Una semana sin Congreso pero con guerra institucional en el Senado: Marlaska consuma el tercer plante del Gobierno a la Cámara Alta

La Constitución no detalla un “procedimiento técnico” cerrado para la comparecencia de ministros ante el Congreso y el Senado, pero sí fija los requisitos básicos: el deber general del Gobierno de someterse al control parlamentario, el derecho de las Cámaras a recabar su presencia e información y la correlativa obligación de colaboración del Ejecutivo. Los aspectos concretos (quién lo pide, mayorías, plazos, formato del debate) se remiten a los Reglamentos del Congreso y del Senado.

1. Marco general de control: artículo 66 CE

El artículo 66 CE establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la función de control del Gobierno. De este precepto se deriva:

• Un deber constitucional de control sobre la acción del Gobierno.
• La necesidad de que existan instrumentos que hagan efectivo ese control, entre ellos las comparecencias de miembros del Gobierno ante el Congreso, el Senado o sus comisiones.

Por tanto, las comparecencias no son una cortesía política, sino un instrumento ordinario del mandato de control que la Constitución atribuye a las Cortes.

2. Responsabilidad política ante el Congreso: artículo 108 CE

El artículo 108 CE dispone que el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Ello implica:

• El centro de la responsabilidad política del Gobierno está en el Congreso (moción de censura, cuestión de confianza, etc.).
• Las comparecencias de ministros ante el Congreso son un cauce esencial para esa responsabilidad política: permiten exigir explicaciones y, llegado el caso, fundamentar decisiones como una reprobación política o una moción de censura al conjunto del Gobierno.

Aunque el Senado también puede llamar a comparecer a los miembros del Gobierno, el vínculo de responsabilidad política estricta se establece sólo con el Congreso.

3. Derecho de información de las Cámaras: artículo 110 CE

El artículo 110 CE reconoce que las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar, a través de sus Presidentes, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos, así como de otras autoridades. De aquí se desprenden varios requisitos clave:

• La iniciativa corresponde a las Cámaras o sus comisiones, no individualmente a un diputado o senador (aunque estos puedan promoverla políticamente según los reglamentos).
• La solicitud debe cursarse a través de los Presidentes del Congreso o del Senado, es decir, mediante acuerdo formal del órgano competente (Pleno, Mesa, Junta de Portavoces o Comisión, según el caso).
• El Gobierno tiene un deber constitucional de facilitar información y ayuda, lo que abarca tanto documentación como explicaciones verbales en sede parlamentaria.

El precepto no exige una mayoría concreta ni limita las materias: esos detalles se fijan reglamentariamente, pero el derecho a recabar información tiene rango constitucional y es muy amplio.

4. Presencia de los miembros del Gobierno: artículo 111 CE

El artículo 111 CE concreta el régimen de comparecencias:

• “Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”: Congreso y Senado, así como sus comisiones, pueden acordar la comparecencia del Presidente, vicepresidentes o ministros.
• “Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas”: el Gobierno también puede comparecer por iniciativa propia, para informar o defender su posición.
• Además, el mismo artículo somete al Gobierno a interpelaciones y preguntas, para las que la Constitución exige reservar un tiempo mínimo semanal. Muchas comparecencias se articulan precisamente mediante estos instrumentos.

Aunque el precepto no dice expresamente “es obligatorio acudir”, la combinación del poder de las Cámaras para reclamar la presencia y el deber general de control e información se interpreta como una obligación constitucional de comparecer, cuyo incumplimiento se aborda con los mecanismos de responsabilidad política y, en su caso, con desarrollo legal específico.

5. Síntesis práctica de los requisitos constitucionales

• Quién puede solicitar la comparecencia: el Congreso, el Senado o sus comisiones, mediante los acuerdos que prevean sus Reglamentos, actuando siempre a través de sus Presidentes (art. 110 y 111 CE).
• Necesidad de aprobación previa: sí, en el sentido de que la comparecencia debe ser acordada por el órgano competente de la Cámara; la Constitución no fija la mayoría, pero exige esa decisión formal.
• Carácter obligatorio de la asistencia: del deber de someterse a control (art. 66), de responder políticamente ante el Congreso (art. 108) y del derecho de las Cámaras a reclamar su presencia (art. 111) se deriva una obligación constitucional de comparecer.
• Alcance del deber de información: muy amplio; incluye informar, remitir documentación y prestar la ayuda necesaria para que las Cortes ejerzan plenamente sus funciones (art. 110 CE).
• Diferencia Congreso–Senado: ambos pueden llamar a comparecer; pero la responsabilidad política última del Gobierno se anuda al Congreso (art. 108 CE), lo que hace especialmente intensas las comparecencias en esta Cámara.

