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El traslado de menores migrantes no acompañados (menores extranjeros no acompañados, MENA) entre comunidades autónomas no es un simple “reparto administrativo”: está fuertemente condicionado por el interés superior del menor y por la distribución competencial entre Estado y autonomías. A continuación se sintetizan los requisitos legales y procedimentales esenciales.

1. Marco jurídico básico

• Protección de menores: Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, reforzada por la Ley 26/2015 y la LO 8/2021, fija los principios de protección, el interés superior del menor y la actuación de las entidades públicas de protección de menores.
• Extranjería: La Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011 (arts. 189 a 198 y 215), regulan específicamente el régimen de los menores extranjeros no acompañados, su documentación, retorno y registro.
• Protocolo Marco MENA: El Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, publicado por Resolución de 13 de octubre de 2014 (BOE 2014), coordina la actuación de Justicia, Interior, Exteriores, Inclusión y servicios de protección de menores, e impulsa el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA).
• Instrumentos específicos de reparto: en contextos de presión excepcional, el Estado ha aprobado reales decretos de subvenciones que articulan traslados solidarios, como el Real Decreto 868/2007, para menores desde Canarias, o el Real Decreto 881/2021, para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de Ceuta en otras CCAA (BOE 2021).

2. Competencias y principio rector

• Cada comunidad autónoma, en virtud de sus estatutos (art. 148.1 CE), es responsable de la protección de la infancia en su territorio. Cuando se declara el desamparo, la entidad pública autonómica asume la tutela del menor (LO 1/1996).
• El Estado mantiene la competencia exclusiva en inmigración (art. 149.1.2 CE), que se refleja en la normativa de extranjería y en los mecanismos de coordinación (Conferencia Sectorial de Inmigración, de Infancia y Adolescencia, Consejo Territorial de Servicios Sociales).
• Todas las decisiones de traslado deben respetar el interés superior del menor (Convención sobre los Derechos del Niño, LO 1/1996, LO 8/2021) y su derecho a ser oído en función de su madurez.

3. Requisitos legales para el traslado entre CCAA

a) Situación de protección y registro

• El menor debe estar previamente identificado como MENA conforme al Reglamento de Extranjería y al Protocolo Marco: localización, determinación de edad, documentación y alta en el RMENA.
• Debe existir una medida de protección formal (guarda o tutela por desamparo) acordada por la entidad pública competente de la comunidad de origen, comunicada al Ministerio Fiscal.

b) Coordinación interadministrativa

• El traslado no es discrecional: requiere acuerdo de la comunidad de origen y la de destino, normalmente en el marco de:
  • Acuerdos políticos y administrativos canalizados a través de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia y/o el Consejo Territorial de Servicios Sociales, y
  • En situaciones excepcionales, acuerdos en la Conferencia Sectorial de Inmigración.
• En programas estatales como el RD 881/2021, el Consejo de Ministros aprueba un real decreto que fija el marco del traslado solidario, la financiación y las obligaciones de cada administración.

c) Garantías específicas del procedimiento

• Participación del menor: en el RD 881/2021 se exige expresamente que la ciudad de origen (Ceuta) levante un acta de consentimiento del menor a su traslado. Aunque la LO 1/1996 permite adoptar medidas aun contra la voluntad expresada, la pauta de política pública es recabar y documentar su posición.
• Información y seguimiento: el real decreto obliga a origen y destino a remitir a la Dirección General de Derechos de la Infancia:
  • Relación nominal de menores trasladados,
  • Fecha de llegada, centro de destino, sexo y edad,
  • Altas, bajas y ausencias del dispositivo residencial.
• Obligación de retorno: las CCAA de destino deben favorecer el regreso del menor a su centro de destino si se produce fuga o abandono, reforzando la continuidad del proyecto educativo y de protección.
• Ajuste a la normativa sustantiva: todas las actuaciones de traslado, acogida e integración deben cumplir la LO 1/1996, la LO 4/2000, su Reglamento (RD 557/2011) y los convenios internacionales de protección de la infancia, algo que el propio RD 881/2021 recuerda de forma expresa.

4. Papel del Ministerio Fiscal y control judicial

• El Ministerio Fiscal debe ser informado de las decisiones de desamparo y de las medidas de protección; puede impugnarlas o promover su revisión si vulneran el interés superior del menor.
• Las medidas administrativas de protección, incluido un cambio sustancial de centro y territorio, son recurribles ante la jurisdicción civil, que puede revisar la adecuación del traslado al interés superior del menor.

En resumen, el traslado de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas solo es jurídicamente válido cuando parte de una situación de protección formal, se acuerda entre administraciones competentes dentro de marcos estatales de coordinación, respeta de forma efectiva el interés superior del menor —incluida su escucha— y se somete al control del Ministerio Fiscal y de los tribunales.