El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha arremetido este viernes contra las “amenazas” y “mediadas coercitivas” dirigidas a miembros de la institución, después de que Rusia solicitara formalmente a Países Bajos y “otros países” la detención y entrega de nueve responsables del tribunal, entre ellos su presidenta, Tomoko Akane, sobre los que pesan condenas en rebeldía dictadas por tribunales del país euroasiático.
“El TPI deplora cualquier amenaza o medida coercitiva dirigida contra sus jueces, fiscales y miembros del personal por desempeñar las funciones que les encomendó la Asamblea de los Estados Parte en virtud del Estatuto de Roma”, ha dicho un portavoz del organismo en declaraciones concedidas a Europa Press.
En esta línea, el portavoz ha subrayado que la corte “continuará cumpliendo su mandato de manera independiente e imparcial”, en alusión a la petición de la Fiscalía rusa para que se proceda a la extradición de estas personas, entre las que se encuentran, además de Akane, el ex fiscal general Imran Khan y el expresidente del organismo Piotr Hofmanski, así como los vicepresidentes Rosario Salvatore Aitala y René Alapini-Gansou.
La relación de responsables reclamados por Moscú se completa con los jueces Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Sergio Gerardo Ugalde Godínez y Haikel ben Mahfoud, además del antiguo juez del TPI Bertram Schmitt. Todos ellos fueron incluidos en una lista de personas buscadas y posteriormente condenados por un tribunal ruso en diciembre de 2025.
Las actuaciones de Rusia se enmarcan en la respuesta a la decisión del TPI de dictar órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisaria presidencial para los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, a quienes se atribuyen presuntos crímenes de guerra por la deportación forzada de menores ucranianos desde territorios ocupados en Ucrania.