El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado este viernes luz verde a la Administración de Donald Trump para utilizar una base de datos federal ampliada con información sobre la ciudadanía, pensada para comprobar si los votantes cumplen los requisitos para participar en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.
El alto tribunal, con mayoría conservadora, ha adoptado esta decisión con el apoyo de seis de sus nueve jueces, al estimar una petición de emergencia del Gobierno. Esta intervención revoca fallos previos de tribunales inferiores que habían considerado que el Ejecutivo hacía un uso inadecuado de dicha base de datos vinculada a la Seguridad Social y vulneraba la privacidad de los ciudadanos.
En concreto, el fallo del Supremo subraya que la orden de la jueza Sparkle Sooknanan, que paralizó la ampliación de la base de datos, “obstaculiza los esfuerzos del Gobierno federal por ayudar a las agencias estatales y locales en la correcta gestión de las elecciones de mitad de legislatura”.
Al mismo tiempo, la resolución descarta la objeción relacionada con la protección de datos personales, al considerar que el Congreso ya había autorizado al Departamento de Seguridad Nacional a acceder a la información de la Seguridad Social.
Con este pronunciamiento, la Administración Trump queda habilitada para activar el sistema en las semanas previas a los comicios de noviembre. La decisión llega apenas diez días después de que el propio Supremo propinara un revés al presidente al impedirle utilizar el Servicio Postal para restringir el voto por correo en estas elecciones.
La iniciativa promovida por Trump mediante un decreto presidencial el año pasado contempla la recopilación de datos de la Administración de la Seguridad Social —entre ellos información relativa a ciudadanos estadounidenses— y faculta a los estados a efectuar consultas masivas con el fin de depurar sus padrones electorales, pese a que la legislación federal impide a los estados eliminar “sistemáticamente” a personas de los censos electorales 90 días antes de unos comicios.
El presidente sostiene que su objetivo es evitar que personas sin ciudadanía estadounidense participen en la votación, aunque diversos estudios han constatado en numerosas ocasiones que este tipo de fraude es muy poco habitual.
Los demandantes, encabezados por la Liga de Mujeres Votantes, han alertado de que las modificaciones impulsadas por Trump ponen en peligro datos sensibles de los estadounidenses y están provocando la cancelación errónea de inscripciones electorales de ciudadanos con derecho a voto.