La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles a una Proposición No de Ley (PNL) presentada por Sumar para reconocer la ganadería caprina extensiva por su aportación a la biodiversidad, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático. Al mismo tiempo, ha aprobado otra iniciativa del PP que reclama al Gobierno impulsar ante las instituciones europeas una revisión del modelo actual de protección de los ecosistemas marinos vulnerables.
La propuesta de Sumar ha sido respaldada por 33 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención. En el texto, la formación plantea que se reconozca la ganadería caprina extensiva como infraestructura verde “por su contribución a la biodiversidad, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático”.
Asimismo, la iniciativa plantea establecer pagos estables, adicionales a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), por los servicios ecosistémicos que presta este tipo de ganadería y para favorecer que el pastoreo extensivo se mantenga durante todo el año.
Del mismo modo, el texto reclama poner en marcha una Estrategia para las Razas Caprinas Autóctonas que coordine la conservación genética, la investigación, la promoción comercial y el relevo generacional, así como impulsar el consumo de productos de razas caprinas autóctonas mediante compras públicas, un etiquetado diferenciado y campañas de sensibilización.
PESCA EN ECOSISTEMAS VULNERABLES
En paralelo, la PNL del PP ha prosperado con 18 votos a favor, 1 en contra y 17 abstenciones. A través de esta iniciativa, el Congreso insta al Gobierno a que promueva ante las instituciones de la Unión Europea (UE) la revisión del modelo vigente de protección de los ecosistemas marinos vulnerables.
El objetivo de los 'populares' es que cualquier limitación a la actividad pesquera se base en la mejor evidencia científica disponible, respete el principio de proporcionalidad y vaya acompañada de una evaluación previa de sus repercusiones económicas, sociales y territoriales.
El documento también pide al Ejecutivo que reclame a la Comisión Europea la revisión del Reglamento de Ejecución que fija las zonas de pesca en aguas profundas ya existentes y la relación de áreas en las que se conoce la presencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan, así como de la delimitación de las 87 zonas afectadas, de forma que la normativa incorpore la información científica “más actualizada” y la experiencia acumulada desde su entrada en vigor.
Además, la PNL insiste en que el Gobierno exija a Bruselas la creación de un procedimiento periódico para revisar las zonas sometidas a restricciones, sustentado en la actualización continua del conocimiento científico, la cartografía de alta resolución de los ecosistemas marinos vulnerables y los datos recabados mediante programas de seguimiento e investigación.
En esta misma línea, reclama que se defienda que toda nueva medida de protección de ecosistemas marinos vulnerables incluya “obligatoriamente” una evaluación de impacto socioeconómico y un proceso real de consulta con el sector pesquero, las comunidades autónomas (CCAA) y las autoridades regionales implicadas.
Igualmente, insta al Ejecutivo a promover una propuesta técnica para revisar la clasificación del palangre de fondo, en colaboración con el sector pesquero, el Instituto Español de Oceanografía, las CCAA y los organismos científicos competentes.
Según el PP, esta revisión debería reconocer las “particularidades operativas” del palangre de fondo y su “limitada interacción” con el lecho marino, impulsando que pueda ser considerado de forma diferenciada como arte demersal o semipelágico cuando así quede demostrado científicamente.
El texto de los 'populares' también solicita que el Gobierno promueva ante la Comisión Europea una diferenciación “efectiva” entre las distintas artes de pesca en función de su impacto real sobre los ecosistemas marinos vulnerables, evitando que modalidades con características técnicas “claramente diferenciadas” reciban un mismo tratamiento regulatorio.
Asimismo, reclama que España lidere en el Consejo de la Unión Europea una iniciativa que garantice que la normativa comunitaria de conservación marina distinga las artes de pesca según su interacción efectiva con el medio marino y no solo por su denominación o clasificación tradicional.
Por último, se pide al Ejecutivo que respalde las iniciativas impulsadas por las CCAA, el propio sector pesquero y las organizaciones representativas orientadas a compatibilizar la protección de los ecosistemas marinos vulnerables con el mantenimiento de una actividad pesquera “sostenible, competitiva y generadora de empleo”.