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962) es un magistrado de carrera que desde 2018 ejerce como ministro del Interior en los distintos gobiernos de Pedro Sánchez. Su trayectoria combina más de dos décadas en la judicatura, especialmente en la Audiencia Nacional, con una prolongada etapa como responsable político de la seguridad interior y las políticas migratorias españolas.

Licenciado en Derecho y perteneciente a la carrera judicial, se forja profesionalmente en juzgados y tribunales hasta llegar a la Audiencia Nacional, donde alcanza relevancia pública. Según su ficha en bases institucionales, es magistrado y se destacó en ese órgano en la lucha contra el terrorismo de ETA y en causas de gran impacto mediático, como el caso del accidente del Yak-42. Esa etapa lo sitúa como una figura conocida dentro del poder judicial por su trabajo en materias de terrorismo y delincuencia organizada.

Su perfil también está ligado a la garantía del Estado de derecho en el ámbito penal. En la biografía parlamentaria se subraya que su experiencia en la Audiencia Nacional le otorga un conocimiento directo de las amenazas terroristas y de seguridad que afronta el país, algo que después trasladará a su acción política en Interior. Además, es uno de los jueces que contribuye a visibilizar al colectivo LGTBI dentro de la judicatura: en octubre de 2005, siendo magistrado de la Audiencia Nacional, hizo pública su homosexualidad y se casó con su marido, gesto que distintos análisis periodísticos destacan como un hito simbólico para la normalización del colectivo en instituciones tradicionalmente conservadoras, como recuerda un reportaje de Demócrata sobre figuras clave en la evolución de los derechos LGTBI+ (perfil LGTBI).

Su salto a la política de alto nivel se produce en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez lo incorpora a su primer Consejo de Ministros tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Diversos análisis sobre aquel llamado “Gobierno bonito” recuerdan que la lista de ministros incluyó al “juez Fernando Grande-Marlaska” al frente de Interior, junto a figuras como Josep Borrell o Carmen Calvo (Gobierno 2018). Desde entonces se mantiene ininterrumpidamente al frente del Ministerio del Interior, lo que lo convierte, junto con Luis Planas, en uno de los ministros que más tiempo llevan dirigiendo la misma cartera desde la Transición.

Como ministro del Interior, su cargo administrativo principal, reflejado en bases oficiales, es el de ministro del Ministerio del Interior. Su agenda institucional muestra una dedicación constante a los consejos de ministros de Interior de la Unión Europea, reuniones del Consejo JAI (Justicia y Asuntos de Interior) en Luxemburgo y Bruselas, y comparecencias periódicas ante el Congreso y el Senado para responder a las sesiones de control al Gobierno y a comisiones específicas, especialmente la de Interior.

En el plano de la política pública, Grande-Marlaska ha hecho de la cooperación policial internacional y la gestión migratoria dos de sus grandes ejes. En notas de prensa de La Moncloa e Interior aparece defendiendo una “estrategia preventiva” en materia migratoria y presentando el modelo español de “movilidad segura” en foros internacionales (Conferencia de embajadores). También ha impulsado la modernización de infraestructuras críticas, como el paso fronterizo de Beni Enzar en Melilla, enmarcándolo en el concepto de “frontera inteligente” y subrayando el equilibrio entre seguridad y agilidad en el tránsito.

En el terreno de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, su ministerio ha reforzado la cooperación con socios europeos y mediterráneos. En la Alianza Internacional para la Seguridad, por ejemplo, ha defendido que “la colaboración internacional no es una opción, sino una necesidad” en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y amenazas híbridas como el uso criminal de drones o la ciberdelincuencia, insistiendo en el intercambio operativo de información y en la confianza mutua entre cuerpos policiales (Alianza ISA).

Su gestión al frente de Interior ha estado ligada también a la Guardia Civil y la Policía Nacional, instituciones que suele presentar como ejes de la vertebración del territorio y de la seguridad en la España despoblada. Ha presidido actos centrales del cuerpo, inaugurado cuarteles y encabezado decisiones de nombramientos en la cúpula policial y de la Guardia Civil, en un contexto marcado por la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y las nuevas formas de delincuencia organizada.

En el plano político, su etapa ministerial ha sido objeto de un intenso escrutinio y de críticas de la oposición, que han llegado a pedir en varias ocasiones su dimisión por distintos episodios en Interior. Aun así, ha mantenido el respaldo del presidente y sigue compareciendo de forma habitual en el Parlamento y en comisiones de investigación o seguimiento, donde defiende la actuación de su departamento, reivindica el respeto a las resoluciones judiciales y enmarca su gestión en la defensa del Estado de derecho.

