El poder digital por La Moncloa: Sánchez domina en redes mientras Abascal supera a Feijóo

A 9 de octubre de 2026, los “nuevos decretos de vivienda” a los que se refiere Pedro Sánchez son dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros el 6 de octubre y publicados en el BOE el 7 de octubre. Ambos están en vigor desde su publicación, pero su recorrido parlamentario está solo en la fase inicial: todavía no han sido sometidos a votación de convalidación y deberán debatirse en la Diputación Permanente del Congreso, dado que las Cortes están disueltas por la convocatoria de elecciones del 29 de noviembre.

Las normas son:

• Real Decreto‑ley 28/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual (BOE‑A‑2026‑20822).
• Real Decreto‑ley 29/2026, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (BOE‑A‑2026‑20823).

1. Órgano competente y plazos

Según la Constitución (art. 86.2), todo real decreto‑ley debe ser convalidado o derogado por el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. En este caso:

• Ambos decretos‑ley han sido aprobados por el Consejo de Ministros y publicados en el BOE, por lo que están vigentes provisionalmente.
• La disolución de las Cortes implica que el debate y la votación no se harán en un Pleno ordinario, sino en la Diputación Permanente del Congreso, que asume esa competencia en periodo electoral. Así lo señalan tanto Moncloa como las crónicas parlamentarias recogidas por Demócrata.
• El plazo de 30 días se computa desde su promulgación; a 9 de octubre no consta todavía una fecha fijada de sesión de la Diputación Permanente para su convalidación, pero tendrá que celebrarse antes de que venza ese plazo.

2. Estado actual de cada decreto‑ley

a) Real Decreto‑ley 28/2026 (estabilidad de los alquileres)

• Situación: aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de octubre y publicado en el BOE el 7 de octubre. Entra en vigor con esa publicación.
• Tramitación parlamentaria:
  • Figura en la base de datos institucional solo con las fases de Acuerdo del Consejo de Ministros y publicación en el BOE.
  • No consta aún debate de convalidación ni en Pleno ni en Diputación Permanente, ni tampoco acuerdo para tramitarlo como proyecto de ley.
• Ámbito material: modifica en profundidad la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar mayor estabilidad a los contratos de vivienda habitual (renovaciones sucesivas, preavisos más largos, régimen de indemnización al inquilino, etc.), recuperando y ajustando medidas del derogado Real Decreto‑ley 27/2026.

b) Real Decreto‑ley 29/2026 (función social y oferta asequible)

• Situación: igualmente aprobado el 6 de octubre y publicado el 7 de octubre; está en vigor desde esa fecha.
• Tramitación parlamentaria:
  • También aparece solo con las fases de Acuerdo del Consejo de Ministros y publicación en el BOE.
  • Del mismo modo, no aparece todavía ningún acuerdo del Congreso sobre su convalidación o derogación, ni decisión de tramitarlo ulteriormente como proyecto de ley.
• Ámbito material: concentra el grueso de las medidas económicas y fiscales de vivienda: financiación “Tu Casa” de hasta 50.000 € sin intereses para primera vivienda, avales para construcción industrializada, apoyo a proveedores de vivienda social, límites a compras especulativas de fondos, regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, medidas sobre pisos turísticos, etc.

3. Relación con los decretos anteriores 26/2026 y 27/2026

Los nuevos textos sustituyen a dos decretos‑ley previos de vivienda que sí llegaron al Pleno del Congreso y fueron rechazados:

• Real Decreto‑ley 26/2026, de 29 de septiembre, sobre protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible:
  • Publicación en BOE: 30 de septiembre (BOE‑A‑2026‑20266).
  • El Congreso, en su sesión de 2 de octubre, acordó su derogación; el Boletín de las Cortes publica expresamente que la Cámara decidió derogarlo.
• Real Decreto‑ley 27/2026, de 29 de septiembre, sobre estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual:
  • Publicación en BOE: 1 de octubre (BOE‑A‑2026‑20385).
  • Ese mismo 2 de octubre, el Pleno del Congreso también acordó su derogación, hecho igualmente publicado en el Boletín del Congreso.

Los nuevos RDL 28/2026 y 29/2026 “mantienen la esencia” de esos textos derogados, con algunas modificaciones relevantes (dotación presupuestaria cerrada para la línea de préstamos, ajustes en la definición de fondos y en las garantías antidesahucios, entre otros), pero su tramitación parlamentaria todavía no ha comenzado formalmente: están pendientes de debate y votación de convalidación en la Diputación Permanente y, por tanto, sin decisión sobre una eventual conversión en proyectos de ley.

