El Congreso ha dado un nuevo impulso a la modificación de su Reglamento con el objetivo de hacer más sencillo que las formaciones minoritarias puedan disponer de grupo parlamentario propio. La propuesta, promovida por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, ha superado este viernes el trámite de ponencia, pese al rechazo del PP y Vox.
La andadura parlamentaria de esta reforma comenzó a finales de mayo, cuando el Pleno aceptó su toma en consideración con el respaldo del PSOE. Ya en junio, las alternativas registradas por los 'populares' y Vox fueron tumbadas y el próximo martes está previsto que el texto se discuta en la Comisión de Reglamento.
Según el calendario que manejan el PSOE y sus aliados, la intención es que la reforma quede definitivamente aprobada en el Pleno previsto para el 23 de julio, de forma que pueda aplicarse en el nuevo Congreso que salga de las próximas elecciones generales, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.
De hecho, una de las enmiendas técnicas incorporadas este viernes en la ponencia deja claro que la reforma solo entrará en vigor en la próxima legislatura, por lo que los actuales diputados no podrán beneficiarse de los nuevos criterios.
Las fuerzas minoritarias pretenden cambiar el artículo 23 del Reglamento de 1982, que en la actualidad exige para tener grupo propio un mínimo de 15 escaños o, al menos, cinco diputados y un 5% de los votos a nivel estatal o un 15% en todas las circunscripciones donde se haya concurrido.
Con la modificación planteada, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez quieren rebajar del 5 al 3% el porcentaje de sufragios en el conjunto del país necesario para formar grupo, y del 15 al 10% el umbral exigido en las provincias en las que se presentan.
Ventajas de contar con grupo propio
Al inicio de la legislatura actual, ni ERC ni Junts alcanzaban los requisitos fijados en el Reglamento de 1982 y se vieron obligados a recurrir a préstamos de diputados del PSOE y de Sumar para poder constituir grupo propio. La Mesa del Congreso avaló esta fórmula gracias a la mayoría que suman PSOE y Sumar, que a su vez se hicieron con el control del órgano de gobierno de la Cámara con los votos de los independentistas catalanes.
Disponer de grupo propio conlleva importantes beneficios políticos, económicos y de recursos. Quien lo logra garantiza voz diferenciada en todos los debates y, como mínimo, un representante en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, además de una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. En el plano económico, implica recibir más subvenciones y acceder a las ayudas por el 'mailing'.
En sus textos alternativos, el PP y Vox defendían mantener intactos los porcentajes actuales para poner fin a la práctica habitual del préstamo puntual de diputados por parte de los grandes partidos a las formaciones pequeñas para que puedan conformar grupo propio, algo que consideran un "fraude de ley" tolerado por distintas Mesas del Congreso a lo largo de varias legislaturas.
Enmiendas rechazadas de PP y Vox
En sus enmiendas parciales, ambos grupos aprovecharon para intentar introducir otros cambios en el Reglamento, pero sus propuestas fueron inadmitidas por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de la Comisión de Reglamento, alegando que afectaban a artículos ajenos a la regulación de los grupos parlamentarios.
La misma suerte corrió una iniciativa de Vox que pretendía obligar a las formaciones independentistas a renunciar a defender sus postulados como condición para disponer de grupo propio y que, en caso de incumplir esos compromisos una vez constituido el grupo, facultaba a la Mesa para disolverlo.
Esta enmienda fue rechazada por incurrir en "una contradicción palmaria y evidente con la Constitución" ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, "el modelo que se deriva de la Constitución no es el de una democracia militante".
El resto de enmiendas sí superaron el filtro formal, pero ninguna se ha incorporado al informe de la ponencia, por lo que se mantienen vivas para la discusión en comisión. En este contexto, el PP propone poner fin al principio de equidad entre grupos parlamentarios vigente desde 1982 y aplicar un criterio de estricta proporcionalidad, de modo que subvenciones, tiempos de intervención y recursos materiales se distribuyan según el número de diputados de cada grupo.
Los 'populares' también plantean retocar el artículo 27 para que, cuando los integrantes de un grupo distinto del Mixto "se reduzca durante el transcurso de la legislatura a menos del mínimo exigido para su constitución", ese grupo se disuelva y sus diputados pasen automáticamente al Mixto. Actualmente, solo se prevé la disolución si los miembros se reducen "a un número inferior a la mitad del mínimo exigido".
Asimismo, el PP defiende suprimir la figura del diputado asociado, apenas utilizada, que permite a los parlamentarios que al comienzo de la legislatura no se integran en ningún grupo asociarse posteriormente a uno ya constituido para evitar recalar en el Mixto.
Por su parte, Vox propone eliminar el artículo del Reglamento que permite cambiar de grupo parlamentario, salvo el Mixto, durante los cinco primeros días de cada periodo de sesiones, con la intención de acabar con las cesiones temporales. Además, mantiene otra enmienda para impedir que formen grupo propio partidos que se presentaran a los comicios como parte de una misma coalición.
ERC y Bildu respaldan la enmienda de Junts
En la reunión de la ponencia, Junts ha introducido una enmienda 'in voce' que flexibiliza aún más las condiciones para constituir grupo parlamentario, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
En la actualidad, la normativa exige alcanzar al menos el 10% de los votos en todas las circunscripciones en las que se concurre para poder crear grupo. La propuesta de los de Carles Puigdemont plantea que ese porcentaje solo deba cumplirse en aquellas circunscripciones donde se obtenga representación.
La enmienda ha sido suscrita también por ERC y Bildu y ha recibido el apoyo de todos los grupos salvo PP y Vox. Esta maniobra ha provocado las quejas de la formación de Santiago Abascal, que denuncia que el cambio se haya introducido "sin aviso, fuera de plazo y con el aval del letrado mayor del Congreso", al que acusan de haberse convertido en "aliado del separatismo".
Desde el grupo parlamentario de Vox critican que, con esta modificación, se garantice en la práctica que los socios del Gobierno mantengan su estatus de grupo "incluso si sufren el desplome que anticipan las encuestas".