Las protestas que comenzaron a mediados de septiembre en los institutos franceses, inicialmente motivadas por las carencias del sistema educativo, se han convertido en uno de los principales motivos de confrontación política a seis meses de las elecciones presidenciales de 2027, cuya primera vuelta será el domingo 18 de abril y una eventual segunda vuelta se celebraría el 2 de mayo.
Las movilizaciones se extendieron después a las universidades y confluyeron con las reivindicaciones contra el encarecimiento de la vida, hasta adquirir una dimensión que los graves disturbios del pasado sábado 17 de octubre han trasladado de lleno a la carrera por el Elíseo. Los principales aspirantes a la presidencia discrepan ahora tanto sobre las causas de la violencia desatada en las calles como sobre quién puede responder al malestar social y garantizar el orden público.
El Gobierno de Sébastien Lecornu, debilitado por su falta de mayoría parlamentaria y las dificultades para responder a las demandas económicas de los manifestantes, ha atribuido parte de la escalada de violencia a la izquierda radical, mientras Jean-Luc Mélenchon (LFI) acusa al Ejecutivo galo de recurrir a la actuación policial para desacreditar las protestas. Marine Le Pen y Jordan Bardella, por su parte, han utilizado los saqueos y los ataques contra edificios públicos para reforzar su discurso sobre la autoridad del Estado y presentar a Reagrupamiento Nacional (RN) como alternativa tanto al macronismo como a La Francia Insumisa (LFI).
Las movilizaciones han reabierto dos debates que llevan años atravesando la política francesa: el deterioro del poder adquisitivo y la desconfianza hacia las instituciones. La manera en que cada partido responda a esas preocupaciones, sin quedar asociado a los episodios de violencia, puede influir en la movilización de sus votantes y en las alianzas que se negocien ante una eventual segunda vuelta presidencial.
Macron y Lecornu buscan recuperar la iniciativa política
Conforme las protestas estudiantiles se extendían por el territorio francés y aumentaba la presión sobre las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo fue endureciendo su respuesta hasta combinar la defensa de la actuación policial con acusaciones directas contra La Francia Insumisa. Lecornu responsabiliza a los dirigentes del partido de Mélenchon de contribuir al clima de confrontación, una interpretación que la izquierda rechaza y que ha desplazado buena parte de la discusión pública desde las reivindicaciones educativas hacia la responsabilidad política por los disturbios.
Emmanuel Macron, que no puede aspirar a un tercer mandato presidencial consecutivo, ha respaldado a las fuerzas de seguridad y advertido de que quienes participaron en los saqueos y ataques contra las instituciones deberán responder ante la justicia, aunque también ha reclamado que se preserve el derecho a manifestarse pacíficamente.
Para el espacio presidencial, una respuesta centrada exclusivamente en la seguridad podría alimentar las críticas de la izquierda, mientras que cualquier percepción de debilidad frente a los disturbios daría argumentos a la derecha. Los posibles sucesores de Macron, entre ellos Édouard Philippe y Gabriel Attal, han condenado la violencia y defendido la autoridad del Estado, pero deberán diferenciarse del actual Gobierno sin renunciar por completo al legado de una presidencia en la que ambos desempeñaron importantes responsabilidades.
Le Pen utiliza los disturbios contra Macron y Mélenchon
Marine Le Pen, por su parte, ha aprovechado los enfrentamientos en las calles del país para reforzar uno de los argumentos habituales de Reagrupamiento Nacional: la relación que establece entre el deterioro de la seguridad, los años de gobierno de Macron y la influencia de la izquierda radical. La dirigente ha acusado a LFI de instrumentalizar unas reivindicaciones sociales que considera legítimas y de contribuir a un clima de violencia que, según denuncia, perjudica precisamente a quienes protestan por sus condiciones de vida.
Jordan Bardella ha endurecido ese discurso al contraponer a los manifestantes violentos con los trabajadores afectados por la inflación, una distinción con la que RN pretende disputar el voto de las clases populares sin identificarse con las movilizaciones.
El partido se había encontrado con serias dificultades para intervenir en el debate sobre las carencias educativas que originaron las protestas, pero el protagonismo adquirido por los disturbios le permite recuperar asuntos habituales de su discurso, como la seguridad y la autoridad del Estado. Le Pen intenta así responsabilizar simultáneamente al Ejecutivo por su gestión de la crisis y a Mélenchon por su relación con las movilizaciones.
Mélenchon reivindica la protesta y acusa al Gobierno de alimentar la violencia
Jean-Luc Mélenchon ha vinculado su candidatura presidencial con el movimiento de protesta mediante su participación en las manifestaciones y la denuncia de una actuación policial que, a su juicio, ha contribuido a agravar los enfrentamientos. El dirigente de La Francia Insumisa acusa al Gobierno de recurrir a la provocación y al desgaste de las movilizaciones, y considera que el Ejecutivo ha terminado convirtiendo unas reivindicaciones educativas y sociales en una crisis de orden público.
Durante la jornada del 17 de octubre, Mélenchon acusó al prefecto de Policía de París de favorecer el desorden con las decisiones adoptadas sobre el despliegue de los agentes, aunque también pidió a quienes comparten sus posiciones políticas que se mantuvieran alejados de los saqueos y los destrozos. Sus diputados habían reclamado anteriormente una comisión parlamentaria de investigación sobre la actuación policial durante las protestas estudiantiles, después de que varias intervenciones suscitaran críticas por el uso de la fuerza contra manifestantes jóvenes.
