El Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha detectado que personas migrantes en situación administrativa irregular estarían residiendo en viviendas de titularidad pública, tal y como ha confirmado este martes el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez.
Algunos de estos episodios habrían sido puestos en conocimiento de la Administración directamente por los propios vecinos, que han alertado sobre la presencia de personas que estarían utilizando estas viviendas sin cumplir los requisitos establecidos.
Ramírez ha detallado que la Ciudad ha recibido avisos concretos sobre esta problemática, con especial incidencia en la zona de Loma Colmenar, donde residentes de la barriada comunicaron al Ejecutivo la existencia de pisos en los que se alojarían personas que no tendrían derecho a ocuparlos.
La cuestión salió a la luz durante una reunión mantenida con vecinos de Loma Colmenar para tratar el posible uso de una parcela de embolsamiento como área destinada a la acogida de migrantes. En ese encuentro, los asistentes trasladaron al Gobierno sus inquietudes acerca del uso de determinadas viviendas públicas del entorno.
“Tenemos constancia porque ha sido trasladada directamente por los vecinos”, ha indicado Ramírez, quien ha añadido que el área de Vivienda de la Ciudad ya ha comenzado a trabajar para revisar una a una las situaciones comunicadas.
Revisión de las viviendas y posibles sanciones
El portavoz del Ejecutivo ha avanzado que se realizará un análisis detallado de las viviendas públicas sobre las que pesan sospechas de ocupación irregular o de cesión por parte de sus adjudicatarios a terceras personas.
El objetivo de la Ciudad es verificar en cada caso si se está vulnerando alguna de las condiciones fijadas en los contratos de arrendamiento de las viviendas públicas y, en función de ello, determinar las medidas a adoptar.
Ramírez ha subrayado que, si se confirma que los titulares de estos inmuebles han cedido las viviendas para que sean ocupadas de forma irregular, el Gobierno actuará contra ellos conforme a lo previsto en la normativa vigente.
“Obviamente, la causa de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y el procedimiento a continuación de desahucio”, ha precisado el portavoz.
Ha insistido en que la Administración no permanecerá pasiva ante estas conductas y que, cuando proceda, se aplicarán también las correspondientes medidas sancionadoras contempladas en la regulación de vivienda pública.
Ramírez ha remarcado que los servicios jurídicos de la Ciudad han verificado que los contratos de arrendamiento ya incluyen la facultad de resolverlos en caso de incumplimientos como los que se están investigando.
“Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato”, ha aseverado.
De esta forma, la Ciudad pretende actuar no solo frente a eventuales ocupaciones ilegales de viviendas públicas, sino también ante aquellos supuestos en los que los adjudicatarios hayan permitido que terceras personas residan en los inmuebles vulnerando las cláusulas del contrato.
El portavoz ha concluido señalando que los servicios técnicos y jurídicos ya disponen de la información facilitada por los vecinos y comenzarán a estudiar cada caso concreto para determinar las actuaciones que correspondan.