Las autoridades de Venezuela han reclamado este viernes que la misión de la ONU encargada de investigar violaciones de Derechos Humanos en el país, creada en 2019, no vea renovado su mandato. El Gobierno defiende supuestas "mejoras" en este ámbito en los últimos meses, después de que el equipo de Naciones Unidas haya hecho público esta semana un informe en el que alerta de que las estructuras estatales implicadas en la represión y los abusos permanecen "intactas" pese a los cambios anunciados por Caracas.
"Consideramos que ha llegado el momento de avanzar hacia la conclusión de este mecanismo y evitar su perpetuación indefinida, por ellos hacemos un llamado a los miembros de este órgano a que no acompañen una nueva renovación del mandato de la denominada Misión de Determinación de los Hechos", ha señalado el ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, Enzo Bitteto, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Ginebra, Suiza.
El representante venezolano ha justificado su postura al entender que "ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano, ha suscitado serias preocupaciones en cuanto a subjetividad, imparcialidad y no selectividad".
En su intervención, se ha referido al documento difundido este miércoles por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, así como a anteriores investigaciones, asegurando que "se sustentan en fuentes secundarias y terciarias y en metodologías que a juicio de nuestro país plantean interrogantes".
Bitetto ha jsutificado además su petición aduciendo "mejoras" en materia de Derechos Humanos, entre las que figuran la ley de amnistía o la excarcelación de presos políticos bajo el Ejecutivo de Delcy Rodríguez, quien fuera 'número dos' del presidente Nicolás Maduro.
Sus declaraciones se producen días después de que esta Misión de la ONU haya denunciado que las instituciones estatales responsables de la represión y violaciones de Derechos Humanos en el país latinoamericano siguen "intactas", tras investigar 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, cuando Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses.
Así, ha señalado que tiene identificados a una veintena de funcionarios por su participación en "graves violaciones" de Derechos Humanos, que "continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave" después del supuesto traspaso de poderes a la presidenta encargada.