En septiembre de 1986, Felipe González estrenaba su segunda mayoría absoluta y un nuevo Gobierno. La legislatura echaba a andar, otra vez, con una bancada socialista predominante, pero desde un punto de partida muy diferente al de 1982.
España iba camino de cumplir una década en democracia y la adhesión a la Comunidad Económica Europea, unos meses antes, simbolizaba el triunfo de la Transición. Pero la entrada a la actual UE suponía mucho más que participar en las instituciones comunitarias: obligaba a adaptar progresivamente las estructuras administrativas y económicas españolas a un ordenamiento jurídico compartido.
Ese proceso estuvo plagado de pequeños hitos, entre ellos la adaptación de las reglas españolas de competencia a las del mercado común. Precisamente esta semana se cumplen 40 años de la publicación en el BOE del Real Decreto que articuló cómo se aplicarían en España las normas comunitarias en esta materia.
Solchaga a los mandos
El texto, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, al frente del cual estaba Carlos Solchaga, definía quién aplicaría en territorio nacional las reglas comunitarias de competencia y cómo colaborarían sus autoridades con la Comisión Europea.
El propio decreto explicaba su razón de ser: el Acta de Adhesión de España y Portugal obligaba a los nuevos Estados miembros a poner en vigor las medidas necesarias para cumplir el acervo comunitario. Entre ellas estaban las relacionadas con los artículos 85 y 86 del entonces Tratado CEE, dos de los pilares de la política comunitaria de competencia: el primero perseguía los acuerdos empresariales incompatibles con la competencia y el segundo, los abusos de posición dominante
Cabe precisar que el Real Decreto no creaba esas prohibiciones, sino que lo que hizo fue articular su implementación en España. En concreto, determinando qué organismos nacionales serían competentes y cómo debían relacionarse con la Comisión de las Comunidades Europeas. Hasta la fecha, el país se regía por regulaciones franquistas de mediados de los sesenta y principios de los setenta.
Salen a jugar
Una de las principales novedades fue atribuir al Tribunal de Defensa de la Competencia la condición de autoridad competente para aplicar en España los artículos 85.1 y 86 del Tratado, además de determinadas disposiciones comunitarias sobre transportes.
El segundo protagonista fue la Dirección General de Defensa de la Competencia. El decreto la designó como organismo responsable para desarrollar las funciones de colaboración entre la Administración española y la Comisión. Esa colaboración, precisaba la norma, debía realizarse coordinadamente con los departamentos sectoriales correspondientes de la Administración.
Bruselas toca a la puerta
El cambio no se limitaba a determinar quién resolvía los expedientes. El decreto estableció también cómo debían efectuarse en España las verificaciones solicitadas por la Comisión Europea.
Cuando Bruselas requiriese una actuación de este tipo, serían funcionarios o agentes de la Dirección General de Defensa de la Competencia quienes la llevarían a cabo. Las facultades que podían ejercer eran amplias, desde controlar los libros y otros documentos profesionales de las empresas hasta obtener copias o extractos, solicitar explicaciones verbales sobre el terreno y acceder a sus locales, terrenos y medios de transporte.
Llamada a las Fuerzas de Seguridad
El texto también contemplaba qué ocurría si una compañía se negaba a permitir una inspección comunitaria. En ese supuesto, la Dirección General de Defensa de la Competencia debía proporcionar la ayuda necesaria para que los agentes de la Comisión pudieran cumplir su misión. La norma llegaba a prever expresamente la posibilidad de recurrir a la asistencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La apertura al control comunitario tenía, sin embargo, límites sobre el tratamiento de la información empresarial. Los datos obtenidos únicamente podían emplearse para la finalidad para la que hubieran sido solicitados y tanto la Dirección General como sus funcionarios tenían prohibido divulgarlos. La información quedaba protegida por el secreto profesional.
En manos españolas
Este aniversario tiene además una coincidencia significativa. Cuarenta años después de que España se abriera a las reglas comunitarias de competencia, la responsable política de esa cartera en la Comisión Europea es una española, Teresa Ribera. La exvicepresidenta del Gobierno es desde diciembre de 2024 vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y tiene bajo su responsabilidad la política de Competencia.
En la actualidad, su ámbito incluye cuestiones como el control de concentraciones empresariales, las prácticas antimonopolio y los cárteles, en un momento en el que Bruselas busca además adaptar la política de competencia a objetivos como la competitividad, la inversión, la descarbonización y la capacidad de las compañías europeas para crecer en los mercados globales. Cuestiones que en 1986 parecían muy lejanas, pero que ahora marcan el rumbo de Bruselas y lo hacen con acento español.
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