Diversas asociaciones de afectados por la dana se han concentrado este martes ante la puerta del Congreso de los Diputados para exigir que se retire el aforamiento al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y que pueda ser procesado por su actuación en la gestión de la catástrofe en la que murieron 230 personas el 29 de octubre de 2024.
Portavoces de varias asociaciones de víctimas de la riada han comparecido ante los medios frente a la Cámara Baja, acompañados por diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y Podemos.
La abogada de la “Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre de 2024”, Miriam Salmerón, ha explicado que han presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana a investigar a Mazón, actualmente diputado en las Corts Valencianes, dentro del procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción de Catarroja (Valencia) que analiza la gestión de la dana y los fallecimientos derivados.
“Hemos probado que hace un uso espurio de su escaño como diputado, así como que no hay un nexo funcional entre los delitos que se le imputan y su acta de diputado”, ha señalado la letrada. Aunque ha calificado de “muy positivas” las comisiones de investigación del Congreso y del Senado sobre la dana, ha recalcado que necesitan que el expresidente “se siente como investigado en Catarroja”.
Salmerón ha censurado también el proceder del Alto Tribunal en esta causa, al considerar que “ha usurpado funciones propias de una audiencia provincial y sus funciones como tribunal de competencia a la jueza” Nuria Ruíz Tobarra, instructora del caso, cuando en abril pasado rechazó abrir investigación a Mazón.
Presión al PP y llamada al Constitucional
La portavoz de la Asociación de víctimas “29 d'Octubre”, Mariló Gradoli, ha defendido que el Constitucional “tiene el deber de atender a las víctimas” y ha subrayado que se trata de “una oportunidad histórica” para situar a las víctimas por delante de “un privilegio como es el aforamiento”.
Gradoli ha apelado a la sensibilidad de los magistrados, mostrando su confianza en que “las personas que conforman ese tribunal entiendan el dolor y entiendan la situación de los familias de las víctimas mortales que día a día recuerden que faltan”.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de damnificados por la dana, Álex Carabal, ha sugerido que el PP debería reclamar el acta de quien fue su máximo dirigente en la Comunitat Valenciana hasta el pasado mes de noviembre.
“Aún quedan vídeos en un cajón”
Carabal ha denunciado que, más de un año después, todavía haya “vídeos en un cajón”, aludiendo a los mensajes conocidos el 11 de junio en los que Mazón indicaba a sus consellers que había que “inundar” de datos a los medios de comunicación porque eso es algo que “desprende sensación de estar alerta que te cagas”; y ha lamentado que estén “casi en el punto de inicio, o peor”.
Sobre estos hechos, Ernesto Martínez, de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana 29-O, se ha preguntado cuántas falsedades se han ocultado y ha ironizado: “Ya que pensábamos que no se podían superar, pues se han superado”.
Interrogado sobre el desaforamiento de Mazón, Martínez ha recordado que, si al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont se le retiró el acta para poder juzgarle por el 'procés', no entiende por qué no se actúa igual con el dirigente 'popular' cuando, a su juicio, “está más que probado que tenía una responsabilidades que no cumplió”.
Por último, Toñi García, cuyo marido e hija murieron en la dana, ha reiterado que “se sigue sin asumir responsabilidades” por la tragedia y ha acusado a Mazón de que “se ríe delante de la cara de todo su pueblo valenciano” al no acudir a su escaño en las Corts autonómicas “por el que se le paga”.