Sumar ha incrementado este sábado su pulso con el PSOE y advierte de que el martes se plantará si el Ministerio de Vivienda acude al Consejo de Ministros con un decreto ley que sea un simple "parche", con "medidas parciales y descafeinadas" que no den respuesta a la exigencia social de soluciones reales para frenar desahucios como el de la anciana madrileña Maricarmen Abascal.
"El PSOE no se puede poner más de perfil", alertan los Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar en un comunicado conjunto recogido por Europa Press, donde recalcan que el martes el Gobierno de coalición tiene la "responsabilidad" de sacar adelante un "paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda".
En esa misma línea, subrayan que "no valen parches", especialmente cuando, a su entender, "las soluciones llevan meses sobre la mesa". En el texto se recuerdan las propuestas defendidas por Sumar y se menciona que en los últimos días se ha añadido la "recuperación de la vivienda de Maricarmen".
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya rechazó este lunes la "expropiación" del piso del que esta mujer con discapacidad fue desahuciada el miércoles, alegando que este tipo de actuaciones "no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución".
Exigencias de Sumar para el nuevo decreto
Según Sumar, el decreto ley que el Ejecutivo negocia con sus socios parlamentarios habituales y también con Junts debe contemplar la prórroga reforzada de los alquileres, blindar a las familias frente a los desahucios y frente a los fondos buitre, limitar los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y atajar el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, además de garantizar "la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él".
En este marco, las fuerzas integradas en Sumar afirman que harán "todo lo que sea necesario tanto a nivel político como institucional" para que el decreto se apruebe "ya, sí o sí".
"Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta", advierten, recordando que hace seis meses sus ministros ya se negaron a entrar en el Consejo de Ministros para forzar al socio mayoritario a sacar adelante el decreto de prórroga de alquileres, que posteriormente fue tumbado en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.
Sumar remarca que, tras la indignación generada por el desahucio de Maricarmen, "la sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas frente al drama de los desahucios y ante un problema tan profundo y urgente como la crisis de vivienda". "Basta escuchar a la calle. Hacen falta reformas efectivas e integrales que son ya medidas de consenso social. Sin excusas ni rebajas", enfatizan.
Una “responsabilidad” del Gobierno de coalición
"Este acuerdo es responsabilidad del gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato", subrayan, pocos días después de que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, instara a Sumar a abandonar el Ejecutivo si no se aprueban medidas contundentes para frenar los desahucios.
"Este país necesita un gran acuerdo en materia de vivienda que impida que ninguna Maricarmen más expulsada de su casa y que proteja a los cientos de miles de personas que no llegan a final de mes por culpa de la vivienda", proclama Sumar, tras recordar que la semana pasada el PSOE se abstuvo en el Congreso en la toma en consideración de una ley que buscaba prohibir la compra de vivienda por fondos buitre.
En su comunicado, estas formaciones cargan también contra el PP y Vox por haber "tumbado en reiteradas ocasiones el escudo anti desahucios" y por haber "votado contra cualquier medida que prohiba a unos pocos forrarse a costa de las casas de todos", aunque no hacen referencia a Junts.
Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha mostrado dispuesto a negociar algunas de las condiciones de Junts, como posibles medidas fiscales a favor de los arrendadores afectados por la prórroga de los alquileres, con el objetivo de atraer al acuerdo a la formación de Carles Puigdemont.