La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados ha dado este jueves su visto bueno a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, en una votación en la que PP y Vox han rechazado el texto. La iniciativa pasará ahora al Pleno de la Cámara Baja. Según indicaron este miércoles fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, la votación en el hemiciclo se celebrará previsiblemente el próximo martes 14 de julio.
El dictamen definitivo del Proyecto de Ley que modifica el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo PP y Vox.
Durante el debate previo, el diputado del PP Enrique Belda ha justificado el rechazo de su grupo por la falta de memoria económica y de una previsión presupuestaria clara, aunque ha dejado la puerta abierta a variar su posición en el Pleno si el Gobierno corrige este punto. “Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar incluso antes que el Pleno”, ha señalado.
El texto, que tras superar el Pleno será remitido al Senado, incorpora mediante una enmienda transaccional la figura de la persona experta facilitadora procesal.
La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, añade una nueva disposición adicional en la que se detalla que esta persona experta “trabajará con el personal de la Administración de Justicia y las personas con discapacidad para asegurar que estas comprendan y tomen decisiones informadas en los procesos judiciales”, garantizando que todo el procedimiento se explique con un “lenguaje comprensible y fácil” y que se ofrezcan los apoyos y ajustes necesarios.
Además, los grupos que sostienen al Gobierno han introducido otra enmienda para fijar que la financiación estatal del sistema de dependencia alcance el 50%, después de que el Ejecutivo central haya aprobado una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas, según han subrayado fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
Estas mismas fuentes han criticado que el PP haya rechazado esta enmienda “a pesar de que este partido gobierna en numerosas CCAA y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”. Han recordado que, en la actualidad, la ley no establece de forma expresa que la contribución estatal a la dependencia deba situarse en el 50% y que “ahora se convertirá en norma”.
También han reprochado que en la década pasada, cuando el PP ocupaba La Moncloa, “recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”.
El Pleno del Congreso ya había aprobado el pasado 11 de diciembre la toma en consideración de este Proyecto de Ley, promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al rechazar una enmienda a la totalidad de Junts que pretendía devolver el texto al Gobierno. Todos los grupos votaron contra esa enmienda, salvo PP y Vox, que optaron por la abstención.
Desde entonces, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha insistido en la necesidad de un amplio acuerdo político y ha reiterado que la reforma contará con la financiación suficiente. En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto Ley con “la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia”: 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.
Entre las principales novedades de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia figuran la ampliación de servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y la eliminación del régimen de incompatibilidades en las ayudas a la dependencia introducido en 2012.
Asimismo, se reconoce la teleasistencia como un derecho, se refuerza la atención en el domicilio y se incorporan medidas para agilizar la tramitación administrativa, como la supresión de cargas burocráticas al equiparar automáticamente la situación de dependencia con la discapacidad. La norma también prevé que amistades y vecinos puedan ser considerados cuidadores formales, de modo que puedan percibir la prestación por cuidados en el entorno familiar.