El presidente del Gobierno de España es la máxima autoridad del poder ejecutivo y una figura clave en el sistema parlamentario diseñado por la Constitución de 1978. Sus competencias y funciones derivan principalmente de los artículos 97, 98, 99, 100 y 108 a 116 de la Constitución, y se completan con otras normas (por ejemplo, la Ley del Gobierno). A continuación se resumen las más relevantes, centradas en el plano estrictamente constitucional.

1. Dirección de la acción del Gobierno (art. 97 CE)

La función nuclear del presidente es dirigir la acción del Gobierno y coordinar la labor del resto de los ministros. Esto implica:

• Definir las líneas generales de la política del Gobierno (interior, exterior, económica, social, de defensa, etc.).
• Establecer las prioridades de la agenda gubernamental y asegurarse de que todos los ministerios actúan de forma coherente con ellas.
• Arbitrar y resolver conflictos entre ministerios cuando sus competencias se solapan o chocan.
• Impulsar la elaboración de proyectos de ley, reales decretos-ley y reales decretos legislativos que el Gobierno presenta o aprueba.

2. Dirección de la política interior y exterior, mando de la Administración civil y militar (art. 97 CE)

La Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Como cabeza del Gobierno, el presidente:

• Fija las grandes orientaciones de la política interior (orden público, política económica, servicios públicos, relaciones con las comunidades autónomas, etc.).
• Marca la estrategia de política exterior y lidera la posición de España en la Unión Europea y en las organizaciones internacionales, aunque formalmente la jefatura del Estado corresponde al Rey.
• Ejercer, a través del Gobierno en su conjunto, la dirección de la Administración (ministerios, organismos públicos) y la coordinación con las administraciones territoriales.
• Asume un papel central en la dirección de la política de defensa, en el marco de lo dispuesto también en otras normas y siempre bajo el control de las Cortes Generales.

3. Relación con las Cortes Generales: confianza, responsabilidad y disolución (arts. 99, 108, 112–115 CE)

El presidente del Gobierno es, por diseño, una autoridad parlamentariamente responsable. Sus principales funciones en esta esfera son:

• Obtención de la confianza del Congreso: es investido tras el procedimiento del artículo 99 CE, en el que el Rey propone un candidato y el Congreso otorga o niega la confianza por votación.
• Responsabilidad política: el Gobierno en su conjunto responde solidariamente ante el Congreso (art. 108 CE). El presidente encarna esa responsabilidad y responde a las interpelaciones, preguntas, debates de política general, etc.
• Cuestión de confianza (art. 112 CE): puede plantearla ante el Congreso para refrendar su programa o una declaración de política general. Si la pierde, debe dimitir todo el Gobierno.
• Participación en la moción de censura (art. 113 CE): aunque la iniciativa es parlamentaria, la moción siempre propone un candidato alternativo a presidente; si prospera, el presidente cesa.
• Facultad de proponer la disolución de las Cámaras (art. 115 CE): puede proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras, lo que conlleva la convocatoria de elecciones generales, con las limitaciones temporales previstas en la Constitución.

4. Nombramiento, cese y organización del Gobierno (art. 98 CE)

El presidente tiene una amplia capacidad de configuración del Ejecutivo:

• Propone al Rey el nombramiento y cese de los ministros, que formalmente nombra y separa el monarca.
• Puede reorganizar la estructura del Gobierno, creando, suprimiendo o modificando ministerios y distribuyendo competencias entre ellos (en la práctica, mediante normas del Gobierno).
• Decide la permanencia o remodelación de su equipo ministerial, lo que le da un fuerte control político interno.

5. Funciones normativas y de impulso legislativo

Aunque la Constitución atribuye las competencias normativas al Gobierno como órgano colegiado, el presidente, como su máximo responsable, ejerce un liderazgo efectivo sobre:

• La iniciativa para que el Gobierno presente proyectos de ley ante las Cortes Generales.
• La decisión política de recurrir a reales decretos-ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad, cuya aprobación corresponde al Consejo de Ministros pero está impulsada y defendida por el presidente.
• La aprobación de reglamentos (reales decretos del Gobierno) que desarrollan las leyes, marcando su orientación y alcance.

6. Representación y refrendo

El presidente del Gobierno:

• Es la máxima representación del poder ejecutivo y, políticamente, la figura central de la vida institucional.
• Participa en el refrendo de determinados actos del Rey (por ejemplo, la propuesta y nombramiento de ministros, la disolución de las Cortes o la convocatoria de elecciones), en la medida en que estos actos son responsabilidad política del Gobierno.

