El Consejo de Ministros aprobará este martes, 20 de octubre, el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, una norma con la que el Gobierno pretende actualizar los derechos y deberes de los universitarios después de más de quince años de vigencia de la regulación actual. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el acto de firma de una declaración sobre el proyecto celebrado este lunes en el Palacio de la Moncloa.
El presidente también ha adelantado que el Gobierno destinará 45 millones de euros a financiar siete proyectos de residencias universitarias, que permitirán crear, en una primera fase, cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas. Ambas iniciativas recibirán el visto bueno del Consejo de Ministros de este martes.
El nuevo Estatuto sustituirá al aprobado en 2010 y ampliará las garantías relacionadas con la salud mental, la orientación profesional, la conciliación de los estudios con el trabajo y la protección frente a la discriminación. También incorporará previsiones sobre protección de datos, desconexión digital y uso responsable de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.
45 millones para ampliar las residencias universitarias
El anuncio de la aprobación del Estatuto ha llegado acompañado de una nueva inversión destinada a facilitar el acceso a la vivienda de los universitarios. Según ha explicado Sánchez, los 45 millones de euros permitirán impulsar siete proyectos de residencias en universidades públicas, con una previsión inicial de cerca de 2.000 plazas.
El presidente ha relacionado esta medida con las dificultades económicas que encuentran los estudiantes que deben trasladarse a otra ciudad para cursar una titulación. "La universidad no es inmune a uno de los principales problemas del país como es el acceso a la vivienda", ha señalado durante su intervención.
Con la financiación anunciada, el Ejecutivo pretende ampliar las posibilidades de alojamiento universitario y reducir las barreras económicas que condicionan la elección de estudios, especialmente entre quienes no pueden continuar su formación superior en su lugar de residencia.
Por el momento, la información facilitada por Moncloa no concreta qué universidades recibirán los fondos, dónde se construirán las nuevas plazas ni el calendario previsto para su puesta en funcionamiento.
Qué nuevos derechos incorpora el Estatuto del Estudiantado
El proyecto reconoce el derecho a recibir una formación de calidad con independencia de que se estudie en una universidad pública o privada, de la modalidad docente o de la ubicación del centro. También refuerza el acceso a la orientación académica y socioprofesional, así como a la atención psicológica y el apoyo en materia de salud mental.
La propuesta amplía las garantías para los estudiantes con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo o dificultades de aprendizaje. En el ámbito económico, consolida el derecho subjetivo a recibir una beca o ayuda pública cuando se cumplan los requisitos establecidos, con el propósito de favorecer la igualdad de oportunidades con independencia de la renta familiar.
Otro de los objetivos es facilitar que los universitarios puedan compatibilizar su formación con una actividad laboral. El texto plantea que la organización de la docencia tenga en cuenta esta necesidad, dentro de las posibilidades organizativas de cada universidad y respetando las características académicas de las titulaciones y asignaturas.
Durante el acto celebrado en Moncloa, Sánchez también ha destacado el refuerzo de la participación y representación estudiantil, la movilidad nacional e internacional y la mejora de los sistemas de tutorías y prácticas académicas.
Los principales cambios frente al Estatuto de 2010
El nuevo texto sustituirá al Real Decreto 1791/2010, que regula actualmente los derechos y deberes del estudiantado y la organización del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado. Aunque conserva una estructura similar, incorpora nuevas garantías y desarrolla cuestiones que han adquirido relevancia en el sistema universitario durante los últimos años.
| Cambio previsto | Qué plantea el proyecto |
|---|---|
| Salud mental | Incorporar el derecho a recibir atención psicológica y apoyo en salud mental. |
| Orientación profesional | Reforzar el asesoramiento y la orientación socioprofesional vinculados a los estudios. |
| Becas y ayudas | Consolidar el derecho a recibirlas cuando se cumplan los requisitos aplicables. |
| Compatibilidad con el trabajo | Favorecer la conciliación entre la actividad académica y la laboral. |
| Inclusión educativa | Atender al alumnado con discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo y dificultades de aprendizaje. |
| Prácticas y movilidad | Reforzar las garantías de calidad de las prácticas externas y de los procesos de movilidad nacional e internacional. |
| Evaluación y docencia | Avanzar hacia una enseñanza más individualizada y una evaluación orientada al seguimiento del aprendizaje. |
| Participación estudiantil | Desarrollar la organización y el funcionamiento del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado. |
La inteligencia artificial también entra en los deberes universitarios
El Estatuto no se limita a ampliar derechos, sino que también actualiza las obligaciones de los estudiantes como integrantes de la comunidad universitaria. Entre ellas figura la prohibición de recurrir a procedimientos fraudulentos en exámenes, trabajos académicos o documentos oficiales.
En este apartado, el borrador menciona expresamente el uso inapropiado de la inteligencia artificial y de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de reforzar la integridad académica y adaptar las normas universitarias a las nuevas herramientas digitales.
La regulación también contempla la protección de los datos personales y el derecho a la desconexión digital, dos cuestiones que el presidente del Gobierno ha destacado entre las novedades del proyecto.
Además, los estudiantes deberán respetar las normas de convivencia universitaria, cuidar las instalaciones, cumplir adecuadamente sus obligaciones durante las prácticas externas y ejercer de forma responsable los cargos de representación estudiantil.
Una reforma vinculada a la Ley de Universidades de 2023
La actualización del Estatuto responde a los cambios experimentados por la universidad española desde 2010, tanto en las modalidades de enseñanza como en las necesidades sociales y económicas del estudiantado.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades abrió en abril de 2026 el proceso de consulta pública y posteriormente sometió el proyecto a audiencia e información pública entre el 27 de abril y el 18 de mayo. En su elaboración han participado interlocutores universitarios, entre ellos la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).
La reforma también permitirá adaptar el marco de derechos y obligaciones del estudiantado a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023, que introdujo cambios en la organización y el funcionamiento de las universidades.
Tras la declaración firmada este lunes en Moncloa, el siguiente paso será la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros del martes. La entrada en vigor de la nueva regulación dependerá de lo que establezca su texto definitivo y de su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.