En el ámbito personal y simbólico, los perfiles biográficos subrayan que Grande-Marlaska es una de las figuras más visibles de la diversidad LGTBI en la alta administración de justicia y el Gobierno. Ha publicado una autobiografía y ha participado en campañas y actos sociales, consolidando una imagen de magistrado-político que combina discurso de firmeza en seguridad con referencias constantes a la legalidad, los derechos fundamentales y la dignidad de las víctimas del terrorismo.

Con la información disponible en las fuentes consultadas no es posible dar una cifra exacta y consolidada de cuántas reprobaciones de ministros ha aprobado el Senado en todas las legislaturas anteriores. No existe en estas fuentes un recuento histórico completo desde 1977, sino referencias parciales y centradas sobre todo en la legislatura actual. Lo que sí muestran claramente es que la ola de reprobaciones al Gobierno y a sus ministros en el Senado es un fenómeno muy concentrado en la legislatura vigente y sin precedentes por intensidad en la etapa democrática.

Qué dicen explícitamente las fuentes

En una nota del Grupo Socialista en el Senado de abril de 2025, el portavoz Juan Espadas denuncia el uso de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta para reprobar sistemáticamente a miembros del Gobierno. Allí se señala que, con la moción contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se llegaba ya a:

• “el quinto miembro del Ejecutivo” reprobado en el Senado, al que habría que añadir, además, la reprobación al fiscal general del Estado (nota del PSOE en el Senado).

Es decir, esa propia fuente interna del Senado sitúa en cinco los ministros y ministras ya reprobados en la actual legislatura en el momento de esa declaración (abril de 2025), sin aportar una serie histórica de legislaturas previas.

Posteriormente, las noticias recabadas permiten ver cómo esa lista continúa ampliándose:

• El Partido Popular informa de que el Senado reprueba por segunda vez al ministro de Transportes, Óscar Puente, mediante moción aprobada por el Pleno (comunicado del PP).
• Otra nota de prensa del PP explica que, con la iniciativa para reprobar a Mónica García (Sanidad), esta se convertirá en “la sexta ministra cuestionada formalmente por la mayoría absoluta del PP en el Senado en la actual legislatura”, y enumera como previamente reprobadas a Ana Redondo (Igualdad), María Jesús Montero, Óscar Puente, Fernando Grande-Marlaska, Félix Bolaños y José Manuel Albares (información en Demócrata).
• Una crónica posterior sobre la reprobación a Sara Aagesen (Transición Ecológica) afirma que esta votación “la convierte en la novena integrante del Ejecutivo censurada por la Cámara Alta en esta legislatura” (crónica de Demócrata).

De estas tres piezas se deduce que, en la legislatura actual, el Senado ha aprobado al menos nueve reprobaciones individuales a miembros del Gobierno. Sin embargo, ninguna de las fuentes ofrece un recuento acumulado para todas las legislaturas anteriores.

Ausencia de un histórico completo en las fuentes consultadas

En paralelo se han rastreado:

• Notas de prensa oficiales del Senado sobre plenos en los que se incluyen mociones de reprobación (por ejemplo, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: nota del 3/4/2024 y nota del 9/4/2025).
• Comunicados de partidos (PP, PSOE) donde se mencionan algunas reprobaciones y se denuncia su uso “abusivo”.
• Artículos de análisis en Demócrata y otros medios que describen el uso reciente de la reprobación como instrumento de confrontación política.

Ninguna de estas fuentes, sin embargo, proporciona:

• Un listado sistemático por legislaturas de las reprobaciones aprobadas por el Senado a ministros.
• Ni un número total acumulado en “todas las legislaturas anteriores”.

Sí aparece algún dato indirecto que apunta a la excepcionalidad histórica del momento actual. Por ejemplo, en una moción del PP aprobada en el Senado pidiendo la reprobación del fiscal general del Estado, el propio grupo popular subraya que se trata de la “primera vez, en casi medio siglo de democracia” que se adopta una censura de ese tipo al jefe del Ministerio Fiscal (nota del PP). Esa mención refuerza la idea de que este tipo de votos de censura eran muy poco frecuentes en las primeras décadas de la democracia.

Conclusión

A partir de las fuentes accesibles se puede afirmar con seguridad que:

• En la legislatura actual, el Senado ha aprobado al menos nueve reprobaciones individuales a miembros del Gobierno, un volumen sin precedentes según los propios actores parlamentarios.
• No se ha localizado en las fuentes consultadas un recuento oficial o periodístico completo que indique cuántas reprobaciones a ministros aprobó el Senado en el conjunto de las legislaturas anteriores.

Por tanto, solo es posible responder con precisión para la legislatura presente, y contextualizar que el recurso intensivo a la reprobación en el Senado es un fenómeno reciente y políticamente excepcional, pero no ofrecer una cifra total fiable para todas las legislaturas previas con los datos disponibles.