7. Cese del presidente

Constitucionalmente, el presidente cesa por:

• Celebración de elecciones generales y constitución de nuevo Congreso (el Gobierno queda en funciones).
• Pérdida de una cuestión de confianza.
• Aprobación de una moción de censura que inviste a otro candidato.
• Dimisión o fallecimiento.

En todos estos casos, la Constitución prevé el paso a una situación de Gobierno en funciones, con competencias limitadas, hasta la toma de posesión del nuevo presidente.

En las últimas elecciones generales celebradas en España, el 23 de julio de 2023 (23‑J), el Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada a nivel estatal. Según los datos recopilados en las fuentes consultadas, el PP obtuvo aproximadamente un 33,1 % de los votos y 137 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados, situándose como primer partido en votos y en escaños, aunque lejos de la mayoría absoluta (176 escaños).

Datos básicos del resultado del PP el 23‑J de 2023

A partir de la información de análisis electorales y agregadores de encuestas que reconstruyen el resultado oficial de 2023, se puede sintetizar así el desempeño del Partido Popular:

• Porcentaje de voto estatal: en torno al 33,1 % de los sufragios emitidos al Congreso.
• Escaños en el Congreso: 137 diputados de un total de 350.
• Posición relativa: primer partido en el Congreso por delante del PSOE y del resto de fuerzas.
• Distancia hasta la mayoría absoluta: se quedó a 39 escaños de los 176 necesarios para controlar en solitario la Cámara Baja.

Estos números son los que se utilizan sistemáticamente como referencia en los análisis posteriores publicados por medios como el periódico Demócrata o los resúmenes comparativos de encuestas estatales. Por ejemplo, varios estudios demoscópicos posteriores recuerdan que el PP “logró el 33,1 % y 137 escaños en las elecciones generales de 2023” y comparan con sus estimaciones actuales.

Comparación con el resto de partidos en esas elecciones

Para entender mejor el alcance del resultado del PP, conviene situarlo respecto a los otros partidos de ámbito estatal y a las principales fuerzas territoriales. De acuerdo con los mismos resúmenes de resultados:

• El PSOE quedó en segunda posición, con alrededor de un 31,7 % de los votos y 121 escaños. Es decir, el PP aventajó a los socialistas en algo más de un punto y en 16 diputados.
• Vox obtuvo aproximadamente un 12,4 % y 33 escaños, muy por debajo del PP tanto en voto como en representación.
• La candidatura de Sumar consiguió alrededor del 12,3 % y 31 escaños, situándose como cuarta fuerza en la Cámara.
• Entre los partidos nacionalistas y regionalistas destacaron:
  • ERC y Junts, con 7 escaños cada uno.
  • EH Bildu, con 6 diputados.
  • PNV, con 5 representantes.
  • BNG, Coalición Canaria y UPN, con 1 escaño cada uno.

En ese mapa, el PP encabezó con claridad el bloque de la derecha y fue la primera fuerza parlamentaria, pero no alcanzó una mayoría suficiente como para gobernar en solitario. La suma PP–Vox llegó a 170 escaños (137 + 33), también por debajo de los 176 requeridos para la mayoría absoluta, algo que los análisis posteriores destacan de forma recurrente.

Significado político del resultado para el PP

Los datos disponibles permiten extraer varias conclusiones políticas sobre el resultado del PP en esas últimas generales:

• Victoria en votos y escaños, pero sin capacidad automática de gobierno. El PP ganó las elecciones generales de 2023 en términos numéricos, pero el reparto del resto de escaños hizo muy difícil articular una mayoría de investidura alternativa al bloque que acabó reeditando la presidencia de Pedro Sánchez.
• Referencia para el ciclo posterior. Buena parte de las encuestas de 2024, 2025 y 2026 utilizan como punto de comparación esa marca de 33,1 % y 137 escaños, indicando si el PP estaría por encima o por debajo de su propio resultado del 23‑J.
• Reconfiguración del sistema de partidos. La combinación de un PP claramente primero, un PSOE relativamente cerca y unas terceras y cuartas fuerzas (Vox y Sumar) más débiles que en etapas anteriores marcó el arranque de la XV Legislatura, con un Congreso muy fragmentado pero polarizado en torno a los dos grandes partidos.

En resumen, en las últimas elecciones generales celebradas en España (23 de julio de 2023) el Partido Popular obtuvo aproximadamente un tercio de los votos (33,1 %) y 137 escaños, lo que le convirtió en primera fuerza del Congreso, aunque obligado a buscar alianzas para transformar ese resultado en una mayoría de gobierno.