El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este lunes su visto bueno al intento de la Administración de Donald Trump de sacar adelante una orden ejecutiva destinada a acotar quién puede emitir su voto por correo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato --las 'midterms'-- previstas para el próximo mes de noviembre.
Con su ya conocida división ideológica y haciendo valer la mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres progresistas, el alto tribunal ha revocado una orden judicial dictada en junio por una jueza federal de Massachusetts. Aquella resolución impedía que puntos esenciales de la orden ejecutiva entrasen en vigor este año en California y en otros 22 estados que habían llevado la medida ante los tribunales.
Al mismo tiempo, aunque determinados apartados de esa misma orden ejecutiva permanecen suspendidos en todo el país por un fallo posterior de la propia magistrada Indira Talwani en un procedimiento distinto, se prevé que el pronunciamiento del Supremo termine repercutiendo también en ese litigio.
Así, la Administración Trump queda en posición de aplicar la orden ejecutiva cuestionada, si bien el pulso judicial continuará abierto. Así lo ha advertido la fiscal general de Nueva York --uno de los estados que recurrieron la iniciativa--, Letitia James, quien ha señalado en redes sociales que el "doloroso revés" que supone la decisión del Supremo "no será la última palabra".
"El derecho al voto es sagrado, y ningún gobierno debería poder ponerlo en peligro. Estamos estudiando nuestras opciones legales", ha añadido la fiscal neoyorquina.
El propio fallo del Supremo recalca, en cualquier caso, el carácter limitado y transitorio de su pronunciamiento: "La resolución de la Corte sobre esta solicitud no implica que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal. En ese sentido, el tiempo lo dirá", indica el dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press.
DOS JUEZAS LIBERALES ARGUMENTAN SU DISENSO
Uno de los dos votos particulares formulados por los magistrados del ala liberal, el suscrito por la jueza Sonia Sotomayor, se centra precisamente en este aspecto. Sotomayor reprocha a la mayoría que la decisión "no aborda si los intentos del presidente de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026 son legales", ni "tampoco sugiere que el Poder Ejecutivo tenga autoridad constitucional o legal para implementar las directivas del presidente".
"En cambio, la decisión de hoy simplemente pospone la resolución de esas impugnaciones", lamenta la magistrada en su escrito de disenso, recogido --al igual que la segunda disensión-- en el propio documento del fallo.
Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson subraya en su propio voto particular que el Supremo se ha ceñido exclusivamente al argumento de que la jueza federal de Massachusetts, Indira Talwani, se adelantó al frenar la aplicación de las disposiciones en los 23 estados antes de que las agencias federales hubieran diseñado sus planes de ejecución.
En esta línea, acusa a la mayoría conservadora de "perder de vista el objetivo principal" al centrarse en una cuestión procesal en lugar de, a su juicio, el propósito de fondo de la Administración Trump: "Obtener nuestro respaldo para su intento de fomentar el caos antes de las elecciones de noviembre".