El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha exigido al Ministerio de Asuntos Exteriores que haga público el número de personas que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que incluye la conocida como “ley de nietos”.
El organismo responsable de supervisar la aplicación de la normativa de transparencia ha dado la razón a la reclamación de un ciudadano que pidió al departamento dirigido por José Manuel Albares datos estadísticos detallados sobre cada uno de estos procedimientos de nacionalización para descendientes de exiliados.
La ley aprobada en 2007 abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad a quienes tuviesen padre o madre originariamente españoles, así como a los nietos de quienes perdieron o se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad española a causa del exilio.
La norma en vigor desde 2022 amplía este derecho a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles que perdieran la nacionalidad por haber sufrido exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencias o por su orientación e identidad sexual.
Además, la ley actual también permitió solicitar la nacionalidad a los hijos e hijas nacidos en el extranjero de españolas que perdieron su condición de españolas por contraer matrimonio con extranjeros antes de la Constitución, así como a los hijos e hijas mayores de edad de quienes se nacionalizaron en virtud de la ley de 2007.
Datos por países y falta de respuesta del ministerio
El solicitante pidió en concreto información desglosada por países sobre el total de solicitudes presentadas, las resueltas favorablemente, las denegadas y las que siguen pendientes. Registró su petición en octubre de 2025, pero Exteriores no emitió contestación alguna, lo que le llevó a acudir al Consejo de Transparencia el pasado mes de mayo. Este órgano requirió al ministerio que presentara alegaciones, sin obtener tampoco respuesta.
En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo que preside Concepción Campos Acuña reprocha al ministerio que no atendiera la petición del ciudadano “sin que conste causa o razón que lo justifique” y que, además, guardara silencio ante el propio Consejo.
El organismo afea esta actitud al remarcar que “dificulta considerablemente el cumplimiento” de su labor, ya que impide al Consejo “disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada”.
El derecho de acceso prevalece sobre el silencio
“Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública”, subraya el órgano garante.
Tras constatar “el carácter de información pública de lo solicitado” y que Exteriores “no ha dado respuesta a la solicitud de acceso” ni ha acreditado ninguna de las causas de inadmisión previstas en la ley, el Consejo estima la reclamación del ciudadano y ordena al ministerio que le facilite los datos requeridos.