La Comisión Europea ha lanzado este jueves un ultimátum de dos meses a España, Francia y Austria para que incorporen por completo a su ordenamiento la directiva que castiga la violación de las sanciones de la Unión Europea, advirtiendo de que, si no lo hacen, llevará a los tres países ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y reclamará sanciones económicas.
El Ejecutivo comunitario ha remitido un dictamen motivado —último paso antes de acudir a la vía judicial— tras comprobar que estos tres Estados siguen sin adaptar su legislación nacional a una directiva europea, pese a que el plazo límite venció en mayo de 2025 y a que ya se les abrió un primer expediente de infracción en julio del año pasado junto con otros 17 Estados miembro.
La directiva pretende frenar el incumplimiento de las sanciones de la UE, incluidas las que se aprobaron tras la agresión rusa contra Ucrania. Mediante la armonización del Derecho penal nacional, se busca facilitar la investigación y el enjuiciamiento de las infracciones relacionadas con las sanciones de la UE en todos los Estados miembro, reforzando así la eficacia de estas medidas.
Si en el nuevo plazo de dos meses las autoridades de España, Francia y Austria no comunican las disposiciones necesarias o no ofrecen una contestación satisfactoria, Bruselas trasladará el expediente directamente al alto tribunal europeo para reclamar la imposición de multas financieras.