Pedro Castillo exige su excarcelación tras el dictamen de la ONU que califica su arresto de arbitrario

Pedro Castillo reclama salir de prisión tras un informe de la ONU que tacha su detención de arbitraria y pide a Perú acatar de inmediato la recomendación.

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Pedro Castillo, expresidente de Perú. Europa Press/Contacto/stringer

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El expresidente de Perú Pedro Castillo ha exigido este viernes salir de prisión después de que un grupo de especialistas de Naciones Unidas determinara en un informe difundido el jueves que su arresto fue arbitrario y aconsejara su liberación inmediata.

Castillo ha subrayado que esta “histórica decisión” confirma “de manera inequívoca” que su ingreso en prisión carecía de sustento legal y que el Estado peruano “violentó flagrantemente” sus Derechos Humanos.

“Fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República”, ha reiterado en un comunicado difundido en redes sociales, en el que cita la recomendación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria a favor de su puesta en libertad.

“El mundo conoce ahora los hallazgos contenidos en esta opinión y puede observar cómo los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal, violando la inmunidad presidencial al fabricar una inexistente figura de flagrancia y de un supuesto 'alzamiento en armas' que nunca ocurrió”, ha añadido.

El exmandatario ha llamado a “todos los organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos, así como a las instancias de la administración de justicia de Perú” a que respeten “de inmediato” y ejecuten “lo dispuesto por esta instancia de Naciones Unidas”, advirtiendo de que, si se desoye, se situará al Estado peruano “en una condición de abierta rebeldía y de vulneración del derecho internacional”.

Castillo cumple actualmente una condena de once años de cárcel por el delito de rebelión, derivado del intento fallido de autogolpe de Estado de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente como respuesta al bloqueo del Legislativo a sus iniciativas legislativas.

Paralelamente a esta sentencia, el exdirigente afronta otro proceso judicial por presunta corrupción y por su supuesto papel como líder de una organización criminal.

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