Al menos 31 personas han sido arrestadas tras los incidentes registrados al final de la quinta y multitudinaria Marcha Federal Universitaria celebrada este jueves en Buenos Aires, con réplicas en otras ciudades de Argentina. La movilización exigía el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y terminó con enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a seis personas una vez concluida la marcha. La primera detención, poco después de las cinco de la tarde (hora local), fue la de un adolescente de 14 años que presuntamente lanzó piedras contra un vehículo policial. Más tarde, agentes porteños arrestaron a otros cinco manifestantes, imputados por atentado y resistencia a la autoridad, salvo un menor de 17 años que integraba el grupo, según ha informado el diario “La Nación”.
De acuerdo con el mismo medio, las fuerzas federales detuvieron además a otras 25 personas en los accesos a la estación de tren del barrio de Constitución, en el sur de la capital, según datos del Ministerio de Seguridad.
La cartera de Seguridad ha comunicado que ocho efectivos resultaron heridos: cuatro miembros de Gendarmería, dos agentes de la Policía Federal y dos de Prefectura Naval. Por su parte, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha calculado en 90 millones de pesos argentinos (53.000 euros) los daños materiales provocados durante los disturbios, tal y como ha publicado el diario “Clarín”.
Tras las protestas, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en redes sociales que “quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, subrayando que “en Argentina, nadie está por encima de la ley”.
En esta línea, el ministerio ha avanzado que prepara una denuncia penal contra los participantes en los incidentes, a quienes atribuye delitos de “resistencia y atentado a la autoridad; atentado al orden constitucional; y daño agravado”, según “La Nación”.
La actuación policial, con gases lacrimógenos y cañones de agua, ha generado fuertes críticas, después de que alcanzara también a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, presentes en las inmediaciones del edificio anexo de la Cámara de Diputados. Los proyectiles de las fuerzas de seguridad impactaron en la zona y obligaron a que Moreau fuera atendida por personal sanitario.
Organizaciones universitarias denuncian la represión y señalan al Gobierno
Las principales organizaciones convocantes han mostrado su rechazo a la intervención de los antidisturbios, entre ellas el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
En un comunicado conjunto, estas entidades señalaron: “Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara”, recordando que las “cuatro marchas absolutamente masivas” anteriores, la última en mayo, no fueron “controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio”, del mismo modo que “en todo el país se han manifestado hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes”.
Las organizaciones sostienen que la manifestación reunió a “decenas de miles de argentinas y argentinos” y que se desarrollaba “dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones” hasta la irrupción de las fuerzas de seguridad. “Ha sido el Gobierno nacional el que ha tomado la decisión de reprimir cruzando todos los límites”, denunciaron, responsabilizando de forma directa al Ejecutivo de Javier Milei.
No obstante, remarcaron que “la obstinación y la violencia no empañan la convocatoria otra vez multitudinaria en todo el país”, que cifran en “más de un millón de personas en toda Argentina”.
La protesta exige “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y validó en diversas instancias la Justicia pero el Poder Ejecutivo desde hace casi un año se niega a cumplir”, recalca el texto, que sostiene que “la respuesta y el despliegue represivo confirman que el incumplimiento de la ley de financiamiento no es un problema de disponibilidad de recursos sino de voluntad y decisión”. “Seguiremos, hasta que la ley se cumpla”, concluye el comunicado.