Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas han censurado este jueves los nuevos paquetes de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, al considerar que constituyen un intento de “alterar el orden constitucional de un Estado soberano” mediante “amenazas y coacción”. Al mismo tiempo, han apelado a la sociedad civil y a la comunidad internacional a actuar “con rapidez” para impedir que “se desate una Gaza silenciosa” en la isla.
Los relatores firmantes del comunicado han advertido de que “las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo”, en referencia al impacto de las medidas adoptadas desde Washington contra La Habana.
Entre los signatarios figuran el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, George Katrougalos; la relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, Zaina Jallad; la relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Sofía Monsalve Suárez; el grupo de trabajo sobre los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, y el relator especial sobre el derecho al desarrollo, Surya Deva.
Estos relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son considerados “expertos independientes en Derechos Humanos”, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que ejercen su mandato a título personal y sin depender de ningún gobierno u organismo.
La alimentación como “instrumento de presión política”
Según el comunicado, las sanciones unilaterales de Estados Unidos, endurecidas desde junio de 2026, pretenden “afectar a sectores clave” de la economía cubana, incluidas las compañías energéticas. Denuncian que esto ha desembocado en mayores obstáculos para la compra de combustible “incluso por motivos humanitarios”, en un contexto de “aguda” escasez de carburante y de apagones “de grandes proporciones” cada vez más frecuentes.
Como ejemplo, señalan que la basura sin recoger “se acumula en partes de La Habana”, lo que “agrava el riesgo de propagación de enfermedades”.
Los expertos añaden que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios esenciales “están fallando de manera simultánea”, lo que repercute “de forma desproporcionada” en mujeres, menores, personas mayores y otros colectivos vulnerables, incluidos los campesinos y trabajadores rurales.
Las agencias de la ONU en Cuba han alertado, además, de “crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad”, en un escenario de colapsos reiterados de la red eléctrica nacional y cortes prolongados que “interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer”.
En este contexto, los expertos han remarcado que “la alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana”.
Una supuesta “amenaza” para EEUU “sin pruebas”
Los relatores también se han referido a un informe difundido a finales de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo el título 'Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI', en el que se presenta al país caribeño como una “amenaza singular para la seguridad nacional” estadounidense.
El documento sostiene que “confundir la pobreza de Cuba con su inofensividad es malinterpretar por completo la amenaza. Su debilidad material nunca fue la medida de su peligro. Su poder siempre fue ideológico, subversivo y parásito, y ha demostrado ser extraordinariamente duradero, sobreviviendo al imperio soviético que ayudó a construirlo e injertándose en cada nuevo enemigo de Estados Unidos que ha surgido desde entonces”, según el texto consultado por Europa Press.
Asimismo, el informe promovido por Washington describe a Cuba como un enclave que “actúa como el tejido conectivo de una coalición antiamericana más amplia, un escenario en el que convergen las ambiciones de Moscú, Pekín y Teherán con los movimientos radicales que operan dentro” de sus “propias fronteras”.
Frente a estas afirmaciones, los expertos independientes de la ONU subrayan la ausencia de evidencias “concretas” de que Cuba “apoye el terrorismo o actividades subversivas”. Al mismo tiempo recalcan que las “medidas coercitivas unilaterales ilegales” de Estados Unidos contra la isla “contravienen el Artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el embargo de décadas contra la isla”.
Por ello, han reclamado a Washington que “cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al Derecho Internacional”, y han pedido al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General que “abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales”.
Este mismo jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, uno de los principales críticos del Ejecutivo de La Habana, ha comunicado nuevas sanciones contra cinco empresas y ocho personas vinculadas a la industria militar cubana, entre ellos el jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Legra, y el ministro de Defensa, Álvaro López.
La decisión se anuncia en una semana marcada por cortes parciales y apagones generales en el sistema eléctrico de la isla, una situación que el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha descrito como “consecuencia directa del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba”.