La Unión Europea y el Consejo de Europa han reclamado este viernes la “abolición universal” de la pena de muerte y han denunciado que Estados Unidos y China siguen recurriendo a ella, en un contexto de repunte de las ejecuciones a escala mundial. Estas aumentaron un 78% en 2025 respecto al año anterior, pese a los avances registrados en varios Estados hacia la eliminación de la pena capital.
“La Unión Europea y el Consejo de Europa se oponen inequívocamente a la pena de muerte, en todos los casos y en todas las circunstancias”, han subrayado en una declaración conjunta la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, con motivo del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora este sábado 10 de octubre.
En el texto, ambas instituciones advierten de que, aunque solo se ha documentado la aplicación de la pena capital en 17 países durante 2025, el incremento del 78% frente al año previo resulta “alarmante”, sobre todo en Irán, donde se concentró la mayor parte de las ejecuciones registradas.
También apuntan a subidas relevantes en Egipto, Kuwait, Arabia Saudí, Singapur y Yemen, al tiempo que recuerdan que “las ejecuciones continuaron en Estados Unidos” y que China queda fuera de las estadísticas internacionales por el hermetismo de sus autoridades, si bien se calcula que el gigante asiático “llevó a cabo miles de ejecuciones” el año pasado.
En el ámbito europeo, remarcan que Bielorrusia sigue siendo el único Estado del continente que mantiene la pena capital y reiteran su rechazo a cualquier intento de restablecerla o ampliar su uso, incluso dentro de Europa.
Ante este escenario, la UE y el Consejo de Europa instan a todos los países que aún conservan la pena de muerte a decretar “una moratoria inmediata” de las ejecuciones como paso inicial hacia “su abolición definitiva”, así como a conmutar las condenas vigentes y a asegurar el respeto de las normas internacionales de Derechos Humanos.
Del mismo modo, expresan su especial inquietud por la aplicación de la pena capital a delitos vinculados con las drogas, recordando que el Derecho Internacional limita su uso a los crímenes más graves, entendidos como aquellos de extrema gravedad que implican homicidios intencionados.
Avances hacia la eliminación de la pena capital
Pese al aumento de las ejecuciones, ambas organizaciones resaltan los progresos logrados en el último año hacia la abolición, como la decisión de Líbano de suprimir la pena de muerte en agosto de 2026 y las reformas aprobadas por Gambia y Vietnam para reducir el catálogo de delitos castigados con la muerte.
Asimismo, celebran que Sierra Leona haya ratificado el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena capital, mientras que Camboya, República Centroafricana y Chad han dado pasos para avanzar hacia dicha ratificación.
“Estos ejemplos nos recuerdan que el cambio siempre es posible”, sostienen en el comunicado Kallas y Berset, que reivindican la necesidad de fomentar el debate democrático, la implicación de la sociedad civil y el trabajo de los operadores de justicia para lograr la “abolición universal” de la pena capital.
En esta misma línea, celebran la decisión de Marruecos de acoger en 2029 el décimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte e instan a todos los Estados a apostar por una justicia de carácter restaurativo y a sumarse al movimiento internacional contra la pena de muerte.
Polémica por recientes ejecuciones en Estados Unidos
El llamamiento llega apenas un día después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciara su intención de hacer pública la ejecución por fusilamiento del excomandante y psiquiatra militar Nidal Malik Hasan, condenado por asesinar a trece personas y herir a otras 32 en la base militar de Fort Hood, en Texas, en 2009.
La ejecución, prevista para el próximo 3 de diciembre, se podrá presenciar públicamente para demostrar que este tipo de crímenes tienen “graves consecuencias”, según ha defendido el jefe del Pentágono.
Al mismo tiempo, la declaración se difunde mientras Christa Pike, condenada a muerte en el estado de Tennessee, continúa hospitalizada y consciente después de que dos inyecciones letales no lograran acabar con su vida a finales de septiembre, un suceso que ha provocado la suspensión de las ejecuciones en ese estado y la dimisión del responsable de su Departamento Correccional.