Unas 20.000 personas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid a las 12.00 horas, participan este sábado en la segunda "Marcha por la Dignidad", una movilización convocada por Sociedad Civil Española (SCE) para protestar por la actuación del Ejecutivo ante la crisis de Ceuta y reclamar elecciones generales anticipadas. La manifestación se desarrolla sin incidentes y ha arrancado a las 10.00 horas en la plaza de Cibeles para avanzar por Alcalá, Gran Vía y Princesa hasta el Arco de la Victoria, en Moncloa.
La marcha está escoltada por un amplio dispositivo policial y cuenta con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, y varios dirigentes del PP encabezados por su secretario general, Miguel Tellado. Sociedad Civil Española asegura reunir a más de 150 asociaciones y colectivos cívicos, aunque otras comunicaciones de la propia plataforma han elevado a cerca de 200 el número de entidades vinculadas a esta convocatoria. Durante el recorrido se escuchan consignas contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras algunos participantes muestran pancartas reclamando la dimisión del presidente y la celebración de nuevos comicios.
Abascal carga contra el Gobierno por Ceuta
Abascal ha centrado buena parte de sus declaraciones en la situación de Ceuta y ha acusado al Gobierno de no haber resuelto la crisis abierta tras las entradas de migrantes registradas a finales de julio. "No sabemos el tiempo que va a durar la situación. Lo que sí sabemos es que cada vez hay más problemas en Ceuta", ha señalado el dirigente de Vox, que ha expresado además su "desconfianza" hacia las actuaciones del Ejecutivo y ha reiterado su tesis de que la política del Gobierno hacia Marruecos responde a los intereses de Rabat. Estas acusaciones forman parte de la posición política de Vox y son rechazadas por el Ejecutivo.
El presidente de Vox también ha cuestionado las cifras oficiales de menores migrantes no acompañados y ha defendido su retorno a Marruecos cuando sea posible. La situación de estos menores es uno de los principales focos de disputa entre administraciones: el Gobierno cifraba esta semana en 2.321 los menores no acompañados que permanecían en Ceuta y acusa al PP de obstaculizar su redistribución entre comunidades autónomas, mientras los populares reclaman priorizar las repatriaciones. Estas devoluciones no son automáticas y deben ajustarse a las garantías específicas de protección del menor y a su situación familiar.
Tellado acusa al Ejecutivo de "dejación de funciones"
Desde el PP, Miguel Tellado ha atribuido al Gobierno una "responsabilidad evidente" por lo ocurrido en Ceuta y ha denunciado una "dejación de funciones" y una "negligencia máxima". Según el secretario general popular, el Ejecutivo conocía previamente el riesgo de una entrada masiva gracias a informes que advertían de esa posibilidad y, pese a ello, no adoptó las medidas necesarias. El Gobierno sostiene una versión distinta y defiende que ha movilizado recursos extraordinarios para atender la emergencia, además de responsabilizar al PP de dificultar la salida de menores hacia otras comunidades.
Tellado también ha aprovechado la protesta para cargar contra la situación política general y contra los procedimientos judiciales y casos que afectan al entorno del PSOE. Sus afirmaciones son parte del discurso político del PP y no implican por sí mismas la existencia de responsabilidades penales del Gobierno como institución.
Elecciones "inmediatas" y dudas sobre la limpieza de los comicios
El manifiesto de Sociedad Civil Española reclama como primera medida la "convocatoria inmediata de elecciones generales" y pide mantener la movilización hasta que los ciudadanos vuelvan a las urnas. Los organizadores también exigen garantías de que los próximos comicios "serán limpios" y aseguran que existe una "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral", expresión que vinculan a las nacionalizaciones concedidas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como "ley de nietos".
No hay pruebas acreditadas públicamente de que el Gobierno esté preparando una manipulación electoral o una "adulteración del censo". La concesión de la nacionalidad española conforme a los procedimientos legales puede otorgar derechos electorales a quienes cumplan los requisitos establecidos, pero eso no equivale por sí mismo a una alteración fraudulenta del proceso electoral. Por tanto, el término "pucherazo" debe entenderse como una acusación política de los convocantes, no como un hecho demostrado.
El manifiesto pide activar el artículo 102 contra Sánchez
La plataforma reclama además iniciar "sin más dilación" en el Congreso el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidad penal al presidente del Gobierno por lo que los organizadores denominan "traición" y "atentado contra la seguridad del Estado". Vox lleva semanas defendiendo esta vía, mientras el PP ha rechazado hasta ahora sumarse a ella y ha recordado que no existe la mayoría parlamentaria necesaria para ponerla en marcha.
El procedimiento existe constitucionalmente, pero requiere que la iniciativa sea planteada por al menos una cuarta parte de los diputados, 88 parlamentarios, y posteriormente aprobada por mayoría absoluta, 176 votos, cuando se trate de una acusación por traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de las funciones del presidente. Vox no dispone por sí solo de esos apoyos y no existe ninguna resolución judicial que haya declarado a Pedro Sánchez culpable de un delito de traición.
La "militarización" de Ceuta, otra de las exigencias
El manifiesto dedica otra parte de sus reivindicaciones a Ceuta y Melilla y pide la "aplicación inmediata del instrumento legal procedente para la militarización de la plaza", además de reclamar la devolución a Marruecos de las personas a las que los organizadores denominan "invasores". Sociedad Civil Española sostiene que ambas ciudades necesitan una respuesta "contundente y urgente" y ha anunciado que mantendrá sus movilizaciones, con una próxima convocatoria prevista en Barcelona el 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional.
La terminología utilizada en el manifiesto pertenece al discurso político de los convocantes. La legislación española y europea distingue entre personas en situación irregular, solicitantes de protección internacional, menores y otros supuestos jurídicos, por lo que las devoluciones no pueden ejecutarse de manera indiscriminada sin analizar las circunstancias de cada caso.
La primera marcha reunió a 40.000 personas
PP y Vox ya coincidieron el pasado 23 de mayo en la primera "Marcha por la Dignidad" organizada por Sociedad Civil Española. Aquella protesta, convocada bajo el lema "¡Sánchez, dimisión ya!", partió de la plaza de Colón y terminó igualmente en Moncloa. La Delegación del Gobierno cifró entonces la asistencia en unas 40.000 personas, el doble de las 20.000 contabilizadas a mediodía de este sábado, aunque el balance de la actual manifestación aún puede variar hasta su finalización.
Abascal encabezó también entonces la representación de Vox, mientras Alberto Núñez Feijóo no acudió por coincidir la convocatoria con un acto del PP en Baleares. Ambos líderes sí participaron posteriormente en la concentración celebrada el 2 de septiembre en Cibeles en apoyo a Ceuta. La movilización de este sábado vuelve a situar juntos a PP y Vox en la calle, aunque las dos formaciones mantienen diferencias sobre varias de las medidas incluidas en el manifiesto, especialmente la propuesta de activar el artículo 102 contra Sánchez.