organismos de seguridad pública se coordinarán en un régimen de cooperación federal, a través del Sistema Unificado de Seguridad Pública, diseñado para garantizar la eficacia de la prevención, el enjuiciamiento y la ejecución penal”, recoge el texto de la PEC.
La reforma también contempla la posibilidad de constituir cuerpos de policía municipales de carácter civil, sometidos al control externo de la Fiscalía General y encargados de tareas de vigilancia visible y de proximidad en las áreas urbanas bajo su jurisdicción. Además, amplía las atribuciones de la Policía Federal de Carreteras, abre la puerta a la creación de nuevas fuerzas policiales municipales y prevé un incremento de la partida del presupuesto público destinada a la seguridad pública.