Su participación en las movilizaciones puede reforzar los vínculos con una parte de la juventud, especialmente receptiva a las denuncias contra la violencia policial y a las propuestas de transformación del sistema educativo. El enfrentamiento con el Gobierno y con RN también le permite reivindicarse como representante de quienes consideran insuficientes las respuestas institucionales al malestar social.
Sin embargo, esa proximidad a las protestas también entraña riesgos para sus aspiraciones presidenciales si pretende ampliar sus apoyos más allá del electorado habitual de LFI. Las acusaciones del centro y la derecha, que le atribuyen una responsabilidad política en la escalada de violencia, pueden perjudicar su imagen entre los votantes moderados, mientras sus discrepancias con otras formaciones progresistas dificultan la construcción de una mayoría capaz de competir en una segunda vuelta.
La socialdemocracia y los ecologistas se distancian de Mélenchon
Las protestas han profundizado las diferencias dentro de la izquierda francesa, especialmente después de que Raphaël Glucksmann, elegido candidato del espacio socialdemócrata en las primarias de octubre, condenara unos episodios de violencia que, a su juicio, han impedido escuchar las reivindicaciones de los manifestantes. Su reacción contrasta con la de Mélenchon, que ha insistido en denunciar la actuación policial y las responsabilidades del Ejecutivo, en lugar de centrar sus intervenciones en los disturbios.
Glucksmann aspira a representar a un electorado progresista preocupado por la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos, pero contrario tanto a los métodos violentos como a la confrontación permanente con las instituciones. Su distanciamiento de LFI podría facilitar el acercamiento a votantes moderados desencantados con el macronismo.
Los ecologistas, encabezados por Marine Tondelier, han reclamado cambios en la doctrina policial y advertido de los riesgos que determinadas intervenciones representan tanto para los manifestantes como para los propios agentes. Tondelier, que participó en las movilizaciones, ha condenado los actos violentos, pero también ha criticado que la reunión convocada por el Gobierno con los partidos políticos pueda convertirse en un intercambio de reproches contra la oposición, en lugar de servir para buscar soluciones a las demandas sociales.
El primer secretario socialista, Olivier Faure, también ha defendido una revisión profunda de las prácticas policiales que favorezca la desescalada, sin dejar de condenar los saqueos y los ataques contra edificios públicos. Estas posiciones reflejan las dificultades de una izquierda que comparte buena parte de las preocupaciones por el deterioro de las condiciones de vida, pero discrepa sobre su relación con las movilizaciones y sobre la respuesta que debe darse a la violencia.
Philippe y Retailleau compiten por el electorado partidario del orden
Los candidatos del centro y la derecha tradicional también han intervenido en la controversia, conscientes de que necesitan diferenciar sus propuestas de las de Reagrupamiento Nacional sin aparecer como continuadores de una gestión gubernamental cuestionada por la oposición. Édouard Philippe, candidato de Horizons y antiguo primer ministro de Macron, ha reclamado firmeza contra quienes participaron en los disturbios y ha atribuido a LFI una importante responsabilidad política en el clima de violencia.
Bruno Retailleau, candidato de Los Republicanos, ha defendido una respuesta todavía más contundente contra los responsables de los ataques, mientras Gabriel Attal, dirigente de Renaissance, ha condenado los enfrentamientos como una agresión contra la autoridad del Estado. Aunque los tres coinciden en exigir el restablecimiento del orden, durante la campaña deberán explicar qué cambios proponen respecto a las políticas de seguridad desarrolladas durante los mandatos de Macron.
El protagonismo adquirido por los disturbios puede beneficiar a Le Pen, cuya formación lleva años haciendo de la seguridad una de sus principales señas de identidad. Para Philippe y Retailleau, las protestas ofrecen argumentos con los que cuestionar la gestión del Gobierno, pero también les obligan a competir con una extrema derecha que dispone de un discurso consolidado sobre esta cuestión y que presenta la violencia como consecuencia del fracaso de los partidos tradicionales.
Una crisis que puede alterar los equilibrios de la primera y la segunda vuelta
A seis meses de las elecciones presidenciales, las consecuencias políticas de las protestas dependerán de su evolución y de la respuesta que ofrezca el Gobierno. Si los episodios de violencia continúan dominando la actualidad, Le Pen podría beneficiarse de un debate centrado en la seguridad, mientras que una mayor atención a las reivindicaciones educativas y económicas daría a Mélenchon más oportunidades para disputar la representación del descontento social.
Los aspirantes del espacio presidencial y de la derecha tradicional deberán demostrar que pueden garantizar la seguridad sin desatender los problemas que originaron las movilizaciones, especialmente aquellos que han participado en los gobiernos de los últimos años. La socialdemocracia, por su parte, intentará comprobar si su condena de los disturbios y sus críticas a las deficiencias de la política gubernamental le permiten atraer a votantes que no se identifican ni con LFI ni con RN.
La respuesta del Gobierno a las demandas sociales y la evolución de las movilizaciones serán decisivas para determinar cuánto influye esta crisis en la campaña presidencial, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas siguen reclamando soluciones a las carencias educativas que los llevaron a las calles.